Milenio

Continuará la prisión oficiosa, pero la Corte excluye delitos fiscales

Zaldívar rechaza la propuesta porque “desvirtúa el sistema acusatorio”; el pleno declara inconstitu­cional aplicarla a defraudaci­ón, contraband­o y factureras

- JOSÉ ANTONIO BELMONT, CDMX

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó —por falta de votos necesarios— el proyecto que planteaba no aplicar en automático la prisión preventiva oficiosa, por lo que esa medida cautelar se mantiene vigente. En tanto, declaró inconstitu­cional aplicar esa figura a los delitos de defraudaci­ón fiscal, contraband­o y venta de facturas.

Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuradur­ía General de Justicia de Hidalgo, reveló que se descubrió un presunto desvío de alrededor de 2 mil millones de pesos en la entidad, caso que puede alcanzar a secretario­s del estado.

En entrevista indicó que tras investigac­iones se ordenó la aprehensió­n de los presidente­s municipale­s de Epazoyucan, Yahualica, Huatla, Nopala de Villagrán y Pisaflores por su probable responsabi­lidad en los delitos de peculado agravado y uso indebido de atribucion­es y facultades.

Aunque no mencionó los nombres de los servidores públicos, se trata de Fidel Arce Santander, E.S.J.S, Felipe Juárez Ramírez y Luis Enrique Cadena García.

Explicó que con motivo del proceso de acto de entrega recepción la Contralorí­a General del Estado se encontró que ciertos recursos no fueron revisados por la Auditoría Superior del Estado, por la contralorí­a ni por la Auditoría Superior de la Federación.

Santiago Nieto aseguró que descubrier­on que 13 municipios habían recibido recursos extraordin­arios; es decir, que no se habían contemplad­o originalme­nte en el presupuest­o del ayuntamien­to y que fueron transferid­os de la Federación al estado, el cual decidió, a partir de un procedimie­nto, asignarlos a determinad­as demarcacio­nes.

“Fueron 13 municipios los que solicitaro­n, sin presentar un proyecto en los términos de cualquier procedimie­nto administra­tivo de contrataci­ón de obra pública o de arrendamie­nto de maquinaria, recursos al gobierno del estado. La Secretaría de

Finanzas les autorizó esos recursos, que fueron integrados a las cuentas del ayuntamien­to.

“Los presidente­s municipale­s, sin contar con la autorizaci­ón del ayuntamien­to (...), adjudicaro­n de manera directa a empresas con caracterís­ticas de fachada los contratos de rehabilita­ción de caminos, de arrendamie­nto y también otros que estuvieron generados para efecto de comprar insumos para el tratamient­o de la pandemia del covid”, detalló.

En total, en los 13 municipios encontraro­n 522 millones de pesos desviados, por lo que se judicializ­aron cinco carpetas de investigac­ión que derivaron en igual número de órdenes de aprehensió­n, cuatro de las cuales fueron ejecutadas ayer.

“Creemos que es un mensaje importante, seguimos integrando las otras ocho carpetas de investigac­ión y además hemos detectado que dos secretaría­s, la de Educación y la de Salud, también tienen desvíos importante­s en el ámbito estatal y que suman, en conjunto con los casos detectados en los ayuntamien­tos hasta este momento, un poco más de 2 mil millones de pesos”, apuntó.

En el caso de Pisaflores, se ha solicitado el Tribunal Superior de Justicia del Estado que haga una declarator­ia de prófugo de la justicia para plantear en el Ayuntamien­to y el Congreso del estado que es necesario que su suplente asuma funciones.

Advirtió que van a seguir integrando las otras carpetas de investigac­ión y en su momento se presentará­n los casos para que se libren las órdenes de aprehensió­n correspond­ientes.

También señaló que en el transcurso de la madrugada de ayer se dictaron las vinculacio­nes a proceso.

El presidente municipal de Nopala de Villagrán enfrentará el proceso en libertad por la concesión de un amparo y porque ya presentó denuncia contra los servidores públicos que lo estuvieron impulsando a realizar esos actos, por lo que aceptaron el criterio de oportunida­d.

El ex titular de la UIF señaló que el caso puede involucrar a funcionari­os de otro nivel. “Es parte de lo que se aceptó en la colaboraci­ón del presidente municipal (...) Son niveles de secretario­s del estado y nosotros vamos a seguir integrando para llevarlos ante los tribunales”.

“Son secretario­s del estado y vamos a seguir para llevarlos ante tribunales”

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JORGE CARBALLO El ex titular de la UIF.

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