¿Política y más política para administrar?
Los programas sectoriales debieron conocerse desde enero de este año, pero no fue así. Tal vez es la expresión más inequívoca de que operar la administración pública no requiere de mayor ciencia y de que las políticas, sin problema, pueden ir a remolque de la política.
Total, si el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) no fue realmente un plan, los programas sectoriales que deben estar alineados a ese plan pueden ser completamente prescindibles o demorarse sin mayores consecuencias.
¿La ausencia o retraso tiene importancia? Sí, aparentemente. Porque se supone que constituyen la hoja de ruta para las diferentes entidades de la administración pública. Marcan los lineamientos estratégicos, la ejecución de acciones conforme a plazos determinados y según el presupuesto asignado y, cada año, deben entregar cuentas sobre el cumplimiento de metas.
Los programas sectoriales son una guía que no solamente debe guardar coherencia con los grandes objetivos del PND, también debe conjuntar las propuestas de los gobiernos estatales y las derivadas de la participación social (fracción III del artículo 16 de la Ley de Planeación). O sea, incluir los planteamientos de otros actores. Pero si los programas no existen o son subestimados, lo que prevalece en la administración pública es, sin más, la visión del ejecutivo federal o la inercia, el pasmo y la improvisación.
La punta de la madeja normativa viene desde el PND. La responsabilidad de la elaboración de ese documento le corresponde al ejecutivo federal, porque constitucionalmente es el timón para conducir el desarrollo nacional y las actividades de la administración pública; lo ha sido en periodos anteriores y lo es en el actual.
No obstante, en julio de 2019, cuando se dio a conocer el PND, fue claro que su estructura no correspondía propiamente a la de un plan. En todo caso parecía más un “manifiesto político”, como lo dijo Carlos Urzúa cuando renunció a la Secretaría de Hacienda poco antes de la publicación del documento.
Esto es, a pesar de que el Plan enumeraba múltiples propósitos, no puntualizaba los grandes objetivos generales ni tampoco los específicos; solamente incluyó estrategias para seguridad pública pero no para el conjunto de áreas de la administración pública. Ni hablar de líneas de acción sistemáticas o de indicadores, salvo la enumeración de algunas cifras y las iniciativas que desde entonces ya estaban en marcha. Sí, esos casi cuarenta programas que quedaron a salvo del decreto de austeridad del pasado 23 de abril.
Por cierto, los diputados también son responsables de las características del actual Plan. La Ley de Planeación los faculta para aprobarlo o no, así que bien pudieron hacer sugerencias o de plano rechazar la formulación atípica, pero no lo hicieron. Incluso pueden realizar las observaciones que estimen pertinentes “durante la ejecución y revisión del propio Plan” (artículo 5). Tampoco lo han hecho.
El caso es que las iniciativas del PND son las que han prevalecido en las diferentes áreas de la administración pública y lo demás ha sido lo de menos. Al parecer, no requiere mayor conocimiento el ejercicio administrativo y también, por la misma razón, no tiene relevancia que aparezcan o no los programas sectoriales.
Apenas, a partir de la semana pasada, medio año después y una epidemia de por medio, comenzaron a publicarse los programas sectoriales. Primero fueron los de Economía y Trabajo; después los de Gobernación, Defensa Nacional y Agricultura y Desarrollo Rural. Hasta ahí van y deben ser catorce. O sea, la mayoría de programas sigue sin aparecer, al menos así era hasta el 30 de junio.
Si se añaden los programas nacionales, regionales y especiales –aparte de los programas sectoriales-- que usualmente forman parte del ejercicio de la administración pública, en total deben ser alrededor de cuarenta. Unos y otros, por ley, debieron quedar indicados en el PND y asegurar su elaboración. El problema es que ninguno está mencionado, incluidos los sectoriales.
Entonces ¿quiere decir que no habrá programas? Probablemente, en unos días más, se completarán los sectoriales, aunque se haya omitido su mención en el PND. Por el contrario, nada está claro con los programas nacionales (p.e. De Juventud, Vivienda, Seguridad Pública, Discapacidad) y especiales (Cambio Climático, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, entre otros).
El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti), por ejemplo, está previsto en la ley vigente y es “especial” porque establece prioridades nacionales y conjunta esfuerzos en la materia de varias secretarías de Estado, con el Conacyt como cabeza de sector. El problema es que ni luces de ese documento. En cambio, ya se publicó un extenso Programa Institucional 2020-2024 de ese mismo Conacyt (DOF 23.06.2020).
Así que tal vez ni prioridades ni coordinación de sectores en las secretarías (¿recuerda lo que anotamos aquí hace dos semanas Campus MILENIO No. 854?), solamente prevalecerán los lineamientos del ejecutivo federal anunciados desde el comienzo de su periodo de gobierno. Y pues sí, el servicio público no tiene tanta ciencia.
Pie de página: Este 1 de julio cerró la consulta de Conacyt para la elaboración de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, ahora tocará a los legisladores conjuntar las diferentes perspectivas. Pendientes.