Cacería contra jueces
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que procederá penalmente contra una jueza y tres magistrados porque no le gustó la medida cautelar que dictaron para un grupo de ocho personas imputadas en un juicio.
Este anuncio se inserta en la cacería que el gobierno ha desatado en contra de las y los integrantes del Poder Judicial.
Si, a partir de ahora, se amenazará a las personas juzgadoras con sufrir la acción penal porque a los fiscales y ministerios públicos no les gustan sus decisiones, la coerción terminará dañando severamente a nuestra justicia.
Las personas funcionarias señaladas por haber cometido actos contra la administración de justicia son los magistrados Horacio Hernández, José Olvera y Francisco Sarabia y la jueza Raquel Duarte Cedillo.
¿De qué se acusa concretamente a estas personas? De haber concedido libertad bajo fianza a ocho individuos imputados en un proceso penal.
Hay que precisar que estas personas no fueron liberadas. La autoridad judicial decidió que no había riesgo de fuga y, por tanto, les concedió prisión domiciliaria en lo que se resuelve su caso.
La FGR citó, en una comunicación de ayer, el artículo 225 del Código Penal federal en contra de estas personas. Sin embargo, los delitos previstos en dicho texto no se ajustan a las conductas delictivas que se pretenderían
La coerción terminará dañando severamente a nuestra justicia
asignar a los magistrados y la jueza.
Ninguno dictó una resolución de fondo y tampoco una sentencia definitiva. Disponer prisión domiciliaria, como medida cautelar, nada tiene que ver con esto y, por tanto, dicho acto judicial no podría considerarse como contrario a la ley.
Este anuncio de la FGR despertó mucho interés porque las ocho personas a quienes se les cambió la medida cautelar son militares que están siendo acusados por su complicidad en el caso Ayotzinapa. El testigo protegido Gildardo López Astudillo, líder de la organización Guerreros Unidos, les señaló de haber estado en la nómina del crimen organizado.
Zoom: A los magistrados y a la jueza les pareció que, dada la adscripción
_ castrense de las personas imputadas, la posibilidad de fuga era mínima y, por tanto, era innecesario que estuviesen encerrados en la cárcel hasta que, en definitiva, su culpabilidad, (o su inocencia) sean sentenciadas.