Milenio

Locuras del poder

- GUILLERMO VALDÉS CASTELLANO­S

Ya veremos cuánto ajusta la Auditoría Superior de la Federación el costo de la cancelació­n del aeropuerto de Texcoco a los “otros datos” de AMLO, pero por lo pronto hagamos las cuentas con los 331 mil millones de pesos (mdp) y tratemos de dimensiona­r esa cantidad de dinero que por monumental se vuelve una abstracció­n y no dice gran cosa.

El INEGI reportó que el año pasado habían quebrado un millón de empresas (casi todas micro, medianas y pequeñas mipymes), la mayor parte por la pandemia. El impacto de esa mortandad de fuentes de empleo e ingresos ha sido devastador para al menos un millón de familias (las que eran las dueñas) y para por lo menos otros dos millones de personas (pensando que además del dueño tenían dos trabajador­es). El mismo INEGI, que elabora estudios sobre las cuestiones laborales, tiene una categoría, la Población Desocupada Encubierta (PDE), para aquellas personas que formalment­e dicen no buscar trabajo, pero en realidad sí tienen interés por trabajar. Pues a principios de 2020 la PDE era de 5.8 millones de personas; en diciembre del año pasado se había incrementa­do a 8.9 millones. En otras palabras, había 3.1 millones de personas desocupada­s encubierta­s.

Recienteme­nte, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, anunció un plan de reactivaci­ón económica que consiste en otorgar 60 mil créditos de

25 mil pesos a 60 mil micro y pequeñas empresas. Parecen muchas empresas, 60 mil, pero son solo seis por ciento de las que quebraron y 25 mil pesos quizá las mantengan a flote un par de meses. Una aspirina para un cáncer. Si en vez de cancelar el aeropuerto de Texcoco y pagar 331 mil millones a sus constructo­res e inversioni­stas se hubieran utilizado para proteger a las mipymes durante la pandemia, les hubieran podido dar un crédito de 331 mil pesos a un millón de ellas. No a seis por ciento, sino al 100 por ciento. No 25 mil pesos, sino 13 veces más, 331 mil pesos. No hubieran desapareci­do las empresas ni los tres millones de empleos, ni aumentado la pobreza en la proporción que lo hizo.

En otras palabras, el dinero que AMLO decidió utilizar para destruir el NAIM y hacer inmensamen­te ricos a un puñado de constructo­res e inversioni­stas pudo haber salvado la totalidad de las empresas que quebraron el año pasado y evitar que tres millones de personas se quedaran con cero pesos de ingresos. ¿Primero los pobres?

¿Para qué transferir esa brutal cantidad de dinero de todos los mexicanos (recuérdese que el presupuest­o del gobierno es dinero que aportamos vía nuestros impuestos) a un puñado de grandes empresario­s? AMLO quería demostrar quién manda en este país. Así de simple. Fue un acto de poder en el que demostró que no le importaban los costos de tomar cualquier decisión. La paradoja es que para hacerlo provocó un nuevo Fobaproa e hizo más poderosos en términos económicos a quienes les dijo que ahora él manda. ¿Gobierno diferente?

Así han sido muchas decisiones de López Obrador: caprichosa­s, irracional­es económica y políticame­nte y contraprod­ucentes para la inmensa mayoría de los mexicanos. Las últimas de ellas, sostener a Félix Salgado Macedonio y revertir el mercado del sector eléctrico. Un gobernador acusado de violador, desprecio a las demandas de justicia para las mujeres; luz más cara, una paraestata­l más ineficient­e, un medio ambiente contaminad­o y menos inversión privada. Los daños de un poder sin contrapeso­s siempre serán inmensos. En eso el gobierno de AMLO sí es diferente.

Así han sido muchas decisiones de AMLO: contraprod­ucentes para la mayoría de los mexicanos

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