Zaldívar: acoso, nepotismo y corrupción, los blancos
Entre las propuestas está la creación de contralorías que no solo den seguimiento a la evolución patrimonial de los funcionarios, sino que apliquen medidas contra cualquier conducta sexual indebida
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, presentó el proyecto de reformas que busca una verdadera impartición de justicia y agilización de los casos con modificación a la ley de amparo, además de que fortalece las facultades para investigar y sancionar casos de corrupción, nepotismo y abuso sexual.
El proyecto entregado a los senadores contempla la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que da más herramientas para acabar con estas prácticas.
“En materia anticorrupción se reforma todo el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Se le otorgan al Consejo facultades para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción causen más daños, hasta en tanto se concluyen las investigaciones correspondientes”, expuso.
El proyecto propone que para la aplicación de responsabilidades administrativas por estos casos se establezcan contralorías que podrán implementar mecanismos de prevención y sanciones que también llevarán un registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial, así como de sus declaraciones de intereses para detectar anomalías.
Estas contralorías también tendrán facultad para aplicar medidas estrictas en casos de acoso, hostigamiento y cualquier conducta sexual, mismas que serán “sancionadas con energía”.
En cuanto al nepotismo, Zaldívar detalló que “se establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición. De igual manera, se eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales”.
El documento señala que deberá de aplicar una responsabilidad administrativa los denominados nombramientos cruzados y para quienes valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente designen, nombren o intervenga para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa del Poder Judicial de la Federación, a personas con las que tenga lazos de parentesco.
La propuesta además contempla cambios en la Ley de Amparo para tener un sistema de precedentes que justifiquen sentencias y así los quejosos no tendrán que litigar en las instancias más altas, sino que se aplique jurisprudencia que justifique estas decisiones.
Se contemplan cambios a la Ley de Amparo para garantizar sentencias