Parlamento Abierto: Universidades privadas y Normales /I
Todo indica que en este otoño se vivirá un momento trascendental, histórico, para la educación superior nacional. Se aprobará la Ley General de Educación Superior, dispositivo que se desprende de la reforma constitucional del año pasado al Artículo 3º. Ahí, en el séptimo transitorio se contiene la obligación para que el Congreso de la Unión expida “a más tardar en el año 2020” dicho ordenamiento. Con previsión, las dos Cámaras legislativas, por medio de las respectivas Comisiones de Educación, han dado los pasos necesarios para cumplir con tal responsabilidad, una vez que ya se recibió en el Senado la Iniciativa de Ley correspondiente, el pasado 9 de septiembre. Previamente, la SEP y Anuies, así como diversas organizaciones públicas y privadas, habían debatido durante meses en torno a ese proyecto. Menciono a Anuies, porque, prácticamente desde su fundación, en 1950, planteó la necesidad de contar con una normatividad de ese tipo. Las presidencias de aquellas dos Comisiones legislativas resolvieron darle un cauce especial a dicha Iniciativa, dada su importancia y eventual trascendencia.
Para ello establecieron un tratamiento de Parlamento Abierto, una ruta que permite la participación de todos los actores involucrados en un cierto asunto. Así, los pasados días 14 y 18 de septiembre se verificaron sendas sesiones de trabajo, con la participación de 110 ponentes que abordaron cinco temáticas. Entre ellas las correspondientes a universidades privadas y la educación normal. Entre los ponentes estuvieron autoridades de la SEP, rectores y directores de instituciones públicas y privadas, dirigentes del SNTE, especialistas y expertos, dirigentes de organizaciones como Anuies, Fimpes y Alpes. Todo eso fue difundido directamente por el Canal del Congreso y en redes. Un recuento de lo ahí presentado muestra, en buena medida, una gran riqueza de información que los legisladores tendrían disponible a la hora de la discusión y análisis correspondientes.
En los temas de universidades privadas y normales no suele disponerse de mucha información, por ello, acudir a los textos o intervenciones presentados puede aportar muy valiosos puntos de vista, no sólo para los legisladores, sino para cualquier interesado o estudioso. Con ese afán, el propósito de estas líneas es exponer, muy resumidamente, lo correspondiente a ambos.
Las universidades privadas son casi 1,900 (muchas de ellas con varios planteles) y tenían, hasta el año pasado, 1.8 millones de matrícula, dentro del sector
de educación superior, cuyo total es 4.5 millones. Sus dos principales organizaciones, Fimpes y Alpes, se integran con 110 y 142 instituciones, mismas que, según sus dirigentes, contaban hasta el fin del pasado periodo lectivo con 700 mil y 470 mil alumnos. El copretérito utilizado (“contaban”) es exacto, ya que ambos dirigentes calculan una pérdida de alumnos (por los efectos económicos de la pandemia) que oscilaría en torno al 30 por ciento de las matriculas.
El subsector de instituciones privadas es muy heterogéneo, manifestándose esa característica en las discrepancias internas en varias de las intervenciones habidas en el Parlamento Abierto. Las principales son:
• Las instituciones tienen muy distinto tamaño, desde las de “garaje, hasta gigantes como el Tec. de Monterrey (casi 100 mil alumnos del nivel superior y 60 campus, comprendiendo Tec. Milenio ).
• Diferentes fuentes de autorización para operar: desde decretos presidenciales, pasando por RVOES federal o estatales, o el régimen de incorporación dependiente de universidades públicas u otras instituciones desconcentradas (como el IPN).
• En torno del RVOE se formularon varias críticas: a) que no sea un obstáculo para la operación de las instituciones, ya que “asegura el control del Estado pero no la innovación”; b) en varias instituciones prepondera “una visión de negocio pero no de servicio”; c) forma parte de una “sobrerregulación”, toda vez que la nueva ley debería ofrecer una “mayor flexibilidad”.
• Uno de los temas más discutidos fue el relativo a la representación que tendrán las instituciones privadas en el Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior, cabeza de todo el subsistema. Fue reiterada la inconformidad relacionada con la baja participación que tendría el subsector de universidades privadas (Continuará con la parte de normales).