Ayotzinapa. La verdad y la herida
El expediente de los sucesos de Iguala en que fueron desaparecidos 43 estudiantes de Ayotzinapa tiene más de 400 tomos de investigación.
Es imposible pensar que no hay en ellos al menos una parte sustantiva de lo que sucedió efectivamente aquella noche, y de sus autores: cómplices y homicidas.
Creo que ni el gobierno ni la sociedad pueden renunciar a lo que sabemos ya de aquella noche en Iguala. El gobierno puede y debe continuar la investigación, pero no puede ni debe hacer como que no existe, como que todo lo incluido en ella está sujeto a sospecha o a ilegalidad y debe, por tanto, partirse de cero.
Creo que hay que partir de donde se quedó la investigación. Desde el principio hubo en ella dos actores claves no investigados exhaustivamente: el Ejército y la normal de Ayotzinapa.
Difícil creer que el Ejército no supiera mucho más de lo que declaró sobre lo sucedido aquella noche en un territorio donde ocupaba lugares estratégicos. El Ejército no fue puesto seriamente a declarar.
Lo mismo puede decirse de la normal misma. Difícil pensar que autoridades y alumnos de la normal no supieran lo que sucedió desde adentro de la escuela con el llamado y la organización de viaje de los estudiantes aquella noche a Iguala.
Sabemos ahora que hay información crucial en manos de la DEA y que esa información tampoco está en el expediente.
De modo que hay mucho que añadir a la investigación propiamente dicha en busca de la verdad.
El gobierno da la impresión de estar más interesado en dar una respuesta política y moral al agravio, que una verdadera salida judicial.
El agravio de Ayotzinapa lleva camino de convertirse en una nueva herida incurable en la conciencia nacional, refractaria lo mismo a la razón que a la ley, y a la verdad.
Creo que no hay que alimentar la herida con nuevas capas de sospechas, ni con una nueva oleada de fabricación de culpables, sino con un nuevo intento genuino de establecer la verdad.
Insisto: hay 400 tomos de investigación y en ellos está al menos parte de lo que verdaderamente sucedió.
El gobierno parece buscar una respuesta política y no judicial