Entrevista a R. Meyer
En entrevista con Obras, el titular de la Sedatu, Román Meyer, esboza el rumbo que tomará la vivienda.
El secretario de Estado aclara: la vivienda no es un negocio, es un derecho humano.
En una sala de juntas contigua a su oficina, en la céntrica colonia Juárez, el arquitecto Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), recibe a Obras para platicar sobre el futuro del desarrollo urbano y de la vivienda.
Como secretario de Estado de la nueva administración federal, su misión es dar orden al caótico crecimiento urbano, que, en su opinión, ha obedecido a intereses económicos más que sociales y de satisfacción de una necesidad básica.
Para lograrlo, un día antes de que asumiera su encargo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma que atribuye a la Sedatu la elaboración y conducción de la política de vivienda. Anteriormente, ésta era una atribución de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que ahora funciona como instancia ejecutora.
Durante su primer año al frente de la Sedatu, Meyer ha trabajado en la conclusión de la reconstrucción, diagnóstico y la implementación del Programa de Mejoramiento Urbano en 14 ciudades; sometido a consulta el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y este mes está programada la presentación del Programa Nacional de Vivienda.
“La gran esperanza en materia de vivienda es una política de corte social, donde la vivienda no sea vista como un instrumento financiero, como un elemento de colocación importante de créditos, sino más bien como un tema de derechos humanos, y que no es un elemento aislado”. -Román Meyer, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Obras: ¿Cómo se está desarrollando el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano?
Román Meyer: Tenemos un consejo consultivo para acompañar a la Secretaría en temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Una de las primeras encomiendas es que analice el programa, que los integrantes puedan ser críticos, que lo pongan en un balance histórico. Y entender esas brechas de desarrollo regional que tenemos entre la parte norte de la República con la zona de mayor rezago, que es centro, sur, sureste.
Ahí radica una gran oportunidad: encontrar los mecanismos y lineamientos para que los diferentes programas del gobierno federal, como el Programa de la Frontera Norte, el Programa del Istmo, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, sean detonadores de desarrollo regional.
O: ¿Cómo se inserta la vivienda dentro de esta estrategia de ordenamiento territorial y urbano? RM: El Programa Nacional de Vivienda tiene un vínculo muy estrecho con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y la política de suelo. Cuando hablamos de vivienda siempre hay que hablar de la escasez de suelo interurbano y del abandono de la vivienda.
La ubicación, el mayor uso de materiales adecuados a las diferentes regiones, la accesibilidad económica , el dotar de servicios y equipamientos adecuados son los elementos que tomamos como base para el Programa Nacional de Vivienda.
O: ¿Es viable recuperar la vivienda abandonada y dotarla de los servicios y empleos que necesita? RM: No en todos los casos. Hay que ver caso por caso, creo que generalizar que todas las viviendas que se encuentran abandonadas son susceptibles de reincorporación sería un error. Se tiene que hacer un análisis detallado de polígono por polígono, si es socialmente correcto hacer esa recuperación, si están en zonas de riesgo que ya no valga la pena hacerlo. El tema es hacer un esfuerzo, pero ver caso por caso.
O: ¿Cuál es el rol de la iniciativa privada para abatir el rezago habitacional, sobre todo, en el segmento de vivienda económica?
RM: El mayor rezago habitacional que existe en vivienda es el de interés social, sí, pero no es vivienda nueva. El mayor rezago habitacional, en un 70%, corresponde a mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda, y se encuentra en el centro, sur, sureste, donde el modelo de producción de vivienda es muy diferente al del norte de la República. El rezago en el país oscila entre seis y nueve millones de acciones de vivienda. Hay que atender a esa población, en muchas ocasiones no afiliada a los institutos hipotecarios; y tenemos la obligación de encontrar mecanismos para poder ofertar créditos accesibles a esta población que, hoy en día, no tiene acceso a estos.
O: ¿Cómo se atenderá a los no afiliados?
RM: El trabajo de este año consistió en atender a esa población que también fue afectada por los sismos de 2017. Los estamos haciendo con 40,000 acciones de vivienda de reconstrucción, que recaen en viviendas mal estructuradas, que no tenían una adecuada ubicación, que no seguían las normas técnicas de construcción.
Por otro lado, el Programa de Mejoramiento Urbano atiende a la población de las colonias con mayor rezago habitacional en 14 ciudades, 10 en la frontera norte y cuatro de carácter turístico.
Se les atiende con un recurso de 9,000 millones de pesos; no es que el subsidio haya desaparecido, sino que se redireccionó para atender estos temas prioritarios. La meta es de 100 ciudades al terminar el sexenio.
O: ¿Cuál es el mensaje para la IP ante una disminución de la demanda en la vivienda nueva?
RM: Hemos tenido un buen diálogo con las grandes desarrolladoras; entender que hoy en día ese subsidio no era el mejor, que aquellas viviendas subsidiadas tenían un incremento de 20% o más del costo y que eso no podía existir; era un modelo que no tenía una viabilidad social en el largo plazo. Hoy en día, para la elaboración del Programa Nacional de Vivienda hemos desarrollado mesas de colaboración, ya hemos tenido 10 mesas de trabajo con la iniciativa privada, con diferentes organismos estatales, con las principales empresas, y hemos encontrado un muy buen diálogo, con un entendimiento claro.
Por ejemplo, tenemos el programa de montos máximos, un incentivo para la población que percibe de 1 a 2.8 salarios mínimos, que se sigue atendiendo. Hay una buena disposición de trabajo con la iniciativa privada.
O: Según datos del Coneval, 14 millones de viviendas experimentan algún tipo de rezago, ¿cuál es la meta de la Sedatu para 2024?
RM: Lo estamos definiendo en el Programa Nacional de Vivienda; es un tema que tiene un estrecho vínculo presupuestal. Cada año hay que ‘pelear’ ese presupuesto y, sobre todo, encontrar los mecanismos para dotar de créditos accesibles a la población no derechohabiente, una población que tiene capacidad financiera, que son susceptibles a mecanismos de financiamiento: a pagar el lote a 24 o 48 mensualidades.
Existe una economía mixta; tenemos que encontrar los mecanismos financieros y las políticas públicas para saber que ahí está el gran rezago, pero también que es una población cautiva con capacidad de pago.
O: ¿Cómo va a estar México en materia de vivienda en 2024, al término del sexenio?
RM: La gran esperanza en materia de vivienda es una política de corte social, donde ya no sea vista como un instrumento financiero, como un elemento de colocación importante de créditos, sino como un tema de derechos humanos.
La vivienda no es algo aislado; requiere de un conjunto de elementos aledaños como el espacio público, equipamientos, servicios, mecanismos de accesibilidad y transporte público adecuados. Y eso se tiene que trabajar, no solo con las instituciones crediticias, sino con los municipios, los estados, con aquellos que tienen la capacidad de incidir de forma profunda en el ordenamiento de su territorio.
Es un tema que no solo afecta a la industria. Es un tema de seguridad nacional. Tener este volumen importante de casas abandonadas porque se vio a la vivienda como un elemento plenamente financiero ha generado grandes problemas, como los de seguridad.
Tenemos que hacer una integración para asegurar que no se vuelva a colocar vivienda inadecuada.