Régimen político y eliminación del fuero
El ejercicio del poder público en México se ha caracterizado por la formación de diversos privilegios en beneficio de los servidores públicos de más alta jerarquía. De entre ellos, el fuero constitucional es uno de los que mayor rechazo social genera y, por ende, mayor descrédito acarrea para quienes detentan un alto cargo en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su razón de ser era la protección de los cargos estratégicos para la estabilidad, permanencia y continuidad de las funciones torales del Estado; no así de las personas que las ejercen. Sin embargo, en los hechos, el fuero se ha traducido en un privilegio de franca impunidad.
En su origen, que se remonta al parlamento francés de finales del siglo XVIII, el fuero garantizaba la independencia y libertad en el ejercicio de la función parlamentaria, frente a gobernantes cuya concentración de poder les volvía proclives al autoritarismo y la persecución política. Cumplía, entonces, una función esencial para la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones en tiempos en que la separación entre poderes, su relación colaborativa, el esquema de pesos y contrapesos, así como otros mecanismos de control del poder eran incipientes o no estaban del todo desarrollados.
De su establecimiento a la fecha, la inmunidad procesal penal derivó en un privilegio para aquéllos cuyos cargos protege. La imposibilidad de que los altos servidores públicos sean juzgados por los delitos que cometen terminó por otorgarles una “patente de corso”, una excepción que les permitía incurrir en hechos ilícitos a voluntad sin punibilidad. Los regímenes que encumbraron la corrupción en nuestro país y se sirvieron de esa licencia desvirtuaron la función republicana, en otro tiempo necesaria, y la convirtieron en una afrenta a la sociedad. En el nombre del fuero crecieron el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado, la prepotencia, el
La inmunidad se tornó impunidad; la garantía, privilegio y la independencia, complicidad
influyentismo. La inmunidad se tornó impunidad; la garantía, en privilegio nefasto y la independencia, en complicidad.
Ha llegado el tiempo de eliminar esas calamidades políticas y sociales. La necesidad del fuero ha sido superada por la solidez del entramado institucional que rige la relación entre poderes y por una madurez política de la ciudadanía que, por un lado, ya no tolera su ejercicio despótico, denuncia y reacciona contra toda persecución, y, por otro lado, tampoco contempla con pasividad el abuso que genera la inmunidad procesal de gobernadores, secretarios, jueces y diputados. Para muestra, baste advertir que 16 entidades federativas han eliminado la inmunidad procesal penal de los servidores públicos estatales y municipales y que, fuera de alguna arbitrariedad —propia de la mala comprensión de la realidad política— los resultados han sido positivos: la estabilidad, permanencia y continuidad de las funciones que deben ejercer los poderes públicos están garantizadas.
Con ese propósito, he presentado un conjunto de iniciativas que comprenden un proyecto de reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como un proyecto de reforma, adición y derogación de distintas leyes estatales para eliminar el fuero.