Incertidumbre y dificultades económicas
Partamos de hechos: la inseguridad ha generado un problema que está contribuyendo seriamente a la incertidumbre económica y las autoridades no han hecho su parte para que el tema tenga un curso positivo capaz de propiciar confianza y certeza de derechos
Las noticias sobre el crecimiento económico no son buenas, sin embargo, distan de ser catastróficas. La falta de crecimiento debe preocupar a todos, y al gobierno, además, lo debe movilizar para que en el espacio que le corresponde se avoque a reducir la incertidumbre. El hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga el equilibrio financiero y el diálogo con los sectores productivos son pasos en el sentido correcto, pero la situación en la que nos encontramos como país obliga a hacer mucho más si el objetivo es el desarrollo del país.
Al sector empresarial también le corresponde hacer su parte, sobre todo ofrecer mayor claridad sobre sus posturas respecto de las decisiones del gobierno y no rehuir, sino promover intensamente el debate, herramienta ineludible para que el país en su conjunto se involucre en los temas fundamentales de la economía y se logre una mejor comprensión del momento de retos y oportunidades que vivimos en estos tiempos.
Partamos de hechos: la inseguridad ha generado un problema que está contribuyendo seriamente a la incertidumbre económica y las autoridades no han hecho su parte para que el tema tenga un curso positivo capaz de propiciar confianza y certeza de derechos. El tema es el estado de derecho y la capacidad de las autoridades para hacer valer la ley. Los hechos de Culiacán inevitablemente llevan a una cobertura mediática demandante de explicación al margen de la politización de los eventos. No son los adversarios del gobierno, sino el conjunto del país el que espera información objetiva, precisa y oportuna.
Es conveniente que las autoridades mantengan temple y sensibilidad frente a las expresiones públicas respecto a lo acontecido en Culiacán. La confrontación con los medios no ayuda porque la preocupación pública gira en torno a la determinación de los criminales para imponerse sobre las autoridades del orden.
Fustigar a los medios por la cobertura de los temas públicos no contribuye. Las fuerzas armadas han realizado un trabajo ejemplar por los resultados y el espíritu de compromiso con el país y lealtad con el Presidente de la República. La lucha contra el crimen es de todos y ciertamente, en la tarea de abatir la impunidad el Ejecutivo federal contará con el respaldo de todas las instancias de autoridad, poderes públicos y órdenes de gobierno, así como de los mexicanos. El problema no es la prensa y tampoco el pasado. La cuestión es muy concreta: ¿cómo contener a los criminales?
La estrategia que remite a las causas y referirlas reiteradamente a las condiciones sociales elude la urgencia de respuestas inmediatas. Cierto es que la desigualdad, la crisis de valores y el deterioro de instituciones que contribuyen a la cohesión social, explican de cierto modo las conductas antisociales. Sin embargo, la vía de la atención del problema desde la gradualidad de sus orígenes es de largo plazo, y sus resultados son inciertos en la medida en que el gobierno solo es un factor del proceso de construcción y destrucción del llamado tejido social. Lo que sí pueden hacer las autoridades es generar un consenso en torno a una estrategia de corto plazo referida a hacer valer la ley y contener a los criminales. La Guardia Nacional se encamina en tal propósito, pero también debe fortalecerse a las policías estatales y municipales.
El tema de justicia es fundamental. Así es porque en la medida en que el criminal no enfrente las consecuencias de su actividad delictiva, se generan los incentivos para continuar con esta conducta, además de que, entre los jóvenes, el crimen se vuelve aspiracional por todo lo que representa. Las acciones compensatorias de corte económico no pueden contrarrestar la fascinación de muchos jóvenes por el espejismo criminal; la respuesta debe ser doble: por una parte, las consecuencias judiciales y, por la otra, significar en términos positivos lo que representa vivir dentro de la ley. En cuestión de beneficios materiales, no hay comparación entre lo que ofrece el mundo de la delincuencia respecto a los beneficios de la política social en curso.
En un país con retos tan graves, nunca es bueno que el gobierno considere que quienes le critican por la política económica, social o de seguridad, anhelan su fracaso. Desde luego, como en toda democracia, hay adversarios que piensan en beneficiarse de los errores o insuficiencias del gobierno, sin embargo, remitir toda crítica al juego de la conspiración es un error.
Al gobierno le toca actuar en todos los frentes, en el económico, en el social y en el legal, en términos de pluralidad e inclusión. La unidad nacional es un valor fundamental y el presidente López Obrador tiene credibilidad en amplios sectores de la población. Su popularidad es un gran activo, debiera servir para unir a los mexicanos, no para dividirlos. Lo que le urge al país es crear un sentido de propósito común en torno a los objetivos históricos de México: la justicia, las libertades, la inclusión y el desarrollo.
Si el crimen no tiene castigo, se generan incentivos y una conducta aspiracional