La apuesta por el espacio público
Uno de los 22 componentes esenciales en la medición de la prosperidad de las ciudades es la calidad de vida. Parte del espíritu del Índice de Prosperidad de las Ciudades, desarrollado por ONU Habitat a principios de la década actual, se basó en la necesidad de medir las decisiones de políticas públicas en el bienestar ciudadano. En una de sus más recientes mediciones, en 2016, México alcanzaba un promedio de 54.3 puntos –de un total de 100– en empleo, calidad de la vivienda, inclusión de genero, seguridad, educación y salud. Pero el espacio público estaba por debajo de la media (alrededor de 47 puntos), y el informe advertía: “las ciudades mexicanas gozan de un acceso moderadamente bueno a los espacios públicos, aunque han experimentado una pérdida creciente de áreas verdes y una tendencia a la sustitución de los espacios públicos –como los parques– a favor de los centros comerciales como lugares de encuentro comunitario”.
Más allá del efecto medioambiental de los espacios verdes, está el factor social de habitabilidad, seguridad y sentido de pertenencia que generan los parques. Pese a esto, para las autoridades municipales estos espacios resultan con frecuencia dolores de cabeza en términos de costo de mantenimiento, vigilancia y, derivado de la ausencia de esos dos, en foco de tensión social por delincuencia, salud, etc.
Resulta gratificante que, en aras de ir por mayor plusvalía y dotar de una mínima peatonalidad a la zona de edificios habitacionales y corporativos del barrio de Santa Fe, existan desarrolladores privados que hayan apostado por crear un parque como La Mexicana, al que los lectores de Obras han elegido como La Obra del Año.
Sobre un terreno de 28 hectáreas (3 veces la Alameda central) se desarrollan 3 humedales, 34 km de pista, zonas de skate, comidas gourmet, y varias amenidades más, que dan vida al Parque La Mexicana, o el ‘mini Manhattan’ de Santa Fe. Pero lo más interesante es que se trata de un proyecto 100% privado, autogestivo (se alquilan locales para el mantenimiento del parque), producto de la negociación de desarrolladores inmobiliarios con los vecinos de Santa Fe para aportar este espacio de caminabilidad, a cambio del permiso para desarrollar más de 1,650 departamentos de 180 m², en los alrededores del parque. Una señal clara de que el desarrollo urbano y el crecimiento inmobiliario no tienen por qué estar disociados ni ser antagonistas. El tema es especialmente relevante ahora, cuando la tentación de frenar los desarrollos inmobiliarios de más de 10,000 m² se cierne sobre la Ciudad de México.
Hay que recordar cómo en el pasado medidas como el bando 2 o la Norma 26, en supuesto impulso a la vivienda popular, generaron el encarecimiento de los terrenos, además de la expulsión de desarrollos urbanos que poblaron la periferia de la capital del país. La historia es clara en esto: prohibir es una pésima práctica. Regular, vigilar y hallar soluciones conciliadoras para el desarrollo armónico siempre puede ser una solución viable. La Obra del Año 2018 muestra cómo hacerlo posible.