¿Fortaleza o debilidad?

Las obras públicas típicamente representan una fuente de crecimiento económico y bienestar para los países. Sin embargo, la corrupción en la construcción y contratación pública en México reducen esos beneficios potenciales. Los recursos públicos se invierten en obras con sobrecostos y retrasos que muchas veces son redundantes, innecesarias o tienen baja rentabilidad social o económica.

Según el Inegi, tenemos una inversión que cada vez contribuye menos al crecimiento económico. Y no marcará una diferencia si no se resuelven al menos tres puntos urgentes:

1. Planeación deficiente. Los proyectos de infraestructura deben separarse de los intereses políticos o de grupo. Un programa de infraestructura debe basarse en diagnósticos objetivos, hechos o revisados por un cuerpo técnico de especialistas independientes que identifiquen necesidades en el corto, mediano y largo plazos.

Nuestra ley de planeación, que data de los ochenta, impide planear más allá del actual sexenio, y la falta de una ley de infraestructura propicia que los proyectos se suban a la agenda en las campañas políticas bajo los lineamientos de la SHCP y de la Ley de Obras que permiten contratar proyectos sin los documentos indispensables.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala que es común encontrar obras que no tienen proyecto ejecutivo para su construcción o bien que tienen uno deficiente. Eso ocasiona ajustes de costos al alza y ampliación de plazos de entrega.

2. Asignación dirigida de contratos. No existen mecanismos suficientes para garantizar que se realicen procedimientos de contratación competitivos y se obtengan a cambio las mejores condiciones de contratación. La ley contiene una lista de causales de excepción a la licitación pública abierta que permite hacer adjudicaciones directas fácilmente. Además, la invitación a cuando menos tres concursantes puede disfrazar una adjudicación directa; se presentan dos proposiciones deficientes para asegurar que gane una tercera.

La Comisión Federal de Competencia Económica está facultada para revisar las contrataciones públicas, pero la Ley de Obras vigente no obliga su participación en los procesos.

3. Desperdicio de recursos. Pese a las reformas, seguimos con un marco normativo fragmentado en obligaciones de transparencia. Los contratos asignados por licitación pública tienen que dar a conocerse y no así los que son adjudicados de manera directa, cobijando la discrecionalidad.

Tampoco se obliga la publicación de un informe sobre la ejecución de los contratos. Por lo que no podemos conocer cómo van, cuáles se han atrasado, cómo se han modificado o pagado.

En 2015, la ASF encontró que las anomalías en los contratos de inversión física se relacionan con el desfase entre resultados esperados y obtenidos (70%), y con afectaciones al erario (27%). En las auditorías al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se reportaron problemas en los pagos de contratos o convenios en detrimento del erario: pago por servicios no ejecutados o sin comprobación del servicio recibido, entre otros.

El proceso de la obra pública debe cuidarse desde su planeación hasta la evaluación de la obra ya desarrollada. Ahora hemos creado políticas fragmentadas que han derivado en una transparencia y rendición de cuentas que generan el caldo de cultivo perfecto para la corrupción.

Hemos creado políticas fragmentadas que derivan en una transparencia y rendición de cuentas que es caldo de cultivo perfecto para la corrupción”.