Sin rendición de cuentas
El sistema de parquímetros tiene como meta cubrir 75% de la Ciudad de México, pero no existen métricas de sus beneficios urbanos ni transparencia en la ejecución de recursos.
En condiciones poco claras, los parquímetros cubrirán 75% de la CDMX.
Cientos de conductores buscan a diario calles vacías cercana a su empleo, trabajo o centro de diversión para estacionar el auto, lo que ha motivado en diferentes momentos la proliferación de franeleros —personas que en la informalidad se ofrecen a cuidar los autos estacionados en vía pública—, ambulantaje e invasión, lo que a su vez ha justificado instalar parquímetros con el argumento de recuperar y ordenar el espacio público, y descincentivar el uso del auto.
El sistema de parquímetros en la Ciudad de México tiene una historia de 25 años, que pasa por la oposición de los vecinos ante lo que consideran la privatización de la vía pública, la polémica en la forma de adjudicación de los contratos a empresas que lo operan y la poca transparencia en el ejercicio de los recursos obtenidos.
Aun así, la expansión continúa. Hoy están en la mira colonias como La Tabacalera – donde ya fueron instalados los parquímetros en febrero–, San Rafael y Santa María la Ribera, entre otras. Por lo que la polémica y la exigencia en la rendición de cuentas se exacerba y se convierte en una condición sinequanon.
Vecinos contra parquímetros
La Declaratoria de Necesidad para Implementar Sistemas de Control, Supervisión y Cobro de Estacionamiento en Vehículos en la Vía Pública, que entró en vigor en noviembre de 2017, revivió el movimiento contra los parquímetros. Los habitantes de 12 colonias se enteraron de que Ecoparq se instalaría en sus calles y se organizaron de forma inmediata..
En la Tabacalera se usó la fuerza pública para instalar los parquímetros. Mientras en Santa María La Ribera y San Rafael los vecinos organizan charlas para evitar su instalación.
En Santa María La Ribera, los vecinos con más de 20 años en la colonia son los que más se oponen a los parquímetros y los jóvenes de la librería La Clandestina, por ejemplo, organizan platicas con vecinos de otras colonias que han logrado frenar lo que llaman “privatización del espacio público”.
Pablo Gaytán, sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, asegura que promover la concesión del espacio público a un empresa privada para que obtenga derechos pecuniarios “se llama
POR GALO EDUARDO RAMÍREZ
privatización” además lamentó que en una entrevista Roberto Remes, titular de la Autoridad del Espacio Público, haya dicho que “la calle no es de nadie”, lo que demuestra que a “la calle no la rigen las leyes ciudadanas, sino las de mercado.”
Edgar Avilés, activista de la colonia Roma, que se ha manifestado en el Ángel de la Independencia junto a decenas de personas de otras colonias apunta que el ordenamiento del tránsito es un asunto de gobierno, “eso está en las leyes; deben de cumplir y no privatizar”.
Avilés argumenta que para la nueva expansión de parquímetros, las autoridades agrupan por polígonos a las colonias, y han incluido a la Roma Norte, cuando en 2012 ganamos una consulta de ‘no a los parquímetros’. Considera que los comités vecinales no cumplen con su función pues se adhieren a intereses partidistas o del gobierno en turno.
Además las empresas operadoras no invierten en nada, pues “ya hay infraestructura y luminarias; sólo llegan y ponen su máquina y ellos se llevan la ganancia”.
Gentrificación
El sociólogo Pablo Gaytán y el urbanista Alberto Margules estiman que el parquímetro es punta de lanza de la gentrificación. Explican que colonias aledañas a donde las inmobiliarias han explotado el crecimiento vertical como Reforma y Polanco, sufren las consecuencias.
Por ejemplo, a Santa María la Ribera ahora se le conoce como la ‘nueva Condesa’; porque llegan millennials, y poco a poco se encarecen los productos, y los vecinos con arraigo son desplazados.
Para Margules, haber dejado la planeación urbana a empresarios y políticos está pasando el coste. Los parquímetros son una “excelente herramienta” para el ordenamiento del espacio, pero la falta de un transporte público, que no avanza a la par del crecimiento inmobiliario, beneficia el uso del automóvil, menciona.
El urbanista Enrique Soto Alva, coordinador de la Licenciatura en Urbanismo en la UNAM, piensa que los parquímetros son un instrumento de equidad social para gestionar el espacio público, el problema es que se le ve como “un sistema recaudatorio más que de ordenamiento vial”.
Para Antonio Baranda, director del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (ITDP), Ecoparq sí cumple con el cometido de desincentivar el uso del automóvil.
Auqnue Iván de la Lanza, de WRI México, parece dar con el clavo al precisar que el sistema funciona cuando se integran diferentes proyectos de movilidad que invitan a caminar y dejar el carro en casa; en la Ciudad de México hay avances
pero también pendiente: eficientar Metro, Metrobús, tren ligero, y la necesidad de implementar corredores seguros para que la gente opte por caminar a su trabajo o casa, además de ampliar las ciclovías.
El couer de los parquímetros
Los parquímetros tiene origen en Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Oklahoma notó que la falta de clientes se debía a la dificultad para estacionarse; convocó a un concurso para que presentaran una máquina que regulara el tiempo de estacionamiento, y nació la emblemática Magee-hale Park- O-meter, colocada en la década de los 30 del siglo XX.
En la Ciudad de México, las colonias Juárez y Cuauhtémoc fueron las primeras que los instalaron en 1993, cuando fue regente Manuel Camacho Solís, a través de Servicios Metropolitanos Servimet, una empresa de participación estatal. Con un capital inicial de 100 millones de pesos, se implementaron los tragamonedas vía Operadora de Estacionamientos Viales (OPEVSA). En 2012 nació Ecoparq, un programa de parquímetros con inversión privada que se materializó en la gestión del jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, como un programa de movilidad, reordenamiento y recuperación de espacio público. Polanco y Lomas Virreyes fueron las primeras colonias en contar con éste.
La Autoridad del Espacio Público (AEP), dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda (Seduvi), se encargó de contratar a las empresas para operar el sistema, a través de un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PART) que tiene una vigencia de 10 años con posibilidad de refrendo.
Pero en octubre de 2016 la Asamblea Legislativa aprobó una reforma para que
la Semovi administrara Ecoparq, lo que ocurre desde noviembre pasado, y que implica que el dinero que se utilizaba para el mejoramiento del espacio público ahora se destinará a “ejecución de programas y proyectos de movilidad, así como al desarrollo de infraestructura urbana”.
Iván de la Lanza, gerente de Movilidad Activa en el programa de Ciudades en WRI México, explica que los programas de parquímetros “no operan aisladamente”; Ecoparq pertenece al Programa Integral de Movilidad que en su eje tres plantea más movilidad con menos autos.
El plan es expandir Ecoparq a 75% del territorio de la Ciudad de México. Aho- ra cuenta con 26,674 cajones y opera en 26 colonias. A decir de Roberto Remes, al frente de la AEP, podría alcanzar los 100,000 cajones.
La ausencia de transparencia
La implementación de parquímetros se realizó con la promesa de recuperar las vialidades para el transporte colectivo eficiente, menos contaminante y de alta calidad, así como promover la movilidad no motorizada, y que 30% de los recursos generados por los tragamonedas se invertiría en mejoras del espacio público.
La ALDF cuestiona la forma en que se otorgaron los PART, sin licitación y a empresas que no tenían experiencia en el ramo, a lo que se ha sumado la lentitud de las obras que mejorarían el entorno, lo que provoca una sensación de corrupción.
En entrevista con Obras, Roberto Remes, ex administrador de Ecoparq, expresa: “El estacionamiento gratuito es privatización”, de lo que se trata es de cobrar al que hace uso privado del espacio público, de ordenar; “si genero rotación en las calles detono comercio local, me estaciono, pago, voy a la tintorería a dejar mi ropa, me voy”.
Al cuestionarlo sobre los PART, el también conocido en Twitter como @ReypeaTONCDMX se deslinda: “A mí no me tocó la parte del permisionado”; lo califica de
“error”, y agrega: “Un proceso público habría dejado tranquila a la sociedad”.
En este punto coincide Margarita Martínez Fischer, quien fue presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la ALDF: “el sistema de permisos implica mayor discrecionalidad”, expresa, y sugiere encaminar el esquema a una concesión.
En lo que respecta al ejercicio de 30% de lo recaudado en tragamonedas, las permisionarias lo entregaban a la Secretaría de Finanzas, y después se asignaba en el presupuesto a la AEP, ahora a Semovi.
La AEP detalla que de 2012 a 2017 se invirtieron 220.3 millones de pesos (mdp) en 25 obras, en su mayoría rehabilitaciones de banquetas y cruces.
Con información publicada en la página de Ecoparq, en cinco años por el concepto de contraprestación han ingresado a la Secretaría de Finanzas cerca de 450 mdp, es decir que habría 230 mdp no utilizado en mejoramiento del espacio público.
Por ejemplo, la Nápoles tuvo una contraprestación, tan sólo en 2017, de 7,075,118 pesos, pero no se reportan obras. Lo mismo sucede con Ciudad de los Deportes, Ampliación Nápoles, San José Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, Crédito Constructor, Nochebuena.
La AEP argumenta que no se ejercieron más recursos porque las obras sólo ocurren cuando los comités de transparencia ya eligieron el proyecto a realizar.
Un comité de transparencia está integrado por una representación de vecinos, lo mismo que de la Semovi y de la delegación respectiva.
Según la AEP, el resto de los recursos no se ejerció debido a que los comités así lo decidieron o esperaban juntar lo recaudado de dos o tres años para realizar proyectos más grandes. Si el dinero no se gasta, permanece en la Secretaría de Finanzas, según la autoridad, pero al final se desconoce su destino.
Luis Fagoaga, director de Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Secretaría de Movilidad (Semovi), sostiene que el programa Ecoparq combate problemas de movilidad, de seguridad y el estacionamiento de larga estancia.
De las protestas de los vecinos que se oponen, expresa que “carecen de fundamento”, pero las respeta y reitera que la calle no se privatiza, “se administra y se regula el estacionamiento”.
En la Tabacalera se pusieron tres carpas de información; “todas aquellas viviendas que no cuentan con cochera tienen derecho a un permiso por vivienda”, afirma el funcionario.
Sobre las empresas que operan el programa, Fagoaga piensa que “trabajan bien”. Las compañías Mojo Real Estate y Movilidad y Parqueo, dirigidas por Jonathan Cohen Rabinovitz, tienen permisos para operar parquímetros en las delegaciones Miguel Hidalgo, Tlalpan y Benito Juárez hasta el año 2024.
En 2016 su nombre salió a la luz en la investigación internacional Panamá Papers, misma que revela el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de diferentes actores a nivel mundial.
Al cuestionarle si en ese caso no ameritaba retirar el permiso, expresó: somos “respetuosos del principio de presunción de inocencia”, y “todas las empresas han probado su eficiencia y eficacia en su trabajo, operación y transparencia de recursos”.
Fagoaga acepta que Ecoparq se puede mejorar, y asegura que se trabaja en un mecanismo para fiscalizar los recursos que entran por alcancía y multa en Ecoparq. Otro de los pendientes es que si sufes robo de autopartes, o robo total, Ecoparq no se responsabiliza.