PND: la pequeña historia de una gran decisión

La no concordancia en varios asuntos entre AMLO y Carlos Urzúa determinó, finalmente, la renuncia de éste último a la SHCP, el pasado 9 de julio. La manera como se resolvió uno de ellos, referente al Plan Nacional de Desarrollo, ha comprometido seriamente el futuro de buena parte de las políticas públicas del gobierno. Como se ha expuesto en este espacio las últimas dos semanas, el PND debe elaborarse con sujeción a características previstos en la Constitución y la Ley de Planeación (LP). La discrepancia entre ambos personajes se materializó en dos documentos: el que elaboró paso a paso la SHCP desde principios de 2019, y el que redactó, unos días antes de enviarlo a la Cámara de Diputados, el propio Presidente de la República. Como lo expresó él mismo al día siguiente de la renuncia de Urzúa: “la versión que quedó es la que yo autoricé, que inclusive me tocó escribir... (la otra versión) sentí que era continuismo... era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia”. "EL PND PUBLICADO DEJA A LA SHCP SIN UNA BASE PARA CUMPLIR SUS PROPIAS OBLIGACIONES."

La carta de renuncia del exsecretario Urzúa había sido una bomba política. Ahí se abordan, de manera genérica pero comedida, algunas de aquellas discrepancias habidas a lo largo de medio año. Pero, prevaleciendo la segunda característica sólo invocó dos causas: a) “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”; b) “. . . me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. . . (ellos son) personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

Si la primera causa, y posiblemente la más importante para la renuncia, era la relativa a las “políticas públicas”, su firma no refrendaría ese documento (de acuerdo con el artículo 92 constitucional). De ahí, la extraña circunstancia, legalmente impugnable, relativa a que el Decreto por el cual se promulga el PND solo haya sido firmado por el Presidente y la secretaria de Gobernación, situación contrastante con la del sexenio anterior en que fueron 16 los secretarios signantes.

Urzúa había aguantado o tolerado las nueve semanas en que el tramite de aprobación del PND se procesó en la Cámara de Diputados, probablemente con la esperanza de que al final quedasen los dos documentos que permitieran conducir la administración pública federal. Pero, todo indica que, finalmemte, se daba por vencido. Su renuncia se da el 9 de julio, dos días antes de que el PND se publicara en el Diario Oficial, cuando no había titular de la SHCP, ya que Arturo Herrera sólo fue ratificado por la Cámara de Diputados el 18 de Julio.

Pareciera que las palabras presidenciales de aquella mañanera del 10 de julio fueron el detonate para que Urzúa esclareciera, en sendos artículos (El Universal, 22 y 29 de julio), la falla que tenía el PND ya publicado. Bajo la expresión: “no se puede escribir a vuela pluma un PND”, afirma que en el caso del documento presidencial se trataba de un “manifiesto político” que, en su momento “podría constituir un largo prefacio” para el elaborado por la SHCP, tal como se lo manifestó personalmente a AMLO.

El final de la historia es conocido. No obstante lo previsto en la Constitución y en varios artículos de la LP (particularmente el 21), la mayoría gubernamental en la Cámara de Diputados aprobó el documento presidencial. Dos semanas después, todavía en julio, tres ciudadanos interpusieron un amparo para los efectos de declarar nulo el PND publicado, ya que “no cumple con los requisitos legales y técnicos de lo que debe ser ese documento”; he ahí un obstáculo latente.

Conclusión:

el PND publicado deja a la SHCP sin una base para cumplir sus propias obligaciones señaladas en la LP. De ahí el retraso en la presentación de los distintos programas dependientes del PND, mismos que deben ser autorizados por dicha dependencia. Además, a lo largo del año deberán presentarse los Precriterios de Política Económica (1º de abril) y el Paquete Económico 2021 (8 de septiembre), instrumentos que deben consignar las acciones que permitan “avanzar en el logro de los objetivos planteados en el PND y los programas que deriven del mismo (Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria). Todavía más, conforme a esta ùltima disposición (arts. 16 y 25): a) la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos “deberán ser congruentes con el PND”; b) la programación y presupuestación anual del gasto público debe realizarse con base en “las políticas del PND y los programas sectoriales”.

Los primeros efectos.

Como se preveía tras los ajustes al gasto de las instituciones de educación superior, las cuales ejercen fondos muy limitados para este año, el impacto a las finanzas de las universidades públicas era cuestión de tiempo. Los recortes a los fondos federales para atender, lo que en otros tiempos eran problemas estructurales, han mermado la operatividad y el margen de maniobra de las casas de estudio. Las advertencias ya comenzaron a escucharse y en el mediano plazo se revertirá lo poco se había avanzado con los esquemas de pensiones, el reconocimiento a la plantilla docente, y otros rubros que demandan una inyección económica muy fuerte, que al menos no se dará este año ni el próximo. Por eso los rectores han comenzado a alertar sobre los efectos negativos de esta falta de liquidez.

Escuchar a tiempo.

En días pasados, lo dijo ya el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, en 2019 se canalizaron 5 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, cuyos recursos fueron destinados para las 34 universidades autónomas, es decir, un promedio de 140 mil pesos por año. El problema es que el año en curso entraña una tendencia a la baja. Urge, desde ahora, analizar la estructura de pensiones para evitar un posible colapso del sistema a futuro, debido a que en siete y ocho años se podrían presentar graves problemas en el pago de pensiones si no se generan cambios sustanciales en los próximos meses. Veremos si estos temas logran tener cabida en la Ley General de Educación Superior que comenzará a discutirse en los próximos días.

Sucesión en la UASLP.

Conforme se acerca la hora, comienzan a moverse las piezas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). El camino es aún incierto y largo, pero al interior de la institución se perfila la intención de algunos para suceder en la rectoría a Manuel Fermín Villar Rubio. De entrada, Alejandro Javier Zermeño Guerra, director de la Facultad de Medicina, ya levantó de manera pública la mano para ocupar el cargo. Sin embargo, también asume que todo lleva un orden y tiempos institucionales que deben respetarse. Lo más indicado, como él mismo lo reconoce, es lograr una candidatura de unidad para la rectoría, aunque no sea él quien encabece el proyecto. Lo más importante, es que la UASLP mantenga los valores y la calidad que ha impulsado el actual rector, y cuya ruta de encontrar continuidad para el periodo 2020-2024.

Buen prospecto.

Hace unos días, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) concluyó su primera fase para la designación de dos de los siete integrantes del Comité Técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual evaluará a los candidatos a ocupar cuatro lugares del Consejo General del organismo electoral que serán renovados este año. Entre los nombres que llegan a la recta final destaca el de José Martínez Vilchis, quien hasta 2018 fue presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México, y rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) de 2005 a 2009. La formación que le da haber presidido una de las instituciones de educación superior más importantes del país, y su firme compromiso con la transparencia de las universidades públicas en aquellos años, son una carta que le da mucho respaldo.

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Atento a modificaciones.

A inicios del mes, en sesión extraordinaria, el pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó por mayoría de votos la Iniciativa de decreto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Lo más trascendente de estas adecuaciones es que se incorpora la posibilidad de crear empresas universitarias para captar recursos que le permitan afrontar las dificultades financieras por las que atraviesa la UNACH. Coincidencia o no, pero esta posibilidad de generar recursos viene a modo cuando se discutirá en unos días el asunto de la gratuidad y los recursos que podrían dejar de percibir las instituciones de educación superior si es que este es el camino que prefieren los legisladores.