Víctimas de Allende siguen olvidadas
Una resolución definitiva dejó sin margen de maniobra a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que lleva años sin reparar el daño a víctimas de la masacre de Allende, Co ah ui la, ocurrida hace casi 13 años.
Anoche en MILENIO Tv conversé con Silvia Garza Villarreal, Mónica Garza Villarreal y Yuliana López Ibarra, que hace más de una década fueron desplazadas y salieron atemorizadas de su hogar cuando atacaron a sus familiares y destruyeron sus propiedades.
Por años han exigido la reparación de los daños causados por el grupo criminal Los Zetas y la inacción de la autoridad federal, estatal y municipal al no impedir la masacre.
Su abogado JesúsGonzálezS ch mal está convencido de que ya no hay razonespara retrasar el proceso y lees inexplicable que la CEA V no haya presentado el dictamen con el que se acuerde una indemnización para las víctimas.
El caso, ocurrido en marzo de 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, detonó el interés del actual gobierno federal que se dispuso a cumplir con lo recomendado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el gobernador de Coahuila, MiguelRiqu el me, participaron en el ofrecimiento de la disculpa pública correspondiente ysecom prometieron a reparar el dañoy garantizarla no repetición de los hechos.
Hoy cinco años después de aquel evento público, los dichos no se han con
Lo único que quedó fue la disculpa, el resto no se ha cumplido
cretado en hechos. Lo único que quedó fue la disculpa, el resto no se ha cumplido.
La afectación a las víctimas es tal que aún recuerdan entre lágrimas lo que se vivió aquel 18 de marzo de 2011, otros hechos de violencia previos y posteriores que sufrieron ellas o sus familiares y lo difícil que es exigir justicia desde un lugar al que huyeron por seguridad: Estados Unidos u otros sitios de México.
De forma oficial se reconoce la desaparición de 49 personas, pero las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos calculan que fueron más de 300 personas.
El rancho Los Garza se convirtió en un campo de exterminio, las casas de los habitantes fueron demolidas,hubo complicidad de autoridades municipales y fue notoria la inacción de la autoridad estatal y federal, a pesar de que en la zona había despliegue militar.
A pesar de ser uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos en México, las víctimas siguen esperando justicia y reparación.
¿Cuántos años más deben esperar?