La impunidad como política pública
Este pasado jueves, en Guerrero, las pugnas entre La Familia Michoacana y Los Tlacos arrojaron al menos cinco muertos en la comunidad de Heliodoro Castillo. El padre Filiberto Velázquez, del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, dio la voz de alarma cuando un poblador le mencionó que 30 personas habían sido atacadas con drones. El gobierno federal no se dignó informar al respecto, quizá porque el Presidente insiste en que bajo su mandato ya no hay masacres; cuando, dos días después, finalmente llegaron al sitio los peritos, los familiares ya habían recogido los cadáveres de sus deudos, y los cinco que el padre Velázquez dijo haber visto con sus propios ojos fueron los únicos reconocidos por la autoridad. Como colofón guerrerense, el sábado siguiente, en Petatlán, unos hampones entraron a balear un palenque lleno, dejando un saldo de seis muertos y una docena de heridos.
Ese mismo fin de semana, en Tabasco, tiendas de autoservicio fueron atracadas de manera coordinada por grupitos con armas largas y pasamontañas. El gobernador Carlos Manuel Merino declaró que los asaltos eran meros “chantajes propagandísticos”, a imagen y semejanza de un López Obrador que una y otra vez ataca a los periodistas y a las ONGs que nos revelan estos terribles crímenes, minimizándolos. De la posada en Salvatierra, Guanajuato, donde este pasado diciembre unos sicarios masacraron a 12 jóvenes nomás porque sí, López dijo, enfadado, que la noticia se había exagerado, que había llegado “hasta el Vaticano”, como si el asunto fuera quítame estas pajas. Los criminales seguro tomaron nota de la desidia federal, pues este pasado domingo, en Celaya, luego de la supuesta detención por fuerzas estatales del hijo de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como El Marro, las carreteras guanajuatenses fueron sembradas de coches incendiados. Cuando llegaron los bomberos a tratar de apagarlos, los criminales los recibieron a balazos, matando a uno.
López Obrador comenzó su mandato azotando la confrontación militarista de Felipe Calderón con los carteles, proponiendo regresar a los soldados a los cuarteles y ampliar los programas sociales aglutinados bajo ese malhadado “abrazos, no balazos” como paliativo contra la violencia. Como saldo, entrega el sexenio más sangriento del México contemporáneo, con un récord de más de 30 mil asesinatos por año, a pesar de haberle dado al Ejército más poder que nadie desde la Revolución, y de haber peleado con todo por apostarlo en las calles, aunque lo tenga repartiendo medicinas, construyendo obra y manejando trenecitos y aviones: todo menos combatiendo el flagelo de la criminal violencia narca.
En los hechos, la transformación de cuarta nos está legando un país donde los capos operan como nuestros nuevos y todopoderosos caciques, con los
_ gobiernos y policías locales subordinados a éstos y un mandatario federal que no se cansa de excusarlos y justificarlos, desinteresado en cualquier estrategia de seguridad más allá de su propaganda mañanera: para López, 150 mil cadáveres y una ciudadanía acogotada y en el desamparo “no es para tanto”.