Propuesta 2. Cierren la cloaca
No es secreto de nadie que en México la gente con dinero logra modificar leyes y regulaciones a modo para beneficiarse. La pregunta es cómo lo logran. Esta es la segunda de 5 notas donde hago propuestas concretas para separar el poder político del económico.
Hoy hablaremos del financiamiento ilegal de campañas políticas, lo que yo llamo “la cloaca”.
El problema es de todos conocido, pero por nadie resuelto: todos los partidos políticos, sin excepción, reciben dinero privado ilegal para financiar sus campañas políticas. Al recibirlo, los candidatos se comprometen a ayudar a sus financiadores, ya sea mediante contratos, regulación o favoritismos de todo tipo.
La cloaca es enorme. Se estima que el 94% del financiamiento de campañas es ilegal1. Hay que cerrarla.
La raíz del problema es que la ley electoral y los procedimientos para cumplirla han sido diseñados de forma que comprobar un delito electoral es muy difícil. Los tipos penales son muy difíciles de probar. La autoridad debe recibir evidencias del vínculo directo del dinero ilegal al financiamiento electoral e incluso, en ciertos ámbitos reconocer al afectado. Si algo de lo anterior no pasa, el caso se cae.
El INE tiene áreas fiscalizadoras, pero no logra revisarlo todo. La tarea es titánica pues implicaría rastrear el financiamiento de mantas, espectaculares y el costo pormenorizado de cada uno de los mítines. Nunca ha tenido presupuesto, ni tiempo suficiente, para lograrlo.
Peor aún, cuando el INE logra por algún motivo obtener información de financiamiento ilegal de campañas, éstas terminan siendo pagadas a plazos con el mismo dinero que los partidos reciben del presupuesto público. Es decir, el gobierno los multa y el gobierno les da para pagarlo.
Todo lo anterior conjura un escenario tétrico: aquellos ciudadanos con mayor necesidad de manipular las decisiones del gobierno son los que más incentivos tienen para financiar campañas ilegalmente. Y saben que lo pueden hacer con casi absoluta impunidad. El dinero ilegal de campañas compra amigazgos o impunidad en otros ámbitos.
Hay quien piensa que la solución a todo lo anterior es eliminar el financiamiento público y permitir que raudales de dinero privado lleguen a las campañas siempre y cuando todos sepamos de dónde viene el dinero.
Esto es un grave error. En una sociedad tan desigual como la mexicana, esta “solución” de facto supondría permitir que las clases altas definan qué se puede, o no, decir en una campaña política. Se transitaría a una forma moderada de plutocracia.
La mejor solución, en mi opinión, es más sencilla: convertir al INE en un “pagador único”. Es decir, hacer que todos los gastos de campaña, todo, sea pagado de manera directa por el INE. El partido dirá qué pagar y cuánto, pero el INE será el único encargado de las transacciones.
Esto permitirá identificar con plena certeza que, cualquier publicidad o gasto de campaña que no haya sido hecho por el INE, es ilegal. Se deberá sancionar a todo ciudadano o partido que viole la ley electoral con firmeza y sin permitir pagos a plazos. Las sanciones deben ser ejemplares.
Es verdad que esta propuesta ampliará el costo del INE. Sin embargo, el resultado será tan importante para
_ separar el poder político del económico que traerá muchos más beneficios que cualquier costo.
Esportodoloanteriorque,sisedeseasepararalpoderpolítico del económico, resulta urgente que se controle el gasto de privados en campañas políticas. Solo así se podrá limitar la influencia del dinero ilegal en nuestros gobernantes.