Londres y el atractivo de sus rascacielos
Su posición como centro financiero hace de Londres uno de los destinos predilectos para aquellos individuos que pretenden lavar fondos obtenidos de forma ilegal adquiriendo propiedades de alta gama.
“El mercado inmobiliario es un activo popular donde invertir dinero sucio porque posibilita el lavado de dinero y también es una ruta de escape en caso de que el individuo corrupto pierda influencia en su país de origen”, explica Ben Cowdock, investigador senior de Transparency International UK.
“Londres resulta atractiva para los delincuentes por los mismos motivos que para los inversores legales: cuenta con un sistema legal estable y una educación y cultura de clase mundial”, agrega.
El estudio Understanding money laundering through real estate transactions, de Cécile Remeur, publicado por el Parlamento Europeo en febrero, alerta sobre la preponderancia de actividades delictivas en la capital británica, identificadas, entre otros factores, por la disparidad entre el precio de la vivienda adquirida y el patrimonio declarado por el comprador; por el precio de venta, a menudo por debajo o por encima del precio de mercado, y por el anonimato del comprador, parapetado detrás de compañías o fondos de inversión registrados en paraísos fiscales. Este último es el método preferido, según publicó Transparency International
UK, en su reporte de 2017 Faulty Towers: Understanding the impact of overseas corruption on the London property market.
En el caso del Reino Unido, estos individuos aprovechan la opacidad vigente que rige en los 14 Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona Británica y que permite esconder su identidad y el origen de su fortuna. “Una vez que la propiedad ha sido adquirida por una empresa anónima es imposible saber quién está detrás”, señala Cowdock.
Una de las peticiones para terminar con esta opacidad es la de introducir registros públicos en estos y otros territorios, como Panamá, Belice o las islas Seychelles, algo que podría suceder a partir de 2023 tras prorrogarse un mandato parlamentario.