POLÍTICA ZOOM
No es posible desestimar la metodología diseñada para comprender mejor la dimensión de este fenómeno, pero tampoco vivir con ella a satisfacción; es perfectible, siempre y cuando no se preste al juego sucio de la retórica polarizante de siempre
mil 955 registros, los cuales fueron clasificados, de acuerdo con la metodología citada, a partir de etiquetas ambiguas.
La categoría más sospechosa es una que se denomina “Registros sin indicios para la búsqueda.” Bajo este rubro se encuentra el número más abultado que es de 36 mil 022 casos. El sentido común dicta que una cosa es no contar con indicios para la búsqueda —de acuerdo con la metodología recién implementada— y otra muy distinta es asumir que no se trata de personas desaparecidas.
Aquí la palabra “indicio” es muy importante. Según el gobierno, tales indicios deberían obtenerse de alguna de las bases de datos alternativas empleadas para esta investigación. Por ejemplo, el padrón único de beneficiarios del gobierno, los registros ante el IMSS, los datos de vacunación o la base del Servicio de Administración Tributaria.
La lógica indicaría que si no hay indicios es porque la persona está desaparecida y no a la inversa. Argumentar que no está desaparecida porque no hay “indicios” es un absurdo.
Esa casilla, que significa el 32 por ciento del total de registros, debería titularse de manera distinta. Cabe proponer “Desapariciones sin confirmar a partir de otras bases de datos”.
Luego vienen los casos clasificados como “Registros sin datos suficientes para identificar.” En este rubro la palabra clave es “datos” y son sólo aquellos que aparecen en el registro nacional de búsqueda. Contrastan con los indicios que se encuentran en las bases alternativas utilizadas por la metodología.
Según la secretaria Alcalde, entre los datos faltantes estarían, entre otros, los apellidos (materno o paterno), información de contacto de la persona denunciante, fecha de nacimiento o el lugar de residencia. Aquí el argumento vuelve a ser similar: que falten datos no implica que la persona no haya desaparecido.
Por último, están aquellas personas clasificadas como ubicadas, pero no localizadas. Es decir que sus datos existen en las bases alternativas, pero no ha sido posible confirmar su existencia con toda la formalidad. Son registros, pues, en vías de localización.
No es posible desestimar la metodología, pero tampoco vivir con ella a satisfacción. Es perfectible, siempre y cuando no se preste al juego sucio de la retórica polarizante o a la descalificación automática de siempre.