La seducción de los inmuebles
El sector inmobiliario es favorito para limpiar dinero de actividades ilícitas, pero ahora las operaciones para hacerlo se vuelven más rápidas y complejas. El lavado supera el 2% del PIB global, según la ONU.
El sector inmobiliario es favorito para el lavado de dinero; las operaciones se vuelven más rápidas y complejas.
Los bienes inmuebles de lujo y las operaciones financieras que los rodean son preferidas por quienes lavan dinero, tanto, que la Ley Antilavado las cataloga como “actividades vulnerables”. Los involucrados están obligados a dar aviso de actividades inusuales en este sector a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Más de 14% de los avisos recibidos, de septiembre de 2013 al mismo mes de 2019, involucran bienes inmuebles, según el informe de septiembre de este año de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Un caso reciente fue la simulación de operaciones de compraventa de inmuebles para desviar dinero de la institución financiera Caja Libertad (Libertad Servicios Financieros), en Querétaro. Este hecho hoy tiene en prisión al abogado Juan Collado, vinculado con los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.
La denuncia contra Collado, elaborada por la Fiscalía General de República, explica que, desde hace nueve años, un grupo –en el que incluye a Javier Rodríguez Borgio, el ‘zar de los casinos’, y a José Antonio Rico, administrador de empresas ‘fachada’– inició la venta de propiedades que no le pertenecían, y el dinero obtenido se dispersaba mediante transferencias bancarias. Así el grupo delictivo simulaba operaciones de compraventa, además de obtener créditos en el sistema financiero para simular créditos.
A pesar de las leyes
México ocupa el puesto 68, entre 125 naciones, por su grado de vulnerabilidad ante el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el mundo, de acuerdo con el índice Basel 2019, que desde 2012 monitorea este indicador y cuyos primeros lugares son ocupados por las naciones más susceptibles de caer en este delito.
Uno de los indicadores que evalúa el índice es la vulnerabilidad a la corrupción y al soborno, pues ambas circunstancias derivan en operaciones de lavado para limpiar los recursos obtenidos de forma ilícita.
Este año, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) inició un Programa de Auto Regularización para combatir el lavado de dinero, que concluye en febrero de 2020. Pone especial interés en contadores y abogados, a quienes consdiera “sujetos susceptibles”.
Para el SAT, los lavadores solicitan asesoría legal para colocar los activos fuera del alcance, y así evadir responsabilidades; pueden intentar confundir o disfrazar a través de la formación de fideicomisos; pueden usar las transferencias de propiedad para servir como cobertura para transferencias de fondos ilegales; y utilizar a contadores para realizar operaciones financieras en su nombre o bien, como intermediarios.
Para Juan Jaime López Cano, comisionado presidente del Centro de Estadística y Capacitación, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), aunque la Ley Antilavado de 2013 contempla restricciones para realizar compraventa de inmuebles con dinero en efectivo arriba de 600,000 pesos, y ahora la Ley de Extinción de Dominio (LED) apoya y avala esta situación para controlar el crimen y la delincuencia organizada, el lavado ocurre por la sofisticación de las operaciones por parte del crimen organizado.
“Es una cadena de compraventa, en donde, finalmente, logran colocar el dinero no lícito, y se disfraza a través de la compra de negocios y/o bienes inmuebles”, dice.
Lo que sucede es que, a veces, compran con una parte del dinero un determinado
negocio, y después se desvanece la pista porque lo venden al día siguiente y, luego se vuelve a vender. “Son tantas y tan rápidas las operaciones que hacen muy difícil a las autoridades detectar de dónde proviene el dinero”, estima.
Esas transacciones se realizan en distintas plazas. El dinero incluso se saca del país para luego regresarlo con el nombre de una empresa que se dedica a la inversión inmobiliaria, por ejemplo, y vuelve con otra connotación, donde no es tan susceptible de ser detectado e investigado, agrega López Cano.
Según Transparencia Internacional, los países ricos, a menudo, son receptores de dinero ilícito. Por ejemplo, en Londres, propiedades por un valor de al menos 5,500 millones de dólares fueron adquiridas con “riqueza sospechosa”. En Alemania, se calcula que 30,000 mdd de “origen incierto” ingresaron en 2017 al mercado de bienes raíces, y 15,000 mdd habrían entrada al mercado de vivienda en Toronto, Canadá.
En España, la costa mediterránea y las Islas Baleares y Canarias, al registrar un gran número de transacciones inmobiliarias legales, facilitan que las operaciones de lavado de dinero, pasen desapercibidas, explica Oscar Hernández, senior director forensic, de FTI Consulting España.
El comisionado de la AMPI recuerda que la LED también contempla la figura de encubrimiento, por lo que se puede tener una afectación del ingreso percibido por el pago de renta o venta, si se detecta lavado de dinero de parte de quien realiza la transacción; esto genera extinción de dominio no sólo del inmueble involucrado, sino del dinero percibido.
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) menciona que ante estas situaciones, “se mantiene en estrecha comunicación con la Secretaría de Hacienda para determinar alternativas para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita”.
El lujo inmobiliario, un blanco fácil
En su libro Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia (2015), Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y experto en el tema, ya alertaba: “México es uno de los países con más muestras de lavado patrimonial, pues los controles en el mercado de bienes raíces de lujo son prácticamente nulos”.
Para Buscaglia, “la corrupción política se expresa mediante la compraventa de propiedades costosísimas (aunque, muchas veces, de muy mal gusto) que diputados y secretarios de Estado y hasta expresidentes y presidentes ostentan con desfachatez, cuando toda lógica humana encontraría injustificable el origen de ese dinero”.
En 2017, el reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló que las autoridades mexicanas no habían hecho lo necesario para monitorizar negocios claves, fuera del sector financiero, que también son usados para lavar dinero, como el inmobiliario.
“Los países con gran exposición o vulnerabilidad a la corrupción representan un alto riesgo en términos de lavado de dinero, pues los frutos de la corrupción necesitan ser lavados”. Índice Basel 2019
De acuerdo con la consultora Deloitte, existe un ciclo en las operaciones inmobiliarias que engloba momentos claves que pueden ser vulnerables a transacciones donde se lave de dinero: adquisición de terrenos, estudios de viabilidad, desarrollo del proyecto, gestión de autorizaciones, fondeo, construcción, ventay /o renta del inmueble, administración de activos, y renovaciones o sustituciones en los mismos.
La Secretaría de Hacienda ubica diversas tipologías de ‘lavado’, entre éstas, la del ‘ Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito’.
Entre los detalles del modus operandi que describe, plantea que una desarrolladora “utiliza un esquema de preventa de los inmuebles con liquidaciones de contado, con lo que, supuestamente, obtiene recursos para el financiamiento de las construcciones; sin embargo, no existen reportes relacionados con dichas operaciones ni registros de notarios que hayan dado fe de las mismas”.
La desarrolladora también recibe préstamos de otras firmas relacionadas con la misma desarrolladora, “sin que se conozca el origen de dichos recursos prestados” y “por concepto de pago de servicios por montos elevados sin una justificación comercial aparente, dados los giros mercantiles de dichas empresas”.
En el caso anterior, Hacienda establece que se presume la existencia de una simulación de operaciones “con el objetivo de integrar recursos de probable origen ilícito a la economía formal”.
Según la UIF, las 10 principales entidades con mayor número de avisos por operaciones inusuales fueron Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro y Veracruz.