El desquite de Lesmes
En septiembre de 2018, Lesmes se dispuso a dictar su último discurso de apertura del curso judicial. El mandato del CGPJ caducaba en diciembre y su lustroso presidente ponía un broche de oro en el 40º aniversario de la Constitución: citó a Burke contra el populismo y mencionó a Habermas, que acababa de decir que no hay intelectuales porque no hay lectores. También incluyó referencias a otros tres prestigiosos juristas alemanes.
Lesmes reivindicó el «valor» de la Constitución y «la objetivación» del poder constituyente: los poderes constituidos «nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidos por aquél». Este es el dilema que plantea hoy, no la renovación del CGPJ, ni reforma de la Ley del Poder Judicial, con la que Sánchez maniató al Consejo para presionar al PP, sino la posterior deconstrucción parcial de esa reforma con la que Sánchez se permitía nombrar a sus ansiados dos magistrados para el TC. Tiene su lógica que el Gobierno delimite por ley las funciones de un órgano en funciones; lo que carece de razón es que luego se le consienta ejercer funciones cualitativamente superiores a las impedidas únicamente porque convienen al Ejecutivo.
Lesmes vertebró su intervención de 2018 sobre la idea del respeto a la decisión judicial y contra la posverdad. No era un anuncio ni una visión. Pensaba en Cataluña. Estábamos al final de la crecida. En la cima de la antipolítica, que se rige por la siguiente secuencia argumental: las sentencias son sólo sentencias, dictadas por una minoría al servicio de unos intereses particulares… Esta tromba incluye el «volem votar» y el «hermana yo sí te creo»; y sobre todo el «la democracia está por encima de la ley». Sánchez se ha imbuido de esa retórica. O sea, el Derecho está al servicio y disposición de autoproclamada voluntad popular; la oclocracia contra la división de poderes. Al final, Lesmes fue claro: «Cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse». El Derecho, aseguró, «proporciona certezas».
En esos meses, PSOE y PP alcanzaron un pacto para renovar el Consejo. Sánchez no lo quería. Así que aceptó el ardid de Iglesias de incluir al juez De Prada, autor del borrón que contribuyó a fraguar la posverdad con la que se ejecutó la moción contra Rajoy. De alguna manera, Lesmes lo había anticipado. De Prada era el candidato de una narrativa; la Audiencia Nacional consideró después sus comentarios innecesarios a efectos judiciales aunque resultaran decisivos a efectos políticos. Si el PP hubiese aceptado a De Prada como magistrado del TC, hubiese asumido la ficción. La filtración de un whatsapp de un senador del PP ayudó a Casado a recular.
En 2019, Lesmes se centró en la inminente sentencia del Supremo sobre el procés e hizo una breve alusión a la necesidad de no alargar la anomalía de un Consejo caducado. En los siguientes actos de apertura elevó progresivamente el tono y agrió a la par el semblante: duro, muy duro y, ayer, demoledor. El confuso impasse ha erosionado su reputación; por eso sugiere que podría dimitir si no se repara la rareza.
Ocho vocales del Consejo se niegan a ser meros figurantes en un cambalache. La reforma de Sánchez está en el TC y el modelo español bajo la lupa de Bruselas. La última y endiablada torsión jurídica y demostración de fuerza de Sánchez ha resultado venenosa para la Justicia, ha afianzado el bloqueo. Esos ocho magistrados constituyen un dique de contención al rodillo por decreto, al cesarismo sordo que se alza pisando la raya y magullando el espíritu del poder constituyente.
Esos ocho magistrados son un dique al rodillo por decreto