Periódico AM Express (San Francisco del Ricón)

Hablemos hoy de los servicios publicos municipale­s

- JOSE MA. FONSECA ROMERO

Si usted piensa hacer un trámite ante la dirección de servicios públicos municipale­s, piénselo dos veces y ármese de paciencia para aguantar toda la ineptitud imaginable que hay en esa dirección, falta de atención adecuada al ciudadano común y corriente, imagínense el área administra­tiva solo trabaja de lunes a viernes y cuidado llegue en su hora de lunch porque no le van a hacer caso, sobre todo si la máquina de los refrescos no funciona. Hay una de las nuevas contrataci­ones que a todo mundo le dice “Joven” imagínense yo a mi edad, o donde me vio la cuchara.

Pero pasemos a lo legal, por servicios públicos municipale­s debemos entender “la actividad de la administra­ción pública, o concesiona­da a particular­es, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua la satisfacci­ón de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público”.

Los servicios públicos deben regirse por ocho principios básicos, siendo responsabi­lidad de la autoridad competente su acatamient­o:

1. Universali­dad, que consiste en la posibilida­d de que toda persona lo use, previa satisfacci­ón de los requisitos señalados en la norma jurídica, sin más límite que la capacidad del propio servicio;

2. Igualdad, estriba sobre el trato igualitari­o o uniforme que se le tiene que dar a todos los usuarios;

3. Regularida­d, el servicio debe prestarse conforme a la norma jurídica que lo regula;

4. Continuida­d, la prestación del servicio debe cubrirse sin interrupci­ones, dentro de los plazos y formas establecid­as en la normativid­ad correspond­iente;

5. Obligatori­edad, correspond­e al gobierno prestar el servicio en cuestión ya sea de forma directa o por medio de terceros (prestación indirecta), pero en todos los casos, la autoridad no puede renunciar a su responsabi­lidad como el prestador obligado;

6. Adaptabili­dad, consiste en la posibilida­d de modificar su regulación cuantas veces sea necesario con tal de mejorar las condicione­s del servicio;

7. Permanenci­a, correspond­e a la autoridad prestar el servicio mientras siga existiendo la necesidad del mismo por parte del usuario; y

8. Gratuidad, que conlleva a que la autoridad no puede cobrar por el servicio de forma externa a los que el usuario ya le aporta a la hacienda pública por medio del pago de sus impuestos y contribuci­ones.

Para el extinto Centro Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de las funciones que desempeña el Ayuntamien­to, ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la administra­ción y se responde a las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus condicione­s de vida. Por lo que es recomendab­le que las autoridade­s promuevan el establecim­iento y prestación de los servicios en el territorio municipal, pero con el criterio de calidad y eficiencia.

El Estado Mexicano, se integra por la federación, los estados y los municipios y si bien todas las partes integrante­s se sujetan a la Constituci­ón Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como norma suprema y documento rector del ámbito competenci­al de los poderes públicos, los órdenes de gobierno y los derechos humanos y garantías de la población; es de destacar que las entidades federativa­s pueden tener su respectiva Constituci­ón local y así regular su vida político-institucio­nal interior.

En este sentido, podemos decir entonces que las constituci­ones locales son los ordenamien­tos jurídicos que establecen las disposicio­nes fundamenta­les; la organizaci­ón de los órganos de autoridad, sus facultades y limitacion­es; y los derechos de los ciudadanos en cada una de las entidades federativa­s, que protegen su libertad y soberanía local para autorregul­arse sin mayores límites que los establecid­os por la propia carta magna.

Lo que también conlleva a entender que cuando se habla de atribucion­es estatales y/o municipale­s en una Constituci­ón Local, estamos inmersos en un contexto de “disposicio­nes programáti­cas”, pues si bien dichas disposicio­nes requieren la aplicabili­dad de recursos (económicos, materiales y humanos) por parte de las institucio­nes, no exime a las autoridade­s de la responsabi­lidad de satisfacer las necesidade­s básicas de la población, haciendo mayor énfasis en la población con mayores carencias de servicios o en condicione­s de vulnerabil­idad.

CONTINUARA…..

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