Sánchez maniata la Justicia en Cataluña
En las horas de su momentánea derrota frente al orden legal, durante el otoño de 2017, el independentismo anotó en la libreta de agravios y venganzas los últimos resortes del Estado que quedaban en pie en Cataluña, paralizado en su incompetencia el Gobierno de
Mariano Rajoy, y que contribuyeron decisivamente a abortar la intentona secesionista. Jueces, fiscales y abogados del Estado pasaron a engrosar la lista de futuros estamentos que debían ser depurados, una vez decayera el 155 y el nacionalismo recobrara el poder, como si nada hubiera hecho.
Era la preparación de una purga para garantizarse la impunidad en la siguiente intentona golpista y que, cinco años después, ha cristalizado con la mesa de negociación y el acuerdo redactado al alimón por el Gobierno y ERC para la «desjudicialización» de la política catalana. O sea, la consagración de la impunidad para los delitos pasados, presentes y futuros del nacionalismo. Así como la expulsión del castellano de la escuela, la universidad y la administración pública, blindando un modelo monolingüe y doctrinario que condena a más de la mitad de los catalanes, que tienen el castellano como lengua materna y de uso habitual, a ser ciudadanos de derechos limitados.
Metódico y con objetivos sostenidos en el tiempo, el independentismo insistió desde el inicio de la negociación bilateral con el Gobierno de Pedro
Sánchez en 2018, por aquel entonces con
Quim Torra como presidente de la Generalitat, en tener bajo control los movimientos de la justicia en Cataluña. Conjuntamente con la expulsión práctica de la Policía Nacional y la Guardia Civil del espacio público, con la excepción de puertos y aeropuertos, merced a la asunción por parte del Ejecutivo central del discurso nacionalista sobre esos dos cuerpos como «fuerzas de ocupación» y cuya sola presencia representa una intolerable provocación. El nombramiento de Dolores
Delgado como ministra de Justicia, primero, y fiscal general del Estado, después, fue otro movimiento preliminar pero decisivo en el desmantelamiento del Estado de derecho en Cataluña. Resultaba
desalentador comprobar, en conversaciones privadas con fiscales y abogados del Estado, muchos de ellos víctimas en su desamparo del acoso cotidiano del independentismo, explicaban cómo algunas de las investigaciones que afectaban a dirigentes nacionalistas, incluso aquellas relacionadas con las tramas de corrupción y el 3%, eran aparcadas por «orden de Madrid», bajo la presión de sus superiores.
La consigna transmitida, y que sirvió también para dejar solo a Pablo Llarena en la lucha judicial en Europa para devolver a España a
Carles Puigdemont y su comparsa fugitiva, era (y es) clara e inquietante: molestar a ERC es importunar al Gobierno de Sánchez.
Aun bajo estas presiones, jueces como Joaquín Aguirre, instructor del caso Volov sobre los presuntos vínculos de David Madí, Josep
Lluís Alay y otros miembros destacados del sanedrín nacionalista con representantes de Putin, o el juez Carlos Ramos con la causa que afecta a Laura Borràs, han seguido firmes con sus investigaciones. No obstante, la consecuencias de la decisión del Gobierno de someter el normal funcionamiento del orden legal a sus intereses particulares ya está teniendo consecuencias notables. Como la sorprendente confesión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre su impotencia para hacer cumplir que se imparta un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano, después de que el Govern pactara con el PSC de Salvador Illa y los Comunes de Ada Colau una ley que cambió de urgencia el marco normativo.
Una burda manera de dejar en suspenso la sentencia del Tribunal Supremo, en la que reconocía al español como lengua vehicular junto al catalán del sistema educativo, a la que se sumó la llamativa colaboración del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, quien rechazó que el consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray, hubiera cometido desobediencia y prevaricación cuando éste trasladó en su habitual tono desafiante
y chulesco al alto tribunal que no pensaba aplicar la ley.
Ejemplos de los primeros efectos de la impunidad judicial que, en su anhelo de supervivencia monclovita, Sánchez ha entregado al independentismo con un acuerdo que, de paso, arrastra por los suelos el prestigio de la justicia española. Porque cuando el atildado
Félix Bolaños expresa la necesidad de cambiar el marco normativo vigente, por otro que se ajuste al de países europeos de «nuestro entorno», compra la caricatura que el independentismo hace de España como sujeto predemocrático.
Hace tiempo que la doctrina a fiscales y abogados del Estado es no molestar a ERC