Una Fiscalía de tres pistas
Pedro Sánchez, entrevistado en 2020 por RNE, debió sorprender al periodista cuando dijo que él iba a traer a España a Puigdemont para ser juzgado. «Aquí las preguntas las hago yo», debió de pensar en el momento de preguntar al preguntador: «¿La Fiscalía de quién depende?» El interlocutor estaba algo cortado, y el presidente repreguntó: «¿De quién depende?» a lo que el pobre respondió: «Del Gobierno». «Pues ya está», respondió triunfal el plagiador.
No decía la verdad, por mucho que esto pueda extrañarnos. Lo demostró al indultar a todos los golpistas nueve meses después de mantener la entrevista citada. Volvió a mentir cuando dijo: «El acatamiento de la sentencia implica su íntegro cumplimiento».
La Fiscalía está dando espectáculo, como todas las instituciones del Estado a las que mantiene cercadas el autócrata de La Moncloa. Lo dio la fiscal general dimisionaria, que ya había demostrado su falta de capacidad como ministra, al ser reprobada tres veces por el Congreso. El presidente sigue creyendo en la dependencia jerárquica que mantiene respecto a él el fiscal general, porque quien va a sustituir a Dolores Delgado es su brazo derecho, Álvaro García Ortiz, que venía siendo hasta ahora el secretario técnico de la Fiscalía y es hombre a quien tampoco arrugaba el reto de manchar la toga con el polvo del camino, por seguir la consigna de Cándido Conde Pumpido, el tipo al que Zapatero encumbró a fiscal general. Tampoco le hacía ascos a participar en actos del PSOE como hizo en 2019, cuando era fiscal en Santiago de Compostela.
Y resulta que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, después de consultar a Álvaro García Ortiz, ha dado la vuelta a un prometedor estado de la cuestión según el cual los dirigentes de ETA podrían ser inculpados del asesinato de Miguel Ángel Blanco. El asunto estaba siendo impulsado por el fiscal Vicente González
Mota que dos días antes del interrogatorio a los dirigentes Mikel Antza y Sol Iparragirre, ‘Anboto’, recibió una directriz del fiscal jefe Alonso en la que se le hacía saber que después de haber consultado el asunto con García Ortiz, tales delitos estarían prescritos. González Mota debió de pensar que no era plan y renunció al interrogatorio, pero como suele ocurrir en estos casos nunca falta un roto para un descosido y el fiscal jefe Alonso propuso como fiscal a
Pedro Rubira, que suscribió de buen grado la tesis de la prescripción y rebajó la relevancia de los informes de la Guardia Civil que eran compatibles que eran compatibles con la condena de los dirigentes. ¿Cómo no habrían de ser responsables de los asesinatos los líderes que los ordenaban?
La hermana de Blanco, Marimar, se ha personado en la causa como acusación particular, pero no parece que esto vaya a preocupar a la banda de Sánchez. Mientras, su incalificable ministro del Interior, ha reanudado los acercamientos con mucho brío. Los últimos, 11 terroristas responsables de 40 asesinatos, entre ellos los de Fernando Buesa y Gregorio Ordóñez. Esto es lo que hay.