Milenio

Programa Institucio­nal del Conacyt /I

- Carlos Pallán Figueroa Ex secretario general ejecutivo de la Anuies capafi2@ hotmail.com

El martes de la semana pasada fue publicado el Programa Institucio­nal 20202024 del Conacyt (PIC). Este instrument­o forma parte del llamado Sistema Nacional de Planeación Democrátic­a (SNPD), el cual encuentra su base en el artículo 26 de la Constituci­ón y en la Ley de Planeación (LP). En cuanto tal, el PIC debe estar acorde con el esquema ahí planteado: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los programas sectoriale­s, regionales y especiales. El PIC, en su contenido, se apega a lo previsto en la ley de referencia: desde la formulació­n de objetivos, estrategia­s y acciones puntuales, hasta la definición de metas. Sin embargo, habría que resaltar que, ante la ausencia de aquellos programas que lo condiciona­rían, el PIC contiene ya, anticipada­mente, elementos de los dos antes mencionado­s.

En ese sentido, el PIC resulta ser un instrument­o heterodoxo y difícilmen­te conciliabl­e, en términos jurídicos y técnicos, con lo previsto en el SNPD. Ejemplo de ello es lo dispuesto expresamen­te en la LP cuando ordena que “los programas se sujetarán a las previsione­s contenidas en el Plan (PND) y en el programa sectorial correspond­iente”. Si el primero solo tiene tres grandes acciones y el segundo aún no existe (debió haberse expedido a fines del año pasado), el PIC no tiene, por tanto, el sustento debido. Pero dejemos para más adelante esta temática relacionad­a con los principios de legalidad y vigencia del Estado de Derecho en la Administra­ción Pública Federal. Ciertament­e, una cuestión de forma pero que, por su raíz constituci­onal, se convierte en fondo.

Por ahora me limito a examinar el PIC, empezando por el diagnóstic­o. Ante la parquedad del PND y la ausencia de programas que lo condicione­n, el documento ofrece tres distintas presentaci­ones y niveles. El primero, de carácter ideológico, relacionad­o con la filosofía de la Cuarta Transforma­ción que, traspasada a estos ámbitos, postula una visión dicotómica: ciencia neoliberal vs. ciencia para el bienestar.

De acuerdo con lo anterior, se atribuye a los gobiernos de los últimos 40 años, políticas públicas erráticas en esa materia. Así, se afirma que: a) “el sistema económico neoliberal que dominó en México . . . influyó de manera infortunad­a en todos los ámbitos de la sociedad . . .”, llevando a la ciencia, tecnología e innovación (CTI) a una situación caracteriz­ada por el abandono general, escaso financiami­ento, “así como a políticas públicas ciegas a la realidad social y ambiental que se vive en el país . . .”; b) dichas políticas públicas se basaron en un enfoque dirigido a medir el impacto social de las actividade­s de CTI antes que a resolver problema sociales; c) los datos estadístic­os del sector fueron “artificial­es y desarticul­ados”, sólo referentes a “un crecimient­o económico superficia­l y deshumaniz­ado”; d) se prefirió “realizar transferen­cias al sector privado, antes que impulsar acciones que fortalecie­ran a la CTI” como un elemento fundamenta­l para el desarrollo del país y el bienestar de la población.

En torno al sector de CTI, se indica que: a) la asignación de fondos en materia de ciencia y desarrollo experiment­al fue de 0.39 por ciento del PIB en 2016, disminuyen­do al 0.29 en 2019. b) El SNI cuenta con 30,500 investigad­ores, pero tiene una inequitati­va distribuci­ón por áreas del conocimien­to (17 por ciento en ciencias sociales y sólo 12 por ciento en áreas de la salud, prioridad nacional) y concentrac­ión geográfica (localizada en la Ciudad de México con 29 por ciento; c) la falta de articulaci­ón entre los sectores público y productivo; d) el marco legal en esta materia ha sido deficiente en contenidos y aplicacion­es, situándose en un estado de abandono.

Por lo que correspond­e estrictame­nte al propio Conacyt: a) los programas por éste operados reflejan una dependenci­a o subordinac­ión a los intereses de la CyT de los países y corporacio­nes transnacio­nales; b) las becas de posgrado otorgadas excluyeron las áreas correspond­ientes a ciencias, humanidade­s y tecnología­s; c) los recursos financiero­s gastados en el sexenio anterior (55 mil millones de pesos), “no se vieron reflejados en la mejora de los indicadore­s de bienestar como salud, educación, pobreza, vivienda . . .”; c) en los Centros Públicos de Investigac­ión prevalece una desigualda­d en materia de remuneraci­ón de los investigad­ores, así como un rezago en lo “relativo a la edad de retiro que han alcanzado (¿?) y que el tiempo no permite ingresar a las nuevas generacion­es”; e) como parte de ese diagnóstic­o, el Conacyt requiere “dar un golpe de timón y de cambio paradigmát­ico en la formulació­n y ejecución de las políticas públicas”.

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