Crisis inf lacionaria desata una batalla de políticas monetarias
El ex presidente de la Fed Ben Bernanke y el historiador Edward Chancellor brindan perspectivas opuestas sobre la forma de mantener la estabilidad financiera y los aprietos que viven los bancos centrales
La inflación está de vuelta. El aumento de los precios ubicó la“crisis del costo de la vida” en lo más alto de la agenda económica, política y social. Esto puso a los bancos centrales y a la política monetaria en el foco de atención; sin embargo, las controversias sobre ambos no son nuevas, al contrario, aunque los temas cambian, el debate sobre la mejor manera de mantener la estabilidad financiera permanece. Dos nuevos libros exponen perspectivas muy opuestas sobre las cuestiones subyacentes.
En la esquina ortodoxa se encuentra Ben Bernanke, gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos desde 2002 y presidente desde 2006 hasta 2014, un periodo que incluye la crisis financiera mundial de 2007-2009. Puede decirse que él es el pensador y profesional más influyente en materia de banca central de nuestra era. Su libro Política Monetaria del Siglo XXI ofrece un lúcido relato de la evolución de la banca central y de la Fed desde la “gran inflación” de finales de la década de 1960, la de 1970 y principios de la de 1980 hasta la actualidad y el futuro.
En la esquina opuesta está Edward Chancellor, historiador, gestor de activos, periodista y escritor. Su libro El precio del tiempo ofrece la historia de los intereses que se remonta a los babilonios, así como del debate sobre la legitimidad de exigirlos. Pero, sobre todo, es una polémica contra todo lo que representa Bernanke. Para Chancellor, la tasa de interés es “el precio del tiempo”, es decir, la tasa del dinero que uno espera recibir o pagar en el futuro debe ajustarse a la de hoy. Bajo la influencia de personas como Bernanke, afirma, las tasas de interés han sido demasiado bajos durante mucho tiempo, con resultados desastrosos.
Detrás de cada uno hay un gurú diferente. Para Bernanke es John Maynard Keynes, el pionero economista británico. Como él mismo señala: “La economía keynesiana, en una forma modernizada, es el paradigma central en la Fed y otros bancos centrales”. El principal objetivo de la política monetaria, por lo tanto, es alcanzar y mantener el pleno empleo.
Si la inflación sube, la demanda será fuerte, y si baja, la demanda será muy débil. Esto hace que la inflación sea el mejor objetivo intermedio del apolítica, pero esto no debe estar cerca de cero: los bancos centrales tendrán muy poco margen para recortar las tasas en respuesta a la recesión. Esa es la “trampa” en la que cayó Japón en la década de 1990 y de la que ha tenido tantas dificultades para escapar.
El libro de Bernanke explora tres realidades de las últimas décadas. La primera es la débil respuesta de la inflación a los cambios en el desempleo en los últimos años. En el pasado, los niveles bajos de desempleo solían aumentar los precios más rápido. La segunda es “el descenso a largo plazo del nivel normal de las tasas de interés”, en parte por la menor inflación, pero también
por el descenso a largo plazo de las tasas de interés reales. El tercero es el “mayor riesgo de inestabilidad financiera sistémica” en nuestro mundo de finanzas globalizadas y liberalizadas.
En términos de política, explica Bernanke, las tasas de interés a corto plazo se acercaron, alcanzar o no incluso cayeron por debajo de cero después de la crisis financiera mundial y la de la eurozona. Esto llevó ala Fed ya otros bancos centrales a adoptar una serie de políticas“no convencional es ”, como la compra de activos a gran escala( conocida como“expansión cuantitativa”) y la “orientación a futuro” de la política monetaria.
Para Bernanke, la Fedh atenido éxito en evitar otra GranDe presión yenh acerque la economía de E U regrese al crecimiento. Estoy de acuerdo con él.
Chancellor no lo hace. Su gurú esFriedrichH ay ek, contemporáneodeKeynes,fi gura principal de la escuela austriaca de economía de“libre mercado” y opositora los bancos centrales. Hay ek también fue un exponente de la explicación de la “mala inversión” de las de presiones, según la cual la caída representaba la purga necesaria de los errores anteriores.
Hay ek perdió el debate sobre la macroeconomía en la década de 1930 y se pasó a la economía política, en especial con The Road to Serfdom, publicado en 1944, que encontró un acólito en Margaret Thatcher; sin embargo, Chancellor cree en el Hayek de la década de 1930. Condena las bajas tasas de interés que adoptaron los bancos centrales como la raíz de casi todos los males económicos.
Chancellor insiste en que las tasas bajas desalientan la inversión, aunque subraya que sí motivan la toma de riesgos. Un entorno de tasas de interés bajas es, después de todo, uno en el que el financiamiento, incluido el de capital, será barato. Si existen buenas oportunidades de inversión, ¿por qué las bajas tasas de interés serán un obstáculo prohibitivo para financiarlas?
Chancellor insiste en que las tasas bajas desalientan la inversión, aunque subraya que sí motivan la toma de riesgos. Entonces, ¿por qué no van a motivar una mayor inversión de riesgo? Un entorno de tasas de interés bajas es, después de todo, uno en el que el financiamiento, incluido el de capital, será barato. Si existen buenas oportunidades de inversión, ¿por qué las bajas tasas de interés serán un obstáculo prohibitivo para financiarlas?
Una vez más, el argumento de que las bajas tasas de interés aumentan la desigualdad es engañoso. Incluso que se duplique la riqueza de los multimillonarios no tiene ninguna importancia real para las personas que no poseen casi nada.
El problema es que hay dos objetivos para la política: estabilizar la economía real a corto y medio plazos y con tenerlos riesgos financieros. No se pueden alcanzar los dos con un solo instrumento. Las opciones son dividir el enfoquedel apolítica monetaria entre las dos metas de alguna manera o emplear otras herramientas, como la regulación (para manejar las finanzas) o la política fiscal (para manejar la demanda).
La eficacia de la primera, a veces llamada “apoyarse contra el viento”, no está clara. Unos aumentos moderados de las tasas de interés pueden incluso habernos dado lo peor de ambos mundos: tanto la deflación como la persistencia de la espuma financiera; sin embargo, una regulación más estricta, aunque necesaria, creará oportunidades de arbitraje, ya que los actores motivados encontrarán formas de evitarla. Al mismo tiempo, los gobiernos no han utilizado bien la política fiscal activa, lo que sugiere que la política monetaria seguirá necesaria para dirigir la economía.
De forma más inmediata, la pregunta es si la elevada inflación actual presagia un cambio en el entorno de la política monetaria, pasando de una inflación baja a algo más parecido a la de la década de 1970. La última revisión de las medidas de la Reserva Federal, centradas en el promedio de las tasas de inflación del pasado, ya quedó desfasada; sin embargo, no está claro hasta qué punto las sacudidas de los últimos dos años y medio alteraron de forma perdurable el entorno político.
En la actualidad, el objetivo de inflación apoyado por Bernanke parece el enfoque menos malo, pero la pregunta es cómo contener mejor los riesgos financieros en los que hace hincapié Chancellor. La mayor preocupación es la tendencia a la expansión descontrolada del crédito y, por tanto, de la deuda. La regulación es una parte de la solución, pero la fuente estructural más importante del apalancamiento excesivo es la deducibilidad fiscal de los intereses. Debemos eliminarla ya.
Un entorno de tasas bajas es uno en el que el financiamiento será barato
Es engañoso el argumento de que un interés mínimo eleva la desigualdad
Algo había que entregar y Sánchez optó por rendir el castellano en la escuela. La tercera reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat se saldó ayer con el reconocimiento pleno de la política lingüística trazada por el independentismo, con la ayuda del PSC, y el entierro de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano.
A cambio, el Ejecutivo exhibe la promesa de una parte del Govern –en la mesa de negociación se sienta ERC pero no Junts– de renunciar a llevar a cabo acciones que saquen la política fuera del marco legal y democrático. Esto es, una suerte de compromiso por parte de Esquerra de no volver a intentar la celebración de un referéndum ilegal ni una declaración unilateral de independencia.
Con estas dos cartas, ambas partes se consideran de momento satisfechas. Sánchez amarra apoyos con la vista puesta en la negociación de los próximos Presupuestos del Estado, su salvoconducto para agotar la legislatura, y Aragonès puede mostrar un fruto tangible, y muy preciado para el independentismo, de su estrategia colaboracionista con el Gobierno.
La reunión de la mesa, en la que no participaron los dos presidentes, mereció, en palabras del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, los calificativos de «amable», «sincera» y «constructiva». «Hoy», dijo, antes de detallar los «frutos concretos» del encuentro, «abandonamos los monólogos y abrazamos los acuerdos y el diálogo».
Los pactos alcanzados en concreto son dos. El primero, referido al impulso de la lengua catalana y su blindaje en la escuela orillando el castellano y, el segundo, relacionado con la desjudicialización de la política que reclaman los independentistas con el objetivo de dar carpetazo a las responsabilidades que quedan pendientes de saldar por el procès.
El primero, mucho más concreto y detallado que el segundo. Así, el Gobierno, envuelto en las bonitas palabras de Félix Bolaños –«la diversidad lingüística es fuente de riqueza» o «el catalán es una lengua española»–, asume todas las demandas de la Generalitat y también su argumentario.
Plasmado por escrito ha quedado el respaldo total del Gobierno a la ley catalana, aprobada el pasado mes de junio en el Parlament, que suprime la obligación de impartir en la escuela al menos el 25% de las asignaturas en castellano y, por tanto, entierra la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó en este sentido; garantiza el derecho de los ciudadanos a que las instituciones del Estado les respondan en la lengua de su elección tanto oralmente como por escrito; se compromete a impulsar la reforma del Reglamento del Senado para que sus señorías puedan utilizar todas las lenguas cooficiales en sus intervenciones en el Pleno, así como solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso. Estos acuerdos se harán extensibles también al euskera y al gallego si los gobiernos del País Vasco y Galicia lo solicitan.
Bolaños abundó ayer en este pacto explicando que se reconoce la au
tonomía de cada centro escolar para decidir si se utiliza más el catalán o el castellano en función de su contexto social y cultural. Este argumento es precisamente el que consagra la última ley del catalán para no cumplir con la sentencia del 25%.
Una ley que, en opinión del ministro de la Presidencia, es un «muy buen ejemplo» de lo que deben ser los acuerdos transversales y, además, es «perfectamente constitucional». Sobre este último punto, la discrepancia con el TSJC es evidente. El tribunal ha apreciado vicio de inconstitucionalidad en la norma aprobada por el Parlament.
La consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, se apresuró a ensalzar los acuerdos sobre la lengua porque son, dijo, «un asunto nuclear para la sociedad catalana» y, de hecho, destacó el que con este pacto se «imposibilita la imposición de porcentajes en los centros educativos y se entierra el recurso sistemático a la batalla judicial del Estado contra el modelo educativo catalán».
Mucho más difuso ha sido el acuerdo para la desjudicialización de la política. En este punto se apuesta por «rechazar la criminalización de los proyectos políticos democráticos» y se aboga por buscar soluciones en el marco de la seguridad jurídica y atendiendo a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal».
De momento, el Gobierno no ha acordado con la Generalitat impulsar en el Congreso una reforma del Código Penal para revisar la figura de la sedición por la que fueron condenados, y después indultados los líderes del 1-O. El Gobierno argumenta en este sentido que, por ahora, no está garantizada la mayoría parlamentaria suficiente para sacarla adelante.
En este terreno, Vilagrà repitió en su comparecencia ante la prensa el mensaje ya lanzado por Aragonès tras su encuentro cara a cara con Sánchez. En definitiva, que resolver el «conflicto de fondo» pasa por que la ciudadanía pueda «votar su futuro en libertad». «Nuestro objetivo es la autodeterminación y no renunciamos a este principio», aseguró.