Educacion superior y ciencia. ¿Cuáles anteproyectos de ley?

La reforma del artículo 3° constitucional de mayo del año pasado es el norte de la serie de cambios en marcha para el cuerpo normativo de la educación superior y de la actividad científica y tecnológica. Sin embargo, el punto no solamente es conjuntar y robustecer los esfuerzos de ambas áreas para cumplir lo que dice la ley, también importa sumar las diferentes perspectivas de los distintos actores que se desempeñan en cada ámbito y convencerlos. ¿Cómo se añaden?

Tal vez la negociación y la búsqueda de consensos no es el camino más corto para diseñar nuevas leyes, pero permiten que el rechazo no se incube desde su misma instauración. La experiencia ha mostrado que la imposición de una ley garantiza rapidez y efectividad, aunque generalmente queda condenada a una vida breve y azarosa.

El artículo sexto transitorio de la reforma constitucional del año pasado estableció que el Congreso de la Unión debe expedir las leyes generales de “Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020”. Han transcurrido nueve meses desde entonces y todavía resta un tanto similar para alcanzar el tiempo límite.

Pero ¿hasta ahora se han discutido y sumado diferentes perspectivas en cada uno de los anteproyectos de ley y de éstos entre sí? Demos por supuesto que una línea base de cada ley está fincado en los componentes que ahora prevé el 3º constitucional (los hemos reiterado en este mismo espacio).

Sin embargo, cada diseño de ley ha seguido una dinámica diferente. En el caso de la Ley General de Educación Superior, según informó la subsecretaría federal del sector, se realizaron 32 foros estatales de consulta del anteproyeto de ley. Un foro en cada entidad federativa y participaron 1 mil 633 de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas; sumaron casi 12 mil asistentes

Diciembre, 2019).

Según advirieron las autoridades, la idea era asegurar que el proyecto de ley “incluya las aspiraciones, necesidades y propuestas de los actores involucrados en la educación superior”. Los temas sobresalientes de los foros fueron amplios y diversos (la perspectiva de género, el arte, el deporte, la gratuidad, la acreditación, la equidad laboral, las normales y muchos otros). Al parecer el anteproyecto ya está listo, faltaría averiguar cómo quedaron integrados.

Por su parte, el diseño de una nueva ley para el sector científico y tecnológico ha transcurrido por una vía diferente y relativamente accidentada. El ruido comenzó meses antes de la aprobación de la reforma del 3º constitucional. Seguramente usted recuerda el proyecto de ley que ingresó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera en febrero de 2019, denominado “Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías”, en el que resaltaba la incorporación de la “H” en la nomenclatura, la centralización de las decisiones en el Conacyt y la omisión de organismos como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

A pesar de que el proyecto de la senadora Rivera recuperaba algunos de los propósitos e ideas que flotaban en las discusiones, nadie lo apoyó públicamente, ni siquiera en su propia bancada. Más tarde, un mes después de aprobada la reforma del artículo 3º constitucional, un nuevo proyecto de ley apareció en las redes sociales (“Proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación”). Sin embargo, tampoco nadie lo respaldó y menos se responsabilizó del documento.

Después, el Conacyt informó de algunas reuniones, conversatorios, foros y convenios de colaboración con objetivos muy diversos, en los que también aparecía el propósito de elaborar una nueva ley. Nada de forma organizada ni sistemática.

Ahora, en esta semana, un comunicado del Conacyt informa que se reunieron por primera vez 13 integrantes, representantes de secretarías de Estado, en el Comité Intersectorial de CTI, con el fin de “analizar y realizar observaciones al proceso de elaboración del Anteproyecto de la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación” (Comunicado 138/20). Por cierto, el nombre de la ley difiere de lo que está indicado en la Constitución y es similar a la iniciativa de febrero de 2019.

El comunicado menciona que se propusieron y analizaron diversos ejes temáticos que darán pie al anteproyecto de ley. Sin embargo, los números de participación que precisa son simplemente sorprendentes. Por ejemplo, informa que los ejes propuestos son el resultado de 277 foros (multiplican por un factor de 8 a los de educación superior), en el que participaron más de 24 mil personas (duplican a las de educación superior) e incluyen 23 iniciativas de ley presentadas por diferentes partidos políticos en el Congreso.

Las cifras son una verdadera revelación. Lo notable es que, a diferencia de lo que ocurre en el terreno de la educación superior, en el campo científico y tecnológico, no está a la vista un anteproyecto, se han expresado posiciones encontradas y presentado diversas iniciativas. ¿Cómo se sumarán? Ese es el reto y no se puede soslayar. Además, faltan los puntos fuertes de articulación con la norma de educación superior y lo que digan los legisladores. Lo veremos.