La prima de riesgo en el ejercicio de la profesión periodística
El desencuentro entre el Parlamento Europeo y la Presidencia terminó arrojando luz a escala global sobre un problema que hemos normalizado: el Estado mexicano no está en condiciones de velar por la vida de quienes laboramos en la prensa
Hace un poco más de un mes busqué a una agente para que me ayudara a contratar un seguro de vida. Días después ella me presentó un cuadro muy profesional con cotizaciones, análisis de primas aseguradas y distintos esquemas de pago. Después de conversarlo convinimos en la que nos pareció la mejor opción.
Setenta y dos horas después recibíun mensaje extraño informándome que ,“dadas mis circunstanciaspersonales ,” la empresa aseguradora estaba obligada a revisar las condiciones acordadas.
Llamé sorprendido a la asesora quien, con incomodidad, me explicó que el problema era el oficio al que me dedicaba.
Con risa nerviosa dije que no era militar, tampoco la hacía de doble en películas de acción ni practicaba ningún deporte de alto riesgo.
Fue cuando ella precisó que para la aseguradora ejercer el periodismo en México era tan peligroso como dedicar sea cualquiera de los oficios que había citado.
Debo reconocer que la temperatura de mi estado de ánimo se elevó, porque me pareció increíble lo que estaba escuchando.
“¡Busquemos otra compañía más seria!”, le propuse.
Replicó que ya había investigado con diversas aseguradoras y que la respuesta obtenida había sido la misma: ninguna quería ofrecerme una prima, según parámetros “normales,” debido a que trabajo para la prensa.
Tardé en asimilar que esta política de las aseguradoras no la deciden sus directivos ni los intereses políticos de las compañías ni el capital —nacional o extranjero— que les respalda ni los prejuicios ni los intereses conservadores o las pulsiones neoliberales.
Las condiciones de los seguros de vida son determinada s por actuariosprofesionales que analizan factores reales de riesgo a partir de datos que difícilmente pueden ser controvertidos.
Según cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, en lo que lleva la administración de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinadas 52 personas periodistas. El número alarma peor cuando se compara —para el mismo periodo— con el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual ocurrieron 18 homicidios, o con el de Felipe Calderón, en el que se alcanzaron los 24.
Afirma la organización internacional Reporteros Sin Fronteras que, durante los últimos tres años, México se convirtió en el país más peligroso del mundo para ejercer este oficio. Antes, por varios años consecutivos, ocupó el segundo lugar, después de Siria, una nación que ha vivido en guerra.
El reciente episodio de desencuentro entre el parlamento de la Unión Europea y la Presidencia de México —más allá de las fobias o las filias que despertó— terminó arrojando luz a escala global sobre un problema que en México hemos normalizado: el Estado mexicano no está en condiciones para velar por la vida de quienes laboramos en la prensa y la defensa de los derechos humanos.
Independiente mente de cualquier otra consideración, los datos aportados por el parlamento europeo son verdaderos.
Se trata de información conocida y confirma da. La reacción del mandatariose debió, más probablemente, al significado que tiene el que esta verdad haya sido pronunciada desde un altavoz tan potente a escala global. Ese parlamento está integrado por 705 representantes pertenecientes a 27 naciones diferentes. No se trata de la Organización de las Naciones Unidas, pero es el segundo órgano internacional más grande, y ahí dentro más de 600 personas diputadas votaron democráticamente a favor de la resolución referida.
Mucho se ha criticado el tono utilizado por Andrés Manuel López Obrador para responder. Fue rudo llamar borregos y reaccionariosalas y los representantes europeos, también acusarlos de gol pistas, injerencistas, mal informados e involucionados. Sin embargo, dentro de México estos términos, en boca presidencial, han dejado de llamar la atención. Responden al estilo personal para comunicar de un mandatario que aún está por estrenarse en territorios lejanos a las fronteras mexicanas.
Sin embargo, lo verdaderamente preocupante —al menos para quienes ejercemos con riesgo el oficio periodístico en México— fue la indiferencia respecto de las causas detrás de la violencia.
El presidente López Obrador, de su puño y letra —según declaró— aseguró que “aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”.
¿Cómo conciliar los datos duros de los actuarios que cotizaron la prima de mi seguro y el discurso del mandatario?
Las guerras entre empresas criminales matan periodistas y eso es responsabilidad del Estado mexicano. El vínculo mafioso entre funcionarios públicos y crimen organizado mata periodistas y tal cosa es también responsabilidad del Estado. La falta de recursos y de diligencia en los mecanismo s gubernamentales para proteger periodistas es también sal do del Estado, lo mismo que las investigaciones no realizadas, los expedientes archivados, la impericia, el desinterés y el menosprecio.
Es una mentira que “el Estado (mexicano) no viole derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores.”
Una cosa es que el Presidente — según insiste en su discurso— no haya ordenado atentar físicamente contra una persona periodista y otra muy distinta es que el Estado, en su conjunto, pueda lavarse las manos frente a esta situación violenta. Por ridículo que resulte decirlo, López Obrador no es el Estado, aunque se pretenda confundir discursivamente a ambos.
En la carta dirigida al Parlamento Europeo quedó también claro que el hostigamiento cotidiano contra periodistas, con nombre y apellido, ejercido por el presidente López Obrador, no es por él considerada como causa relevante respecto del ambiente de riesgo generalizado contra la prensa.
El mandatario no está dispuesto a asumir que gobierna el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y que por tanto su discursovejatorio agrava el problema. No sé si los actuarios de las aseguradoras también han considerado este argumento entre sus cálculos, pero deberían.
Durante los últimos tres años, el país se convirtió en el más peligroso del mundo para ejercer este oficio