Piedra reporta amenazas
El narco impuso toque de queda en cuatro entidades
El gobierno federal reconoció que el crimen organizado implementó sus propias medidas sanitarias ante la pandemia de covid-19 en cuatro estados, las cuales incluyeron toques de queda y amenazas contra médicos.
En el documento Observaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante la contingencia, hecho por la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, detalla que la delincuencia organizada actuó en seis localidades de Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Veracruz.
Sobre la actuación de grupos del crimen organizado, detalló las medidas restrictivas “identificadas en fuentes abiertas”.
En Iguala, Guerrero, un grupo implementó toques de queda del 19 al 25 de abril en Petatlán y amenazas contra médicos del 3 al 9 de mayo; en Culiacán y Los Mochis, el cártel de Sinaloa aplicó toques de queda del 12 al 18 de abril, en el primer lugar, y del 19 al 25, en el segundo.
Además, se reportó un caso de “aislamiento” por parte del Grupo Sombra en Tuxpan, Veracruz, del 26 abril al 2 de mayo; mientras que en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el cártel Jalisco Nueva Generación aplicó cobro de impuestos.
El informe también da cuenta sobre las “medidas desproporcionadas” para contener la epidemia, como arrestos y sanciones en 15 estados.
Durante marzo, abril y mayo autoridades estatales y municipales implementaron 53 medidas extraordinarias que incluyen el arresto administrativo como sanción de primera, segunda o tercera instancia, así como 71 medidas que incluyen la posibilidad de sanción con multas.
Destaca que la evidencia disponible muestra que esas sanciones no parecen ser un medio efectivo para disminuir la tasa de contagio, ya que no existe correlación entre el número de medidas extraordinarias que implican algún castigo y la tasa de casos confirmados de covid-19.
Precisó que entre abril y mayo se implementaron 54 toques de queda a escala municipal de manera oficial: BC (3), BCS, Chiapas, Coahuila, Durango y Puebla (1), Guerrero (2), Michoacán (3), NL (2), Oaxaca (4), QR (5), Sonora (20), Yucatán (6) y Zacatecas (4).
Lo anterior, advierte, además de ocasionar abusos de autoridad, puede tener efectos graves en materia de seguridad, ya que esos dispositivos facilitan la participación del crimen organizado en las acciones de castigo y filtros sanitarios, “como se ha documentado en diversos estados”.
Señaló que el gobierno de Jalisco, a partir de su decreto del 20 abril y hasta el 11 de mayo, informó el arresto de 412 personas y la disolución de grupos en espacios públicos con 8 mil 398 personas sancionadas por las autoridades.
“A partir del asesinato de Giovanni López, se declaró que existía la posibilidad de que el crimen organizado estuviera involucrado en los hechos ocurridos el 6 y 7 de junio, a partir del levantamiento y no localización de jóvenes durante las protestas
“La instauración de retenes sin una vigilancia, temporalidad y actuación clara, con protocolos bien establecidos pueden ser aprovechados por el crimen organizado para controlar ciertos territorios”, advirtió.
El Centro Nacional de Inteligencia informó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro de amenazas en su contra de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes.
MILENIO confirmó que el mandatario estatal es uno de los servidores públicos amagados por la banda criminal, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, OmarGarcíaHarfuchyeltitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, entre otros como el canciller Marcelo Ebrard y el responsable federal de seguridad, Alfonso Durazo.
En la reunión del gabinete de seguridad de la semana entre el 8 y 12 de junio, el CNI alertó, sin que les mostraran el audio donde supuestamente se amenaza a los funcionarios. De la misma manera, se informó a Alfaro de la existencia de información de inteligencia sobre una supuesta intención de realizar acciones en su contra.
La revelación se da una semana después del ataque en la Ciudad de México contra Harfuch, quien aún permanece hospitalizado después de recibir tres impactos de bala.
En tanto, la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, denunció que fue víctima de amenazas de muerte por las indagatorias por el caso de Giovanni López, presuntamente asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos en Jalisco el 4 de mayo, y por el que ya fueron vinculados a proceso tres oficiales.