Pasta de Conchos: Grupo México entrega concesión a 14 años de la tragedia

El grupo minero devolvió el título de concesión a pedido del gobierno federal para facilitar la búsqueda de restos.

“Al sacar los restos, vamos a saber la verdad”, dice tajante Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, uno de los 65 mineros que murieron aquel 19 de febrero de 2006, cuando explotó la mina de carbón operada por Grupo México, en el municipio de Nueva Rosita en la región carbonífera de Coahuila.

Desde hace 14 años las familias de los mineros fallecidos luchan por recuperar los restos de sus seres queridos, pero también anhelan saber la verdad sobre si las malas condiciones en las que trabajaban fueron causa de su muerte.

Los familiares y defensores de derechos humanos que acompañan el caso argumentan que en la mina no había ventilación adecuada para controlar el gas metano, que había fallas en la estructura y que no se tomaron todas las medidas para el manejo del polvo del carbón, que es altamente flamable.

Al ver cerradas todas las puertas de las instancias federales en México durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, las familias llevaron su lucha al plano internacional.

Trinidad fue la encargada de llevar a Washington la petición para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisara el caso. “Aparte del rescate, yo no quiero que esto se quede así, porque no fue un accidente lo que pasó”, dice la mujer que tuvo que esperar cinco años para que en abril de 2019, el organismo internacional admitiera la petición de los familiares fallecidos por la violación a los derechos a la vida, integridad personal y acceso a la justicia.

Durante la campaña electoral de 2006, Trinidad fue a Torreón a buscar al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Se subió al templete y le pidió que la ayudara, él prometió que lo haría. Esa promesa quedó congelada hasta el 1 de mayo de 2019, cuando en Palacio Nacional, el Presidente anunció que tenían el presupuesto para rescatar los 63 cuerpos. “Es un acto de justicia y un compromiso que hicimos desde hace tiempo”, dijo en la conferencia matutina.

“Cuando lo anuncia para mí fue como una luz más fuerte. Pensé: creo que lo va a lograr”, recuerda esperanzada.

Estaba planeado que el 19 de febrero de este año arrancaran las labores en la mina. Elvira Martínez Espinoza, viuda de Jorge Vladimir,estuvopresenteel10demayo cuando Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, presentó a los familiares una ruta crítica con tiempos para el rescate, pero imprevistos retrasaron el inicio.

Los expertos provenientes de China, Australia, Alemania y Estados Unidos recomendaron estudios preliminares para conocer las condiciones del suelo en la mina.

“Esos no estaban en la contemplados en la planeación. Entonces esto es lo que nos retrasa. Estos estudios se empiezan en noviembre y es fecha que no han terminado”.

Hasta el momento no se sabe el costo del rescate. Los especialistas evalúan cuatro formas de ingresar a la mina, toman en cuenta el riesgo, la efectividad y el impacto ambiental de cada una de ellas.

—¿Qué esperan encontrar? —le pregunté a Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos que desde el inicio ha acompañado a las víctimas como parte del colectivo Familias Pasta de Conchos.

—Restos óseos y quizás no de todos, tal vez en el lugar donde fue la explosión sí habían personas, yo no sé cómo quedaron. Han pasado 14 años, hay una parte de la mina que está inundada.

Las familias no solo luchan por recuperar los cuerpos, sino porque mejoren las condiciones de seguridad y de salud de los mineros, que a todos se les den salarios dignos, prestaciones de ley y pensiones justas.

“Pasta de Conchos es muy importanteporquesentaráunprecedente de cómo debe ser la minería, cómo deben ser tratados los trabajadores y que el que quiera abrir una mina se la piense dos veces”, concluye Auerbach.

En 2019 la CIDH aceptó analizar el caso a petición de los familiares