Respalda acuerdo militarista
Sobre la utilización de los militares en labores de seguridad pública hasta el 2024
La Suprema Corte de Justicia avaló el Acuerdo dictado en mayo de 2020 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para utilizar a las Fuerzas Armadas (FA) en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Por amplia mayoría, el Pleno de la Corte rechazó una controversia promovida por la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, quien alegó que el Ejecutivo invadió atribuciones del Congreso y no fundó ni motivó debidamente su Acuerdo.
El Ejecutivo expidió el Acuerdo en uso de una facultad que le confirió el quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019, que creó a la Guardia Nacional (GN), para usar a los militares en funciones policiacas, pero sólo mientras se consolidaba dicho cuerpo policiaco, que a estas alturas se ha convertido en un apéndice del Ejército.
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, recordó que esta fue la primera vez que la Constitución previó la participación militar, pues desde la década de los 90 su despliegue en seguridad pública se hizo por la vía de los hechos, sin fundamento jurídico sólido.
La Constitución advirtió que el uso de las Fuerzas Armadas debía ser “extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario” con la GN, y Zaldívar aclaró que la Corte no estaba resolviendo sobre la militarización, sino sólo sobre la forma en que el Ejecutivo aterrizó el mandato de la Carta Magna para enfrentar la capacidad bélica “sin precedentes” de la delincuencia organizada.
Luego de la reforma reciente al quinto transitorio, que extendió hasta 2028 el “permiso” para usar a soldados y marinos en seguridad pública, es previsible que en 2024 el Ejecutivo tendrá que renovar su Acuerdo, de ahí la importancia de la discusión en la Corte.
La mayoría de los Ministros sostuvo que la Constitución no requirió alguna ley para instrumentar la participación de las Fuerzas Armadas, sino que facultó al Ejecutivo, por lo que no se invadieron atribuciones del Congreso.
Margarita Ríos-farjat, autora del proyecto, enfatizó que López Obrador fue autorizado a expedir este Acuerdo, rechazó que dicho documento sea la fuente “del llamado militarismo”, y pidió no politizar el tema.
La autorización al Presidente se consideró necesaria durante el tiempo que tome consolidar la GN, agregó Javier Láynez.
Destacó que hay varias leyes que regulan la actuación de las Fuerzas Armadas y que el Acuerdo Presidencial sólo ordena que participen en seguridad pública, remitiendo a dichas leyes.
“La ciudadanía demanda paz, tranquilidad, seguridad, justicia ante los niveles intolerables de criminalidad”, dijo Yasmín Esquivel al apoyar el proyecto.
Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez y Norma Piña matizaron que el único tema que se podría revisar es la invasión a atribuciones del Congreso, misma que no existió.