Antifraude: sobrecostes de dos millones en contratos Covid de Puig
Revela también que eran empresas ajenas al sector sanitario y hubo retrasos en la entrega
“La desesperanza está fundada en lo que sabemos, que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es todo” Maurice Maeterlinck
El organismo descarta corrupción, pero pide una «revisión» por las irregularidades
Los contratos de emergencia que el Gobierno valenciano de Ximo Puig selló durante la primera ola de la Covid están bajo sospecha. La Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador de la Generalitat, ya alertó en su informe del ejercicio de 2020 que centenares de contratos se cerraron sin ningún tipo de control. Una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude revela ahora que la Generalitat llegó a pagar hasta dos millones de euros de sobrecoste a dos empresas que, además, eran del sector del bebé y la limpieza y nada tenían que ver con el suministro de productos sanitarios.
La selva en la que se convirtió el mercado internacional durante los primeros meses de la pandemia –cuando escaseaban las mascarillas o los respiradores– fue la excusa oficial para justificar la fórmula de los llamados contratos de emergencia. De lo contrario, según argumentó la Generalitat, difícilmente habría podido comprarse algo cuando todos los gobiernos pugnaban por hacerse con la primera remesa de material de protección.
Sin embargo, Antifraude pide una «revisión de oficio» de aquellos contratos. Lo hace tras abrir una investigación sobre los contratos que, según concluye, se adjudicaron a «mercantiles que no han acreditado su capacidad y solvencia para ser contratistas, lo que supone un vicio de nulidad de pleno derecho». El organismo que dirige Joan Llinares rechaza que en los contratos de emergencia haya habido corrupción o fraude, si bien habla directamente de irregularidades: desde la contratación con empresas cuyo objeto social nada tenía que ver con el suministro de productos sanitarios a «encargos directos» haciendo caso omiso de otras ofertas más baratas. Resultado: largos retrasos en el suministro de los productos adquiridos de urgencia o pago de sobrecostes superiores al 20% por parte de la Administración autonómica.
A la firma de productos de bebé Sanidad le encargó mascarillas FFP2. En total, 850.000 unidades, a 2,89 euros cada una. Se sirvieron entre abril y junio de 2020 y, aunque algunas se facturaron finalmente a 2,71 euros, la realidad es que «simultáneamente» a estos pedidos «se adquirió el mismo producto por precios inferiores», según Antifraude. En concreto, las mascarillas se pagaron en otros encargos a 1,63 e incluso 1,24 euros.
No solo eso, porque la empresa en cuestión aportó facturas de compra de las mascarillas en China, donde las adquirió a 2,30 euros. Y esto, según Antifraude, «supone un coste final repercutido como margen comercial a la Consejería de Sanidad del 20,42%, equivalente a 501.500 euros sobre los contratos analizados». Por cierto, esta empresa nunca había sido proveedora de la Administración y no volvió a serlo tras el periodo de emergencia.
Lo mismo ocurrió con la empresa dedicada a la fabricación de detergentes y productos de limpieza. Esto no fue impedimento para que Sanidad les encargase desde gel hidroalcohólico a batas y calzas. En este caso, el problema se agravó porque algunos de estos pedidos no se entregaron hasta diciembre de 2020, es decir, con medio año de retraso, «lo que difícilmente justificaría la tramitación de emergencia». Es más, lo que hacía esta mercantil era comprar el material a otros proveedores –también valencianos– para luego revenderlo a la Administración. El precio de reventa, por tanto, se incrementaba, encareciendo «de media un 22,52% el precio de los productos para el destinatario final». Planteado de otro modo, Sanidad pagó 1,63 millones de más.
Según los funcionarios consultados por Antifraude para averiguar por qué se contrató con empresas que nada tenían que ver con el ámbito sanitario, la respuesta fue que la directriz verbal era «favorecer a empresas valencianas».
En sus alegaciones, la Generalitat justificó: «El criterio que determinaba la selección del contratista no era otro que la garantía de la inmediatez en el suministro, sin valorar otros posibles criterios de selección como podía haber sido el precio, y la garantía de que los productos o material adquiridos cumplieran con las características necesarias en materia de protección, acreditada mediante la previa entrega a la Conselleria, para su análisis y valoración, de las fichas técnicas». Además, «entre marzo y junio de 2020, vigente el estado de alarma, fueron los más tensos en el mercado por la falta total de disponibilidad de material y precios elevados y fluctuantes», según la Generalitat.
El PP pide la comparecencia en las Cortes del director de la Agencia ante las irregularidades y los indicios de la «falta de rigor del Consell» en la compra de material durante el inicio de la pandemia.