Corte puede fijar piso parejo para proteger marcas locales
Mañana, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá si es inconstitucional el artículo 151 fracción 1 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual permitirá dar mayor certidumbre en la protección de las marcas mexicanas.
Óscar de la Torre, especialista en propiedad industrial, señaló que este artículo contraviene todas las disposiciones legales y extralegales en la materia a nivel internacional, pues deja abierto a que extranjeros busquen apropiarse de un distintivo.
Los cambios en la carpeta 187/2021, aprobada por la Segunda Sala de la Corte, dispone que este artículo debe declararse inconstitucional, ya que permite que en México no exista plazo de prescripción para demandar la nulidad de una marca concedida por la autoridad.
Es decir, pueden pasar 50 o 100 años y los registros legales y autorizados pueden ser impugnados por cualquier persona -nacional o extranjera- que solicite que se nulifique una marca ya establecida y otorgada conforme a la Ley.
En otras palabras, dijo el especialista, las marcas mexicanas que tanto trabajo les costó posicionarse y darles un valor en el mercado, se encuentran en la indefensión, pues cualquiera podría venir a querer apropiársela.
“En ese sentido, se trata de que la legislación proteja los derechos de nuestras marcas y no deje la puerta abierta de forma permanente para que se inicien juicios de nulidad por el uso de las marcas que ya pasaron los filtros de muchos años de uso”, añadió.
En todos los países, explicó, hay un plazo para demandar una nulidad, excepto en México, por lo cual también hay una violación a los pactos internacionales en materia de uso de marcas y otras denominaciones, en particular el Tratado de París. En todos los casos el plazo se ha fijado en 5 años, excepto, claro, si se prueba que existió mala fe o se obtuvo una marca de forma ilegal.
De la Torre espera que el pl eno del Tribunal resuelva corroborar la inconstitucionalidad del artículo de este precepto, por ser violatorio a la garantía de seguridad jurídica y afecta la inversión.