Sánchez y Montequién
A comienzos de los 90, Felipe González nombró ministro de Justicia a Tomás de la Quadra Salcedo, que publicó en El País el lunes una impecable tribuna sobre los delitos contra la Constitución: rebelión y sedición. El texto tenía mucho interés por varias razones, servía para comparar la degeneración que ha experimentado el cargo de ministro de Justicia hasta los tres últimos que debemos a Pedro Sánchez: Dolores Delgado, Juan Carlos Campo y Pilar Llop. Era un mentís al argumento del sanchismo sobre la necesidad de homologar nuestro Código Penal con los europeos en materia de golpismo y reclamaba la recuperación del delito de rebelión como un elemento básico para la defensa permanente de la democracia.
Dolores Delgado fue, en tanto que ministra, tres veces reprobada por el Congreso, lo cual era un mérito indiscutible para que Sánchez la ascendiera a la FGE. Ella acompañó al entonces juez Garzón a aquella cacería en la que cenaron con el ministro de Justicia de Zapatero y el comisario jefe de la Policía Judicial el mismo viernes, 6 de febrero de 2009, en que el ex juez arrancó el proceso Gürtel contra el principal partido de la oposición. Una pista: ella no había ido allí a cazar, aunque no diré ni una sola palabra más sobre el asunto, no me vayan a acusar de violencia política. El caso Gürtel fue principio y fin del acoso gubernamental al PP: empezó con aquella cena en Andújar y terminó con la sentencia tramposa del juez amigo de Garzón, José Ricardo de Prada. Por la misma razón comprenderán que me abstenga de calificar a Juan Carlos Campo de novio de Meritxell Batet, que nunca sabemos adonde nos puede llevar esto, aunque tal vez sí convenga recordar que hace dos años y medio dijo que estamos en «una crisis sanitaria con enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. No es fácil porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente, no podemos dejar a nadie fuera». El Ministerio negó que el ministro quisiera decir lo que dijo, aunque no aclaró lo que quería decir. Hizo más méritos: él también firmó los indultos a los golpistas catalanes.
Ayer, el Gobierno ascendió al Constitucional a este tipo y a Laura Díez, mano derecha de Bolaños, no hace falta decir más. El Gobierno considera idóneos sus nombramientos de acuerdo con el artículo 22.3 de la L.O.T.C. Quizá debió recordar que el artículo 22 de la susodicha arranca así: «Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de acuerdo con los principios de imparcialidad y dignidad inherentes a la misma…» y la biografía de esta pareja no permite albergar muchas esperanzas de imparcialidad. Y de dignidad no sé qué tal.
Hubo un tiempo en que Manuel Aragón Reyes, hoy magistrado emérito, era magistrado de pleno derecho del Constitucional. Era muy reconfortante saber que a pesar de su adscripción a la izquierda su voto estaba guiado siempre por la razón, la imparcialidad y la dignidad que acabo de citar y el lunes publicaba un artículo en estas páginas contra el reparto por cuotas del TC, que era el órgano encargado de controlar al Poder Legislativo. Pero ¿qué significa eso para un Gobierno que ha entregado la agenda política a los herederos de una banda terrorista y a los golpistas catalanes? Efectivamente, nada.