Esta fragilidad de Nuevo León
La carencia de un suministro vital no solo es asunto de la naturaleza, como lo pregonan relucientes ecologistas de pacotilla; la falta de agua potable evidenció una pésima configuración y gestión de las responsabilidades de políticos y empresarios
No recuerdo ningún otro momento de la historia presente de Nuevo León que sea más desafiante que el que sufre hoy. Resaltan una larga crisis política reflejada por una sociedad desesperada que estos últimos 20 años ya pasó por variopintos experimentos electorales (PRI, PAN, Independientes, MC…) y por el reacomodo interno de los grupos empresariales tradicionales (cuando digo tradicional, digo hegemónico) que los ha dividido y hecho usar personajes e instancias públicas como peones de sus disputas económicas y hasta personales.
Este ha sido el largo contexto acumulado en un estado cuyo 95 por ciento de la población se concentra en el área metropolitana de Monterrey. Ahí es donde ha quedado en evidencia la vulnerabilidad antes insospechada de un estado que siempre se ha jactado a nivel nacional de su fortaleza.
En una primera instancia, el confinamiento masivo por la pandemia desató una serie de problemas industriales y morales al mismo tiempo. Al ser una metrópoli diseñada como una gran fábrica y dormitorio de obreros, estos tenían la obligación de salir del encierro para ir a sus lugares de trabajo y no perder sus empleos. ¿Cuántos murieron a causa de ello? No lo sabemos con precisión, aunque hay algunos casos más o menos documentados que reflejan esta dramática situación.
Si bien la cultura patronal de Nuevo León sigue siendo sólida y aún es capaz de lograr que prevalezca la resignación y el agradecimiento de los trabajadores con sus empleadores —incluso cuando esto pone en riesgo su vida—, está claro también que la pandemia desató una serie de conflictos en los hogares obreros, los cuales son difíciles de medir ahora pero que van desde problemas familiares hasta de daños en la salud mental.
A la adversidad anterior habría que agregar la crisis hidráulica estallada este año en la metrópoli. La carencia de un suministro vital no solo es asunto de la naturaleza, como lo han pregonado relucientes ecologistas de pacotilla. La falta de agua potable evidenció una pésima configuración y gestión de las responsabilidades de políticos y empresarios. El “éxito” industrial que ha tenido NL estos años ha sido a costa de la explotación voraz y no regulada de sus recursos naturales y de una nula inversión en desarrollo humano y cultural. Esa es la mayor tragedia actual: erigir una metrópoli solamente como un gran centro de producción industrial y de servicios, en lugar de un auténtico espacio de convivencia social.
Ante un escenario así, no resultó sorpresivo que brotaran manifestaciones, marchas y bloqueos de calles por parte de ciudadanos tan desesperados como indignados. ¿Que detrás de algunas de estas muestras de descontento estaban el PAN y/o el PRI en sus afanes de guerra politiquera contra el gobernador actual? Sin duda, sin embargo, quedó en evidencia una endeble estabilidad social. El decorado que tanto procuran las élites locales quedó dañado de forma inevitable.
Más real aún —o sea, sin grupos partidistas de por medio— parece haber sido el descontento que motivó el incendio de equipo e instalaciones que hicieron en la Región Citrícola (Allende, Hualahuises, Linares y Montemorelos) ejidatarios y campesinos para impedir el traslado de agua de la zona agrícola para la metrópoli industrial. ¿Ante una desastrosa gestión del agua urbana la solución es arruinar la única zona poblacional alternativa que hay en NL aparte del área metropolitana de Monterrey?
Así llegamos a un momento insospechado que refleja la fragilidad en la que se encuentra NL. Los gobiernos estatal y federal, que más distintos entre sí no parecerían ser, llegaron a la decisión conjunta —avalada también por grupos empresariales— de que una de las grandes soluciones a esta crisis hidráulica, la construcción del nuevo acueducto de la Presa de El Cuchillo, estará bajo control y supervisión del Ejército.
El mensaje que se manda entonces es: ante un problema social, político, económico y ecológico como el que padece NL, la solución es militar.
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¿Qué hacer? De manera intuitiva o muy consciente, para cada vez más personas de Nuevo León está claro que las generaciones anteriores a cargo del estado consiguieron cierto éxito financiero a costa de la destrucción social.
Lo que ahora parece ir en aumento es un ambiente de reconstrucción.
Pero resulta desconcertante que esta reconstrucción sea encabezada simbólicamente por una fuerza militar y no civil.
También parece prevalecer entre los grupos económicos la nociva idea de que esta reconstrucción debe ser tan rentable como lo fue la destrucción que tanto les benefició.
No parece estar en el radar oficial la posibilidad de otras medidas más necesarias como reordenar la concentración urbana y distribuir mejor el consumo y la producción al resto del territorio de NL, por no hablar de buscar cambiar radicalmente los procesos industriales arcaicos y promover con mayor determinación —legislación, regulación— una cultura de ahorro general no solo del agua, sino de todos los recursos naturales e incluso tratar de cambiar hábitos de consumo y producción desmedida.
Lo peor que podría pasarle ahora a NL es entrar a un periodo de simulación y que, como antes se hizo en nombre de la economía, ahora sea en el de la ecología que se establezca una destrucción planificada de la ciudad.
Que, con el pretexto de salvar a NL, lo que busque salvarse en realidad sea solo el negocio voraz y el control político autoritario mediante la vía militar.
El “éxito” industrial de la entidad ha sido a costa de la explotación voraz y no regulada de sus recursos naturales