Los camioneros ponen en juego 600 millones de pérdidas diarias
El sector del transporte afronta dividido un nuevo paro indefinido que comienza este lunes
La medianoche del lunes. Era la fecha marcada para el pistoletazo de salida para las movilizaciones, a nivel nacional e indefinidas, convocadas por la Plataforma de Defensa del Transporte, formada por camioneros autónomos y de pymes. Por esta razón, el Gobierno defiende que se trata de un «paro patronal» y no de una huelga. Ya se vivió una situación similar entre el 14 de marzo y el 2 de abril. Fueron convocadas por la misma asociación y causaron graves trastornos.
Además de pedir que los camiones se queden parados, la Plataforma ha convocado una concentración a las 10:00 de hoy en la Glorieta de Atocha (Madrid). La idea es llevar la protesta a las puertas de los Ministerios de Agricultura y Transporte, por lo que se ha invitado a sectores como ganadería, hostelería o agricultura.
La plataforma dice representar al 85% del sector, dato que desmienten las grandes asociaciones. De hecho, el CNTC (Comité
Nacional del Transporte por Carretera), que es el órgano de interlocución con el Gobierno, dice que no forma parte de él «porque no tiene representatividad acreditada suficiente para ello». Según los últimos datos del INE, en nuestro país existen 103.000 empresas de transporte de mercancías y 27.000 camioneros autónomos. La situación era la misma en marzo y entonces, con piquetes de por medio, ese pequeño colectivo logró parar medio país.
Es la pérdida diaria que podrían llegar a suponer los nuevos paros, según un informe de OBS Business School. La huelga podría afectar al 25% del negocio anual de estos profesionales, al producirse antes de campañas como el Black Friday y la Navidad. Muchas empresas han adelantado pedidos, con un aumento del 20%, según Ontruck, que dispone de una red de más de 4.000 transportistas y clientes como Alcampo, Carrefour y Decathlon.
La plataforma ha acusado al Ministerio de Transportes
factorías al no tener materia prima ni suministros para seguir con la actividad. Danone llegó a detener dos de sus instalaciones en España. Igual pasó con las cerveceras. El sector del gran consumo tuvo que recurrir incluso al transporte privado, como furgonetas, para abastecer a las tiendas. La distribución asumió un coste extra de 130 millones para garantizar el suministro y hubo empresas que perdieron 10 millones al día. Sólo en las cuatro primeras jornadas de paro calcularon pérdidas de 600 millones./ R. VILLAÉCIJA de no hacer cumplir la ley que impide que los camioneros trabajen a pérdidas. «Sin esa ley, nos moriremos. Si logramos que se cumpla, tendremos viabilidad y podremos seguir peleando otras demandas», aseguró Manuel Hernández, presidente y portavoz de la asociación. Transportes les ha respondido que deben denunciar a los cargadores en caso de abuso y que para ello ya está en marcha un buzón. Hasta ahora, sólo hay constancia de 88 denuncias, muchas incompletas.
El jueves por la mañana se celebró una reunión entre los convocantes y Transportes. Sin éxito. Desde el departamento de Raquel Sánchez señalaron que todas las demandas están ya en marcha o están siendo abordadas con el CNTC. No obstante, se han comprometido a tener listo para el próximo año un plan que permita reforzar las inspecciones. En esa línea, los transportistas han exigido que también se establezcan sanciones «ejemplares» a los infractores. Y que cualquier nueva promesa quede por escrito.
CETM y Fenadismer, las dos grandes patronales a las que la plataforma está enfrentada, se han desmarcado de las protestas. Están en el CNTC y la segunda sí se terminó sumando a los paros de marzo. También son contrarias las patronales nacionales CEOE o Cepyme y los autónomos de ATA. Dicen que llegan en un momento crítico y que supondrán un mayor castigo para empresas y familias, e insisten en que las medidas ya en marcha no las justifican. Deslizan que hay una cuestión fiscal: no rebasar los 125.000 euros de facturación anual, lo que obligaría a pagar más impuestos.
En diciembre de 2021, tras la amenaza de paros por las patronales del transporte, se sacaron adelante medidas como que los conductores no tengan que cargar y descargar. En marzo, se aprobaron otras como la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible o 900 millones en ayudas directas (2.500 euros por camión). Pero, sobre todo, la ley que prohibe la contratación a pérdidas, aprobada en agosto. «Las cosas han cambiado, pero estamos empezando a retroceder de nuevo», denuncia Hernández. De hecho, las organizaciones contrarias a los paros admiten que «ahora se trata de que esa regulación cale, se ejecute, se cumpla y si no, que se sancione»
Según el Gobierno, las carteras de Transportes, Agricultura e Interior están coordinadas para hacer frente a los paros y garantizar los suministros. Una de las claves es que se respete el derecho de los camioneros que no quieran secundarlos y que no se repitan los actos violentos, bloqueos y cortes de tráfico de marzo. Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cantabria ofrecerán escolta a estos profesionales.