Dan seis meses más al Senado para legislar sobre mariguana
La Corte notifica a Mónica Fernández, presidenta de esa cámara, sobre la prórroga; la discusión puede prolongarse hasta 2020 tras las presiones de empresas, laboratorios y farmacéuticas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación envió un oficio al Senado en el que autoriza que el debate sobre la legalización de la mariguana se prolongue como máximo hasta abril de 2020.
“Se otorga una prórroga del plazo respectivo, que vence el último día del periodo ordinario de sesiones, que transcurrirá del 1 de febrero al 30 de abril de 2020, con el objetivo de que, al concluir dicho plazo, el Congreso de la Unión haya aprobado la legislación correspondiente”, se lee en el oficio firmado por Rafael Coello, secretario general de Acuerdos de la Corte.
El pasado 30 de octubre el Senado anunció que se congelaba el debate sobre la mariguana por presiones de empresas, laboratorios y farmacéuticas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una prórroga de seis meses al Senado para que pueda agotar el procedimiento legislativo correspondiente a la regulación integral de la mariguana.
A través de un oficio, al cual MILENIO tuvo acceso, los ministros difieren el plazo, “el cual vence el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que transcurrirá del 1 de febrero al 30 de abril de 2020, con el objeto de que, al concluir dicho plazo, hayan aprobado la legislación correspondiente”.
El documento firmado por Rafael Coello, secretario general de Acuerdos de la SCJN, pide notificar tanto al Senado como a la Cámara de Diputados de dicha prórroga.
Hace unos días la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta solicitó a la Corte la prórroga. La SCJN emitió una declaratoria de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud, que definió como violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
La Corte sentó una jurisprudencia y declaró inconstitucionales los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 último párrafo y 248 de la Ley General de Salud por considerarlos violatorios del derecho a libre desarrollo de la personalidad; entre los que se prohíbe la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo.
Por este motivo mandató al Congreso de la Unión modificar o derogar dichas disposiciones, estableciendo un plazo que comprende del 20 de febrero al 31 de octubre de 2019.
Por tanto, la Comisión de Justicia del Senado, como coordinadora de los trabajos que permitan generar una regulación integral del cannabis, pidió a la presidencia solicitar dicha prórroga al plazo constitucional, a efecto de agotar el procedimiento legislativo.
Senadores consultados por MILENIO admitieron que aún no existe consenso para sacar adelante la ley e incluso el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que en este tema hay muchos intereses. “Es impresionante la cantidad de cabilderos que están por aquí”, dijo.
Sin precisar, comentó que existen muchas presiones “legítimas” de quienes quieren hacer “negocios legítimos”.
El predictamen
De acuerdo con el predictamen, el gobierno prevé impulsar la producción de mariguana con recursos de la banca privada y de desarrollo para llevar la paz a aquellas zonas azotadas por el narcotráfico.
Se darán asesoría, facilidades y los acompañamientos necesarios a los campesinos, indígenas e integrantes de comunidades, así como a micro y pequeños agricultores, que tendrán prioridad en el otorgamiento de concesiones.
El Senado circuló el predictamen de Ley para la Regulación del Cannabis y se prevé que su discusión inicie el próximo martes en las Comisiones Unidas de Salud y Justicia, aunque puede aprobarse antes de que concluya el mes.
Según el documento, se prevé
impulsar apoyos y créditos para la producción en México, al establecer que dichos grupos “tendrán la preferencia sobre otros menos o nada vulnerables en el otorgamiento de licencias y autorizaciones, bastando que acrediten su calidad o carácter y se encuentren legalmenteconstituidosconformea la legislación que los rija”.
Destaca que el Instituto Mexicano del Cannabis tendrá dentro de sus atribuciones implementar medidas afirmativas en el otorgamiento de licencias, a fin de procurar la incorporación al mercado lícito de las personas y comunidades que se hayan visto afectadas desproporcionadamente por la prohibición.
El predictamen precisa que como medida de justicia social que busca resarcir los daños generados por la prohibición, durante un periodo no menor a cinco años posteriores a la entrada en vigor del decreto, al menos 20 por ciento de las licencias de cultivo deberán otorgarse preferentemente a campesinos o ejidos en los municipios en los que durante el periodo en el que estuvo prohibido el cannabis, los gobiernos federales, estatales y municipales hayan realizado tareas de erradicación de plantíos de éste.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recabará la información y propondrá a la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano del Cannabis la lista de municipios, alcaldías y comunidades referidas.