Coquetea con EEUU
Buscan abogados de Joaquín Guzmán un posible trato con las autoridades estadounidenses para reducir su condena
“El Chapo” Guzmán está dispuesto a negociar con Washington en busca de una reducción de sentencia.
Joaquín Guzmán Loera se le puede adelantar de nueva cuenta al gobierno de Enrique Peña Nieto. La urgencia que el Presidente ahora ha expresado para entregarlo a Estados Unidos puede quedar en nada. De acuerdo con su defensa, El Chapo está abierto a una negociación con las autoridades estadunidenses.
“Está abierto a ese escenario”, asegura su abogado José Refugio Rodríguez Núñez en conversación con Proceso. Esa posibilidad la consideró desde antes de fugarse del penal del Altiplano, en julio pasado.
Incluso, de acuerdo con Rodríguez Núñez, desde entonces entró en contacto con un abogado de California, estado donde una corte federal lo requiere desde 2001 por tráfico de cocaína.
La estrategia de la defensa de Guzmán, recapturado el viernes 8, es alargar el proceso de extradición y ganar tiempo para un eventual acuerdo con Estados Unidos. Si México autoriza su entrega a la justicia estadounidense, cambian las reglas del juego y los términos de una posible negociación.
“En el escenario de la negociación estaría la entrega voluntaria. Desde su anterior detención lo conversamos”, dice Rodríguez Núñez, encargado tanto de la defensa penal como de lo relativo al proceso de extradición del sinaloense.
Guzmán, quien en abril próximo cumplirá 59 años, podría buscar una reducción de sentencia a cambio de declararse culpable y de una penalización millonaria, pero el abogado dice desconocer los términos de la eventual negociación que estará a cargo del estadounidense.
Al posible acuerdo de los estadounidenses y el líder del Cártel de Sinaloa se ha sumado otro despacho de abogados, del cual Rodríguez Núñez evitó dar datos. De las conversaciones intervenidas a la actriz y empresaria Kate del Castillo con El Chapo y el otro abogado de éste, Andrés Granados Flores, se desprende que Joshua L. Dratel, con despacho en Nueva York, estaría dispuesto a defender a Guzmán Loera de forma gratuita.
Especializado en juicios y apelaciones penales y civiles, después de las conversaciones filtradas al diario Milenio, Dratel negó que hubiera ofrecido sus servicios. Según publicó ese periódico el martes 12, Del Castillo le dijo al Chapo que el abogado estadunidense aceptó “¡¡¡representarte sin cobro, pro bono!!!”.
Brooklyn y Manhattan, en Nueva York, son dos de las jurisdicciones estadunidenses donde Guzmán Loera es requerido por tráfico de drogas. También lo es en Miami, Florida; El Paso, Texas; Chicago, Illinois; Concord, Nueva Hampshire, y San Diego, California.
En su página en internet, el despacho de Dratel dice haber recibido premios nacionales e internacionales por su solución de destacados casos criminales, además de haber defendido a clientes de alto perfil y atendido asuntos sobresalientes que van desde delitos cibernéticos y de negocios hasta terrorismo y acusaciones relacionadas con drogas. También dice llevar expedientes de extradición desde y hacia Estados Unidos.
Equipo de abogados
En el tema de la extradición de Guzmán, el gobierno de Peña Nieto pasó de la negativa a la aceptación, luego de que El Chapo lo exhibiera internacionalmente cuando se fugó del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, el 11 de julio de 2015.
En la primera posición, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo que Guzmán debería pagar primero su condena en México y luego podría ser enviado a Estados Unidos. Pero para eso tendrían que pasar 300 o 400 años, ironizó.
Recapturado Guzmán, el gobierno peñanietista de inmediato declaró que el narcotraficante sinaloense podría ser extraditado a Estados Unidos, por lo menos después de un año, de acuerdo con sus estimaciones del proceso judicial.
El viernes 22 Peña Nieto dijo ante empresarios y funcionarios reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que su gobierno quiere extraditar “lo más pronto posible” a Guzmán Loera. “La indicación que tiene la PGR es trabajar y acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente”.
Durante su participación en el foro “Una nueva agenda para América Latina”, el Mandatario señaló que para su gobierno la fuga fue “un momento difícil, de tensión… pero lo más impor-
tante es que se logró su reaprehensión” y que México tiene la intención de entregarlo a Estados Unidos, aunque el proceso depende del Poder Judicial.
Pero Guzmán Loera se le podría adelantar y buscar antes un acuerdo con Estados Unidos, de acuerdo con Rodríguez Núñez, quien el sexenio pasado litigó dos de los asuntos más controvertidos del gobierno de Felipe Calderón.
Petición de Estados Unidos
A los tres días de su reaprehensión, Guzmán Loera obtuvo de la juez noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, el inicio a trámite de un amparo para evitar
su entrega inmediata a Estados Unidos.
Su defensa solicitó el recurso legal con el argumento de que su cliente estaba además expuesto a maltrato físico, deportación, destierro, incomunicación o desaparición forzosa.
El amparo fue tramitado ante el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Distrito Federal, que decretó la suspensión de oficio de la extradición pero desechó los otros alegatos de la defensa.
Enseguida, el juzgado declinó su competencia y el expediente recayó en el Juzgado Noveno, cuya titular revalidó la suspensión y admitió a trámite el amparo bajo el número 47/2016. En una audiencia realizada el 10 de enero en El Altiplano,
Guzmán ratificó la demanda de amparo.
Este recurso busca combatir la solicitud de extradición tramitada por Estados Unidos desde 2001, cuando El Chapo se escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco.
El expediente de extradición está radicado desde entonces en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con el número 3/2001.
La petición de extradición forma parte de la acusación que hay contra el sinaloense en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, en San Diego, que lo acusa de tráfico de cocaína desde 1996, aunque se le imputan cargos en otras cuatro entidades de Estados Unidos.