“Caso Ingrid: la libertad de expresión no es un derecho absoluto”
Ariesgo de parecer un despropósito o una posición contra natura para un periodista, hoy más que nunca es oportuno ratificar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y sus limitantes están contenidas en la ley y en los convenios internacionales a los que México está suscrito. La indignación por un crimen rivaliza hoy con la que genera el espectáculo descompuesto de colegas que izan la bandera del artículo sexto constitucional en las redes sociales para cerrar filas con medios que anteponen la audiencia del morbo a la dignidad, la integridad, la igualdad y la no discriminación.
El hilo de pifias que acaba en la portada de un periódico, sin embargo, comienza en la escena del crimen, donde no es raro que lleguen primero reporteros junto con policías, contaminando eventuales pruebas e indicios, y después el equipo forense facultado, entre otras cosas, para tomar fotografías y videograbaciones. ¿Qué hacían los agentes tomando fotos y videos relacionados con el crimen de la joven Ingrid? ¿Cómo puede la policía capitalina escudarse en que ese material no es de su propiedad, en lugar de enderezar de inmediato una investigación a los suyos?
Esa fallida cadena de custodia desemboca inevitablemente en las redes sociales y se convierte en un manjar para el periodismo amarillista, el que vive
La fallida cadena de custodia es manjar para el amarillismo
no solo de la nota roja, sino de su explotación en los términos más viles y ajenos a toda ética, siempre con el subterfugio de que los ampara la Constitución, aunque estos excesos tengan espacios también en otra prensa que con el discurso de que no tiene por qué atender recomendaciones del gobierno, exhibió por ejemplo las imágenes del menor que asesinó a su maestra en Torreón.
Debe tenerse en cuenta que los tratados internacionales, la Constitución y las leyes nacionales consideran tácitamente las libertades de expresión e información como relativas, limitándolas frente a otros derechos. La ética del periodista pasa por el respeto a la legalidad y a los derechos humanos cuyo centro es la dignidad y todo código actual, europeo o americano, pasa por proteger a niños y víctimas. Ahora el gobierno federal ha anunciado que hará una “valoración” del caso Ingrid, que no acabará en algo diferente a un exhorto, pues el compromiso ético siempre se asume de forma voluntaria.