Celina Yamashiro
Con la nueva disposición de la Sener, los empresarios saben que no será fácil eludir los derechos de los pueblos indígenas.
Los desarrolladores de energías renovables e hidrocarburos están ‘con los pelos de punta’, pues a partir de agosto de este año, si quieren obtener permisos o contratos deberán presentar ante la Secretaría de Energía (Sener) una evaluación de impacto social, para que la dependencia determine si existe la obligación de consultar a las comunidades cuando sus derechos territoriales sean afectados.
El visto bueno de los pueblos indígenas es un derecho establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es de rango constitucional en México. La norma dispone que es necesario preguntar a los originarios del lugar, mediante procedimientos apropiados, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos directamente.
Pero a los inversionistas no les interesa lo que marca la ley y quieren obtener permisos en bandeja de plata, para servirse con la cuchara grande en proyectos de energía y otras infraestructuras, incluso si la población se opone porque la puesta en marcha de las obras violan su acceso preferente a los recursos naturales.
Tan es así que Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, en abril de este año, que el organismo trabaja para que la consulta no esté vinculada con los proyectos de energía, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones.
En tanto, la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) asegura que están en vilo 45 proyectos relacionados con su especialidad, porque la Sener no tiene personal, ni los recursos necesarios para iniciar el proceso de consulta de cada proyecto.
Katya Puga, directora general adjunta de evaluación de impacto y consulta de la dependencia antes citada, me dijo que hasta ahora ningún proyecto privado, como parques eólicos e hidroeléctricas en desarrollo, tiene autorización ni supervisión de la consulta, porque no hay una instancia que dé seguimiento.
Antes de la reforma energética, la española La Mareña Renovables, ahora Eólica del Sur, violó el derecho de consulta previa libre e informada que tenían los habitantes indígenas de Juchitán, Oaxaca, para construir el parque eólico más grande de Latinoamérica, con un costo de 15,000 millones de pesos, cuya obra fue suspendida desde 2012 hasta la fecha, por el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en el estado.
Con la nueva disposición de la Sener, los empresarios saben que no será fácil eludir o acotar los derechos de los pueblos indígenas, pero tampoco quieren asumir en el costo de sus proyectos la consulta y los derechos de los pueblos indígenas, por lo que prefieren seguir ocasionando conflictos que no benefician el desarrollo de una infraestructura sustentable y que sólo han desembocado en una ola de amparos de las comunidades contra la construcción de hidroeléctricas, parques eólicos, gasoductos, acueductos, carreteras, aeropuertos, concesiones mineras, entre otros, para no ser despojados de su patrimonio y su futuro.
Con la nueva disposición de la Sener, los empresarios saben que no será fácil eludir o acotar los derechos de los pueblos indígenas”