Urge revisión al plan de seguridad nacional
Cierto es que resultado del error no quedaba otra que declinar en el objetivo y ceder ante los criminales; es imperdonable la incompetencia y la ausencia de inteligencia; con la derrota, los delincuentes en Sinaloa y en otras partes se ven reafirmados en
Seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador no alcanza a advertir la gravedad de los hechos de Culiacán. Su querencia por ver y escuchar solo lo que le acomode, además del temor de sus colaboradores para decirle la verdad, le impiden entenderse con la realidad. La derrota no es a su gobierno, es al país porque muestra la impotencia de las autoridades para hacer valer la ley.
Las autoridades se contradicen. Por la noche se dijo que el enfrentamiento y la ubicación de Ovidio Guzmán habían sido casuales, un texto que el secretario Alfonso Durazo habló acompañado del gabinete de Seguridad. Por la mañana, el presidente López Obrador habla de un operativo del Ejército para cumplir con una orden de aprehensión, como efectivamente sucedió. El secretario mintió y es una falta grave que además implica a quienes con su presencia avalaron su dicho. No mentir ha dicho el Presidente, o ¿acaso para él y los suyos no vale?
¿Dónde se origina la iniciativa para aprehender a Ovidio Guzmán? Es del gobierno de Estados Unidos, el Presidente precisó. ¿Participó la DEA como ha ocurrido en otros operativos de otros gobiernos? Que se diga la verdad y más que eso, que se explique cómo fue posible que no se hubiera previsto una respuesta criminal de tal magnitud. Cierto es que resultado del error no quedaba otra que declinar en el objetivo y ceder ante los criminales. Precisamente por tal consideración es imperdonable la incompetencia de las autoridades y la ausencia de inteligencia.
Con la derrota, los criminales en Sinaloa y en otras partes se ven reafirmados en su conducta delictiva. Se puede someter a las fuerzas del orden porque no hay en el Presidente de la República capacidad ni determinación para hacer valer la ley. En Culiacán ya se sabe quién manda y el Presidente no puede invocar un principio humanitario para liberar a un criminal, sin entender las consecuencias y la secuela de una derrota de tal magnitud.
El Presidente está obligado con el país para revisar seriamente la manera como se están conduciendo los temas de seguridad nacional. No puede trivializar como es su costumbre o trasladar al pasado la razón de lo que acontece. El precedente que dejan los eventos de Culiacán minan la moral de las fuerzas del orden y abre una herida en las fuerzas armadas que no debe soslayarse. También la población se advierte abandonada y a merced de los grupos criminales.
La batalla por la seguridad es de todos. Nadie debe darse por complacido por la derrota del jueves. El Presidente debe entender que tiene el apoyo de todos, incluso de sus conservadores, para hacer frente a los enemigos de México y a quienes han comprometido desde hace décadas la tranquilidad de los mexicanos. En bien de todos es necesario revalorar en el interior del gobierno la manera como se está actuando frente a la inseguridad y la violencia. Persistir por la ruta de la complacencia abre la puerta grande al crimen y aumenta considerablemente los costos futuros para recomponer las cosas.
Se ha cometido un grave error al actuar con extremos de impericia que expusieron a la población y que llevaron a la humillación, una vez más, a las fuerzas armadas. Es preciso reconocerlo y aprender de la experiencia. No se trata de regocijarse ante el fracaso, sino de unir voluntades para que las autoridades cumplan con su responsabilidad primaria de hacer valer la ley. Por el bien de México el Presidente debe hacer un alto en el camino, prestar oído a quienes en su equipo entienden de esto y están decididos a acompañarle para lograr el mejor de los resultados. Sobreponerse a la adversidad y, ahora sí, erigir un auténtico punto de inflexión, para actuar con responsabilidad ante el mayor reto que encaran los mexicanos y sus familias: la seguridad.
La derrota no es del gobierno de AMLO, es del país porque muestra la impotencia de las autoridades para hacer valer la ley