Franco Bucio
La politización de temas técnicos y de responsabilidad contractual aleja a los responsables de resarcir el daño
Apartir de casos como el de la desafortunada Línea Dorada del metro capitalino, últimamente se ha puesto de manifiesto la presunta responsabilidad o culpabilidad de determinados exservidores públicos en las obras en que estuvieron involucrados.
Estudios de comisiones van y vienen, los actores se culpan o se deslindan de responsabilidades y, en ocasiones, llegan las querellas a los tribunales, pero esto agota los plazos establecidos para hacer válidas las garantías determinadas en la legislación.
La politización de temas técnicos y de responsabilidad contractual aleja a los culpables, ya sean servidores públicos o contratistas, de resarcir el daño o de ser sancionados, tal como ocurrió en el caso de la guardería ABC.
¿ Por qué ocurren estos pleitos? Quizá las respuestas se encuentren en los protocolos o en la ausencia de ellos para licitar. ¿A quién señala la legislación como responsable? La regulación es cuidadosa en establecer mecanismos administrativos para tales efectos, incluso determina disposiciones para vigilar las licitaciones a través de comités, con la participación de testigos sociales, pero sólo para estar atentos a los ejercicios de programas y para efectuar recomendaciones.
La normatividad, estatal y federal, enfatiza que la empresa es la única responsable de la obra, lo que en principio es cierto, puesto que la compañía elegida construye con base en el proyecto ejecutivo, las normas y las especificacio- nes. Pero ¿qué ocurre cuando estos documentos son inapropiados o están incompletos? La reglamentación prevé un mecanismo para solicitar los complementos o los ajustes, pero el plazo de ejecución continúa, lo que juega en contra de la contratista; ante ello, es más fácil rezar porque no se evidencien al final de la obra los vicios ocultos. Total, estos errores usualmente se relacionan con los servidores públicos involucrados en la generación y/o aprobación de los proyectos, quienes mejor callan.
Pero a veces los problemas son tan grandes que afectan de inmediato a la ciudadanía, como lo sucedido en el citado caso del metro capitalino. Pero, ¿qué se puede hacer para evitar estos problemas?
La regulación indica con claridad que son servidores públicos quienes fungirán como residentes o supervisores y les establece obligaciones, entre ellas vigilar el apego de las obras al proyecto y la aprobación de estimaciones de obra.
También dispone las obligaciones administrativas de los encargados de las licitaciones, pero es omiso al identificar con precisión a los servidores públicos que se responsabilizan de los proyectos ejecutivos y de su pertinencia técnica, financiera y logística.
La oportunidad estriba en involucrar en los dictámenes de procedencia de la contratación, a cargo de los titulares, la obligación de caracterizar a los funcionarios especialistas en el proyecto ejecutivo, con base en su nivel profesional, su experiencia y su conocimiento, así como definir el alcance de esta responsabilidad, mencionando los mecanismos que lo transparenten.
La politización de temas técnicos y de responsabilidad contractual aleja a los culpables, ya sean servidores públicos o contratistas, de resarcir el daño”