Reparto de sillones en el TC con cuatro afines
• Gobierno y PP designan en el Alto Tribunal a cuatro juristas de marcado perfil político • Pactan todos los órganos menos el CGPJ
Fumata blanca entre el PSOE y el PP para renovar los órganos constitucionales. Los dos principales partidos se pusieron ayer de acuerdo en los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas.
Según informan fuentes de la negociación, los nuevos magistrados del Constitucional serán el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel (a propuesta del PP), así como el magistrado progresista de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán, a propuesta del PSOE.
Se da la circunstancia de que todos los nuevos integrantes del TC han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): a propuesta del PP (Arnaldo y Espejel), Izquierda Unida (Sáez Valcárcel) y el PSOE (Montalbán Huertas), respectivamente.
Con este pacto, tanto populares como el Gobierno eligen a cuatro juristas afines por el turno del Congreso de los Diputados para ocupar un sillón en el tribunal de garantías durante los próximos nueve años.
Acaba así la situación de bloqueo que pesaba sobre el TC desde noviembre de 2019. Al nombrar a dos consejeros la formación de Pablo Casado y otros dos el PSOE se mantiene el equilibrio de fuerzas en el órgano encargado de interpretar la Constitución, que seguirá con una mayoría conservadora. Ahora, un Constitucional renovado deberá elegir al sustituto del presidente saliente, el magistrado Juan José González Rivas, y de la vicepresidenta, Encarnación Roca.
Por su parte, el Defensor del Pueblo será el ex candidato del PSOE madrileño y ex ministro Ángel Gabilondo. Ayer por la mañana, el PP ya aceptó esta propuesta y por la tarde trascendió que la diputada popular Teresa Jiménez Becerril será su adjunta.
Estos pactos devuelven cierta normalidad a la relación de PSOE y PP, después de que pactasen en 2018 los nombres del CGPJ pero el acuerdo se frustrase ante la renuncia de Manuel Marchena a presidir el órgano, tras conocerse un
whatsapp del PP sobre el presunto control que iban a tener de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
De hecho, ambos partidos se mostraron ayer satisfechos por el pacto alcanzado a última hora de la tarde. En el PP celebraron que, como se ha comprometido Casado, «los candidatos para el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas son perfiles profesionales y técnicos de reconocido prestigio». «Otro compromiso cumplido de Casado», subrayaron.
En el PSOE tampoco ocultaron su alegría por el resultado final: «Estamos muy satisfechos con el acuerdo alcanzado». Todos los elegidos «son nombres de consenso». «Es un primer paso» que «demuestra que alcanzarlo era posible desde el primer día y que las leyes y la Constitución establecen el marco necesario para el buen funcionamiento de nuestras instituciones», critican las fuentes, en una clara referencia al PP.
«Tenemos que seguir avanzando. Este acuerdo debe extenderse
también al CGPJ», pidieron los socialistas, «sin dejar pasar más tiempo».
Además de los nombres que ya se han hecho públicos, el Defensor del Pueblo nombrará como su adjunta segunda a Patricia Bárcena García, abogada y directora de CEAR Euskadi.
Por su parte, fuentes gubernamentales de Unidas Podemos aseguran que tres de los elegidos por el negociador del Gobierno, Félix Bolaños, son «nombres próximos» a ellos. Se trata de Sáez (Tribunal Constitucional), Bárcena (segunda adjunta al Defensor del Pueblo) y Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (Tribunal de Cuentas). Los
morados afirmaron que sabían del acuerdo y que se les ha consultado, siendo su negociador el secretario de Estado y secretario general del PCE, Enrique Santiago. Sin embargo, desde el PP niegan categóricamente que Podemos haya tenido un papel en el acuerdo.
Este pacto es el primero alcanzado desde el pasado febrero, cuando el Ejecutivo y el PP acordaron renovar el Consejo de Administración de RTVE, pero encallaron en el CGPJ, por la presencia que Podemos exigía en el órgano del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. Estuvieron a punto de desbloquear la renovación pero finalmente no pudo ser. Ahora no se ha entrado en la negociación del órgano de gobierno de los jueces, que es la más importante y la más difícil de desbloquear. Se dejará para más adelante. Para este organismo, el PP exige una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permita que los jueces elijan entre ellos a los 12 vocales del Consejo de procedencia judicial. Ahora, el CGPJ queda como única institución bloqueada.
El acuerdo para el resto de organismos llega después de que, el pasado día 14, el líder de la oposición le lanzase el guante al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso: «Renovemos ya los demás órganos». Sánchez se cerró en banda, pero minutos después el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, compareció ante los medios para anunciar que llamaría a Génova. Las negociaciones entre Teodoro García Egea y Bolaños comenzaron en la tarde de ese miércoles, fructificaron sin nombres el jueves por la mañana, pararon para el 40º Congreso del PSOE y se han reanudado esta semana con el pacto definitivo.