Opositores al aborto amenazan a congresistas de Hidalgo
La discusión de la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en el estado hasta las 12 semanas de gestación, desató actos de intimidación contra legisladores y defensoras locales por parte de grupos conservadores
Luego de que el Congreso de Oaxaca aprobara la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, Hidalgo inició su discusión en el mismo sentido, para modificar el Código Penal y permitir el procedimiento en el mismo tiempo.
Tras esta intención, grupos conservadores opositores a la iniciativa se han organizado para asistir a las sesiones en el Congreso, donde sin reparo han amenazado igual a legisladoras y legisladores a favor de la iniciativa, como a las organizaciones que impulsan el tema y lo apoyan desde el Legislativo local.
Así, las primeras agresiones se dieron el 22 de octubre al concluir la sesión de trabajo de las comisiones conjuntas de Legislación y Puntos Constitucionales, donde integrantes de estos grupos acorralaron a quienes se encontraban en el recinto cuando intentaban salir del Congreso, por lo que ambas comisiones determinaron restringir el acceso al salón donde se realiza el debate para evitar más intimidaciones.
“Se restringió el acceso para evitar una posible agresión de Marea Azul o Celeste contra otras defensoras de derechos humanos, quienes siempre se han manifestado pacíficamente mediante el diálogo y la cooperación”, señaló el Congreso estatal en un comunicado, donde también se indicó que por este hecho se tomó la decisión de transmitir las sesiones por internet y televisión local, con el fin de transparentar el proceso del debate.
Al respecto, integrantes del colectivo Marea Verde Hidalgo, que se han manifestado a favor de la iniciativa, precisaron que el hecho de prolongar tanto tiempo la resolución de la misma, ha generado un ambiente hostil entre los grupos a favor y en contra, por lo que sesionar a puerta cerrada no es la solución ya que la violencia continúa, sobre todo en redes sociales, contra el grupo de legisladores que respaldan la propuesta, mismos que ya innes terpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado.
Incluso, los grupos provida ya amenazaron que de no acceder a sus demandas para que se termine con la discusión de esta iniciativa y que no se apruebe, cerrarán las carreteras. También exigieron juicio político contra quienes impulsaron la iniciativa. Con todo ello, la discusión se aplazó para el próximo 5 de noviembre.
La reforma presentada desde el pasado 9 de julio en el Congreso de Hidalgo, busca, además de permitir la ILE hasta la semana 12 de gestación, que las legislaciones estatales se armonicen con la Ley General de Víctimas y la
Norma Oficial Mexicana 046 para que las afectadas por violación sexual, tengan acceso a este derecho sin interponer una denuncia ante las autoridades.
También plantea regulaciones a la objeción de conciencia por parte del personal de salud para asegurar el acceso al aborto, junto con modificacioa la Ley de Salud de Hidalgo para que los servicios públicos brinden el servicio y el acceso a planificación familiar y anticonceptivos a las mujeres que lo soliciten, tal como ocurre en Ciudad de México, donde se despenalizó en 2007.
En tanto, organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) se han pronunciado a favor de la iniciativa al señalar que negarles el acceso a ejercer este derecho representa intervenir en su esfera personal y jurídica.
“Es importante que las hidalguenses encuentren este derecho, más allá de las ideas religiosas, de formas de pensar y de grupos. No es que no estemos a favor de la vida, porque sí lo estamos, pero también estamos a favor de este ejercicio de libertad de las mujeres”, dijo Alejandro Habib Nicolás, titular de la CDHEH, en entrevista con esta agencia.
En la actualidad, en el estado de Hidalgo se permite el aborto por cinco causales: violación; imprudencial o culposo; por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto; grave daño a la salud de las mujeres; o por inseminación artificial no consentida.
Sin embargo, a las mujeres que interrumpan su embarazo de forma voluntaria, se les castiga con penas de uno a tres años de prisión y la condena es igual para quien haga abortar con o sin su consentimiento.
Ante este panorama, las hidalguenses viajan a Ciudad de México para interrumpir legalmente su embarazo. Datos de la Secretaría de Salud de CdMx muestran que de 2007 al 25 de junio de este año, mil 161 mujeres de esta entidad han accedido a este derecho en la capital del país.
Desde 2007 hasta el 25 de junio pasado, mil 161 hidalguenses han accedido a ese derecho en la capital del país