Inteligencia arquitectónica
¿Cuánto nos cuesta la violencia y el crimen en México? En 2017, su impacto económico sumó la friolera de casi 21% del PIB; es decir, unos 4.72 billones de pesos (249,000 mdd), según cálculos del Índice de Paz, publicado por el Institute for Economics and Peace. La cifra suena escandalosa por sí sola, aunque si se busca la referencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la percepción de seguridad, la cifra queda validada con un solo dato: en promedio, 76.8% de la población adulta en México vive con temor por la inseguridad, y esto se acentúa en poblaciones como Cancún, el oriente y norte de Ciudad de México, Coatzacoalcos, Chilpancingo y Fresnillo, donde el termómetro de la inseguridad oscila entre 92.5% y 98% de la población. El telón de fondo se resume también en una sola palabra: impunidad.
En la era de la Inteligencia Artificial, el Big Data y las videocámaras (sean smartphones o de videovigilancia) pareciera imposible que algo escape a la estadística digital y la lente electrónica. Pero aun en naciones como China, con más de 20 millones de cámaras dotadas de inteligencia artificial, existen vacíos que hacen imposible el seguimiento del hampa. Más aún en urbes mexicanas, donde el equipamiento tecnológico es todavía más una promesa política que una acción real de combate a la criminalidad.
En diferentes ediciones, Obras ha reseñado cómo el diseño urbano y las estrategias de apropiación del espacio pueden generar cambios positivos en la seguridad. Esta vez quisimos poner el énfasis en cómo ir más allá y ayudar de forma directa en erradicar la impunidad. Aunque aún está en fase embrionaria, algunas oficinas de arquitectura exploran cómo poner su experiencia al servicio de la resolución de crímenes. El análisis de trayectorias, ángulos, espacios, circulaciones y velocidades hacen posible construir modelos y escenarios forenses que explican cómo se fueron dando las acciones relacionadas con actos criminales. Así, desde el caso de una estudiante que apareció estrangulada en Ciudad Universitaria, hasta la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la arquitectura ha ayudado a aportar elementos para integrar pruebas en las investigaciones judiciales.
Más allá de las resoluciones de los casos, la clave es cómo la aplicación del conocimiento arquitectónico puede abonar a combatir la impunidad en el país. Por ahora los modelos son costosos (nunca como el 21% del PIB del país), laboriosos e, incluso, de rara aplicación. Sin embargo, puede ser, de la mano de la inteligencia, un gran detonador de conocimiento y, sobre todo, de acción para la impartición de justicia.