La dislexia no es excusa para no hablar catalán
Los alumnos castellanohablantes no tienen ‘moratoria’ en las islas Baleares
La inmersión en catalán en los centros de Infantil y Primaria de Baleares es implacable. Un niño extranjero recién llegado a las islas, sin conocimientos de catalán ni de castellano, será escolarizado en catalán en el 93,7% de los centros. Un alumno procedente de otra comunidad autónoma en la que no se hable catalán, tampoco recibirá, ni siquiera «temporalmente», parte de su formación en castellano en el 92,10% de los colegios públicos y concertados de las islas.
El estudio de 253 de los 307 proyectos lingüísticos de las islas elaborado por PLIS Educación (Profesores Libres de Ingeniería Social) utiliza la palabra «crueldad» cuando describe que, si además de los dos supuestos anteriores, un alumno es disléxico, o tiene dificultades para leer o escribir en su lengua materna, ya sea castellano o una lengua extranjera, o tiene retraso madurativo o hiperactividad o déficit de atención, en el 91,3% de los colegios también serán implacables y no habrá moratoria para recibir su educación en una lengua que no sea la catalana.
«Es una doble discriminación, ya que además de tener que enfrentarse a los obstáculos propios de su situación, han de enfrentarse al obstáculo de aprender en una lengua que no conocen o dominan», denuncia PLIS en su informe.
Hace justo dos años, Ciudadanos presentó una iniciativa en el Parlamento balear precisamente para que los alumnos con necesidades especiales, o los recién llegados a la comunidad autónoma, pudieran recibir las asignaturas troncales en lengua castellana durante al menos tres años.
Niños con necesidades especiales sufren doble discriminación, denuncia PLIS
La defensora de la iniciativa fue la diputada y profesora de Secundaria Olga Ballester, que habló de la «angustia» que supone para las familias que sus hijos tengan que estudiar libros en un idioma «que no entienden», lo que les supone «una gran merma en su proceso de aprendizaje».
La iniciativa fue rechaza por el Gobierno de la socialista Francina Armengol, con ayuda de sus socios, los ecosoberanistas de Més y Podemos, argumentando que la medida no era necesaria. Ballester sostiene que el sistema educativo de Baleares «no se mueve por criterios pedagógicos, sino políticos e identitarios».
En el Colegio Público Miquel Costa i Llobera, de Palma, se especifica textualmente en su proyecto lingüístico que con «los alumnos con necesidades educativas especiales, y que tienen dificultades para aprender las dos lenguas oficiales, se priorizará la enseñanza en la lengua catalana».
El Colegio Público Cas Capiscol, de Palma, señala en su proyecto que «el aprendizaje de la lengua propia de cada territorio es un buen sistema para la integración de las diferentes culturas que conviven en un mismo espacio geográfico». Y sostienen su afirmación en «un estudio hecho por un equipo independiente de la Unión Europea» que no citan.