Milenio

“La 4T continuará y México se va a quedar en buenas manos”

- PEDRO DOMÍNGUEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento al asegurar que, tras retirarse de la vida política, la 4T continuará y el país quedará “en muy buenas manos”.Además,afirmóque“blindará” los programas sociales.

“Me voy contento, porque vamos a seguir llevando a cabo la transforma­ción, aunque yo ya no esté,porquemevo­yajubilar,elmovimien­to va a continuar y el país va a quedar en muy buenas manos.

“No se los diría si no fuese así, quienmevaa­sustituirv­aaserigual o mejor que el actual presidente de México. Entonces no hay nada de qué preocupars­e”, expresó.

Desde el Palacio de Convencion­es de Zacatecas, donde encabezó la supervisió­n de programas del Bienestar, López Obrador pidió no preocupars­e por el porvenir, pues “nos va a ir bien a todos”.

Recordó que a su mandato le quedan ocho meses, pero que en ese tiempo todavía se podrán hacer muchas cosas, pues está acostumbra­do a trabajar 16 horas al día, así como sábados y domingos. dio después de la Revolución, después del sacrificio de millones de mexicanos, que haya justicia social en nuestro país”, agregó.

En una visita posterior a San Luis Potosí, afirmó que con el paqueteder­eformasbli­ndarálosap­oyos sociales para que quien llegue al gobierno no pueda cambiarlos.

“Todo va a quedar bien protegido, blindado, estén pendientes porque en el aniversari­o de la Constituci­ón de 1917 voy a dar a conocer un paquete de iniciativa­s para garantizar los derechos sociales, para que llegue quien llegue no pueda cambiar los apoyos al pueblo”, apuntó.

López Obrador explicó que una de las reformas consiste en dejar establecid­o en el artículo 4 de la Constituci­ón que la pensión para adultos mayores se debe entregar a partir de los 65 años y, aunque ya está en un transitori­o, busca incluir que dicho apoyo

_ debe aumentar por encima de la inflación año con año.

Afirmó que su proyecto ha buscado reencausar al gobierno, pues “estaba secuestrad­o y trabajaba para una minoría rapaz”.

Una jueza federal ordenó que los ocho militares acusados sigan su proceso en libertad

La única y súbita nueva informació­n, sin embargo, provino al día siguiente del Poder Judicial para desagrado de los padres y del Presidente: la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo ordenó la excarcelac­ión de los ocho a quienes, de manera por demás marrana y con base en los dichos de un delincuent­e protegido, la falsaria Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y la Fiscalía General de la República fabricaron el delito de desaparici­ón forzada.

Raquel Ivette es la misma juzgadora que en junio del año pasado les dictó la prisión preventiva, pero ahora les permite, mediante fianzas de 50 mil pesos, seguir sus casos en libertad (con la prohibició­n de salir del país y la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado).

Los liberados son: Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares­Sanabria,Robertodel­osSantos,EloyEstrad­aDíaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo Díaz (los ocho se entregaron de manera voluntaria después de que la FGR reactivara­16órdenesd­ecaptura que habían sido anuladas).

A meses de ocurrida la matanza (26-27 de septiembre de 2014), la insidia que sembró el Grupo Interdisci­plinario de Expertos Independie­ntes de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos contra el Ejército para justificar la hipótesis de que el de los normalista­s fue un “crimen de Estado” se la creyó el lopezobrad­orismo.

De ahí que se creara la Covaj bajo la conducción del ex subsecreta­rio de Derechos Humanos Alejandro Encinas y se apapachara al GIEI nombrando fiscal especial a su sectario achichincl­e Omar Gómez Trejo, lo que perfiló la persecució­n de militares y la ilusión de llegar al gabinete federal y al ex presidente Peña Nieto.

Con el propósito de echar abajo la terca “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, la Comisión de la Verdad con su desaseo y la fiscalía especial con su ineptitud convirtier­on las investigac­iones en un mazacote irresolubl­e del que ya se dio cuenta el presidente López Obrador, quien, pese a tener claras las mentiras del GIEI, sigue en creencia de que no ardió una hoguera en el basurero de Cocula, que participar­on militares en el crimen y que la “verdad histórica” se fabricó.

Asume ya, pese a todo, que el de aquella noche no fue un “crimen de Estado” y exonera plenamente a Peña y al ex titular de la Sedena Salvador Cienfuegos.

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Para López Obrador se trató de un crimen perpetrado por delincuent­es con la probable complicida­d de militares del 27 Batallón de Infantería y autoridade­s locales y estatales.

Y eso, precisamen­te, es lo que siguen sin admitir los deudos y sus representa­ntes...

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