UE: frente por coronabonos
Indagan si fue delito avalar la marcha 8-M pese al riesgo
La Justicia investiga si se cometió delito al autorizar marchas como las del 8M pese a los datos sobre la expansión del coronavirus con los que ya se contaba en esas fechas. Así lo acordó ayer un juzgado de Madrid tras recibir la denuncia de un particular contra todos los delegados de Gobierno de España y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pese a que formalmente el juzgado sólo va a investigar al delegado en Madrid, José Manuel Franco Pardo –único denunciado sobre el que tiene competencia–, la apertura de la causa supone examinar la actuación del Gobierno en los días previos a la declaración del estado de alarma. La denuncia se basa, según resume la resolución judicial, en que «a pesar de los datos con que se contaba en los primeros días de marzo de 2020 y, singularmente, a pesar del informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades del 2 de marzo de 2020 sobre el coronavirus, las reuniones multitudinarias en Madrid
de los días 7 y 8 de marzo no fueron prohibidas o restringidas por la autoridad competente, el Delegado del Gobierno de Madrid». «En opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos», dice la magistrada. La denuncia consideraba que se podía haber cometido un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, la juez duda de que sea la calificación jurídica correcta y sugiere que podría ser más grave y que se habría podido cometer, «por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional». Este delito conlleva penas de cárcel. La magistrada ordena varias diligencias. La primera de ellas, que se elabore un informe forense explicando «si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración». También pide que ese informe aclare «si hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas se materializó». Y añade, como indicio de que la respuesta podría ser positiva: «Por ejemplo, desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus Covid19». A la cabeza de la manifestación feminista estuvieron la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambas han dado positivo por coronavirus, además de la mujer del presidente, Begoña Gómez, y la ministra Carolina Darias.
En segundo lugar, pide a la Guardia Civil que le informe del curso que se dio «al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España se refiere». En concreto, cuál fue el «órgano de recepción oficial, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido)». El mismo informe debe explicar si «las autoridades competentes, promotores de las reuniones o manifestaciones, o por la Delegación del Gobierno» hicieron «advertencia alguna sobre los riesgos sanitarios» de acudir a las mismas.
La decisión ha sido adoptada
la responsable del juzgado de instrucción número 51, Carmen RodríguezMedel. Se trata de la misma magistrada que impulsó las causas sobre los másteres de la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes y el líder del PP Pablo Casado .
El avance de la investigación no será rápido. La juez indica que no es un asunto de urgencia y autoriza al forense y a la Guardia Civil a demorar los informes «hasta que el estado de alarma cese y tengan disponibilidad suficiente para reanudar labores de investigación ordinarias».