Franco Bucio

Es necesaria una cultura de mantenimiento y vigilancia de la seguridad de las estructuras por parte de los propietarios.

En mi carácter de DRO continuamente recibo consultas sobre el costo de la “firma” para un visto bueno de Seguridad y Operación, esto sin mediar información del tipo de inmueble ni de sus características, sólo para solventar un mero trámite de la Ciudad de México.

Demasiados edificios destinados a escuelas, restaurantes y ‘antros’ se han establecido en edificios originalmente habitacionales, ya sea por haber conseguido un cambio de uso del suelo parcial a través de una accesoria en planta baja que después crece hasta ocupar mayores espacios –incluyendo niveles superiores – o por ser ocupados arbitrariamente y lograr el reconocimiento por “derechos adquiridos”, lo que no va de la mano de reforzamientos estructurales y de instalaciones que garanticen la seguridad de los usuarios.

Esta visión demuestra la falta de cultura de nuestra sociedad respecto a mantener y vigilar por parte de propietarios y arrendatarios la seguridad estructural de los inmuebles que ocupan –sobre todo cuando su falla podría causar un número elevado de pérdidas de vidas humanas o constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas–, y de edificaciones esenciales ante una emergencia urbana.

A raíz de los pasados sismos, constatamos que muchos edificios son utilizados para fines muy diferentes a los propósitos originales: para fines industriales, comerciales o de oficinas, con cargas sensiblemente superiores a las inicialmente previstas o que sufrieron modificaciones artesanales al margen de la guía de profesionales.

Desafortunadamente esta costumbre priva en muchas ciudades de nuestro país, en las cuales la reglamentación local no considera revisiones periódicas a los edificios y en otras donde la responsabilidad de los Directores Responsables de Obra o sus equivalentes fenece al cabo de un año y no procuran seguimiento alguno.

Las revisiones periódicas o después de un sismo deben asegurar que esos edificios continúan siendo seguros estructuralmente, que sus instalaciones funcionan adecuadamente, que no constituyen riesgo para los residentes, usuarios y visitantes, que cuentan con las medidas y dispositivos suficientes para prevenir y afrontar acertadamente un conato de incendio, además de que el giro coincida con el uso del suelo vigente o asignado originalmente.

Este servicio profesional, según la reglamentación local, debe ser efectuado por un Director Responsable de Obra y, en su caso, complementariamente por determinados Corresponsables, especialistas que han demostrado a la autoridad contar con conocimientos, experiencia y pericia para otorgar la responsiva correspondiente que se refleja en un reporte detallado (Visto Bueno) del estado del inmueble, ahora sí, firmado por estos profesionales. En su defecto, deben emitir un dictamen que indique las mejoras y cambios a solventar para merecer una responsiva, esto pese a la insistencia o molestia de los interesados, pero por el bien de la comunidad.

Las revisiones periódicas o después de un sismo deben asegurar que esos edificios continúan siendo seguros estructuralmente”