Auditorías… ya merito
En Contraloría hay 76 auditorías listas, pero falta el deslindar responsabilidades El Consejo Empresarial y la Concamin exigirán a gobiernos atender pendientes El Gobernador acompaña a diputados panistas en encierro para definir agenda
Algo pasa en la Contraloría Municipal. Esteban Ramírez Sánchez avanza muy despacito en la revisión de las auditorías que estaban terminadas y le fueron heredadas por Beto Padilla. Esteban estrenó el cargo hace dos meses y para empezar en caliente recibió 76 auditorías terminadas que ahora están en revisión para determinar la responsabilidad de ex funcionarios y actuales servidores públicos.
A ver si no ocurre que algún burócrata ratificado por el actual Gobierno tenga que despedirse porque tiene cuentas pendientes con los leoneses. Por ejemplo, el ex vocero Manuel Mora se fue sin pagar los daños –pérdida total- de dos vehículos oficiales o Luis Aviña, ex director del Instituto de la Juventud, se llevó los “moches” de su personal a quienes les cobraba “cuota” por conseguirles plaza.
Ramírez Sánchez enfrenta el reclamo de aclarar pronto y a fondo las transas del anterior trienio. Los priístas piden que lo haga sin pensar en partidos políticos mientras que los panistas quieren mandar al banquillo de los acusados a más de algún ex funcionario.
El Contralor compareció por primera vez ante la Comisión de Contraloría que preside el síndico panista Luis Ernesto Ayala Torres y ratificó que hay 76 auditorías concluidas pero sujetas a revisión antes de informar a los leoneses sobre los resultados.
Esteban no piensa ocultar nada y parece dispuesto a difundir las investigaciones para que se defienda quien esté en desacuerdo.
Las auditorías están por ahora en el área Jurídica de la propia Contraloría, que encabeza el abogado panista, Cuauhtémoc Lizaola. Bueno sería que Cuauhtémoc asumiera un compromiso de sacar a la luz pública, en determinado tiempo, los dictámenes de las auditorías. No vaya a ser que cuando haga acusaciones, los susodichos estén muy lejos de aquí. El diputado “anticorrupción” del PAN, Ricardo
Torres Origel, propuso la entrega de las auditorías que la Contraloría tenga concluidas, en el ánimo del derecho que la sociedad tiene de saber.
La Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 12, que establece la información que los sujetos obligados deben hacer pública de oficio, en la fracción XIV se incluye precisamente “los resultados finales de las auditorias que se practiquen”.
Al Contralor se le preguntó si informará sobre las auditorías concluidas. Sin excepción, Esteban mandó a los periodistas a pedirlas a Acceso a la Información Pública, pero no garantizó que las entregará.
Ante la presión de los políticos que quieren dimensionar la corrupción del pasado trienio, Ramí
rez Sánchez se comprometió a dictaminar las 76 auditorías en 3 meses.
Para cumplir, Esteban pidió a sus colaboradores cerrar filas con todos los directores y en especial con el Jurídico en su tarea de revisar las auditorías, y por eso sentó en una misma mesa de trabajo a abogados administrativos, penalistas, y los auditores financieros y de obra pública que intervinieron en las investigaciones.
Si necesita personal especializado adicional, el alcalde Héctor López ya dijo que sí hay recursos.
No se puede negar que el Contralor está bien metido en la chamba. Fue de los contados funcionarios que no tomaron vacaciones navideñas.
Los que tienen la obligación de vigilar que el trabajo llegue a buen puerto son los integrantes de la Comisión de Contraloría del Ayuntamiento: Luis
Ernesto Ayala y Carlos Medina, presidente y secretario, y vocales: Ana María Carpio (PAN),
Salvador Ramírez (PRI) y Jorge Cabrera (PES). Y en otra cancha, la Auditoría Superior del Estado que realiza la auditoría integral que ordenaron los diputados también del gobierno de Bárbara Bo- tello, tienen de tiempo completo a 35 auditores trabajando en las revisiones.
El 28 de febrero el auditor general, Francisco Javier Pérez Salazar, se reunirá con la Junta de Gobierno del Congreso (donde están los representantes de todos los partidos y que preside el panista Éctor Jaime Ramírez), para hacer un balance del trabajo realizado el año pasado y presentar su plan de trabajo para el 2016. Habrá que esperar qué dice de las auditorías ordenadas tanto para León como para Celaya.
Una de las primeras decisiones del contralor Esteban Ramírez fue hacer ajustes en su primer círculo de colaboradores. Por principio de cuentas les advirtió que trabajarán horario extra, no hay de otra. Un primer cambio fue la salida de Alfonso Ale
jandro Candelas Candelas, quien durante 14 años fue el director de Auditoría Contable y Financiera de la Contraloría. Su lugar lo asumió Patricia
Aguilar Gallardo, quien del 2004 al 2014 trabajó en el Órgano de Fiscalización Superior.
La nueva responsable de auditar las finanzas tiene buenas credenciales para el encargo; por 10 años fue titular de Planeación, Programación, Control y Seguimiento del Órgano de Fiscalización. También estuvo en la Secretaría de Finanzas y en Salud del Estado. Otra novedad fue la llegada de Martín Millán
Soberanes como nuevo Director de Control y Gestión Gubernamental, en lugar del profesor Ri
goberto Montes, ahora director del Parque Metropolitano. El nuevo titular fue Director de Administración de la Secretaría Particular del Estado en 2004-2006 y Contralor del Poder Judicial entre 2012-2014, y aspiró también a ser Contralor de León.
El resto del equipo directivo de Contraloría se mantiene en evaluación a ver si se quedan, como son: Fátima Ponce Ramírez, encargada de despacho de la Dirección de Contraloría Social; José Guadalupe Méndez Rocha, director de Audito
ría de Obra Pública, y Cuauhtémoc Lizaola, como responsable del área Jurídica.
Pero, más que el cambio de nombres, el Contralor se comprometió fortalecer el trabajo de fiscalización. Por eso, en el plan 2016 que pondrá mañana a consideración de Ayuntamiento, incluye proyectos que, de cumplirlos, hará más transparente la rendición de cuentas.
Uno de los temas que es parte de la reforma del área que pretende Esteban Ramírez, es que le den luz verde para contar con su propia Dirección de Responsabilidades, es decir, no sólo, como es hoy, recomendar sanciones que deben aprobar otras dependencias, sino ser los encargados de aplicarlas.
Para muestra un botón de que urge revisar temas como la aplicación de sanciones. La Contraloría turnó desde febrero 2014 y durante 2015 un total de 18 expedientes de recomendación de sanciones de tipo administrativo que permanecen en los cajones de la burocracia. De esos tres toca resolver al Ayuntamiento por referirse a titulares de dependencias, cinco al Alcalde al ser funcionarios de diversos niveles, y otros 10 a los consejos directivos de dependencias paramunicipales.
El plan del Contralor incluye puntos interesantes, como el de aprovechar las tecnologías de la información, por ejemplo en fiscalizar la obra pública, es obsoleto andar pide y pide papales para dar seguimiento a las obras cuando desde la planeación, licitación, ejecución, se puede hacer en línea.
Y, otro gran reto, será una coordinación entre el Instituto Municipal de Planeación, la Dirección de Desarrollo Institucional y la Tesorería, para diseñar un esquema que dé seguimiento puntual al Programa de Gobierno 2015-2018 que el Ayuntamiento debe aprobar antes del 11 de febrero.
Los dos grupos empresariales de León tienen listos sus proyectos de trabajo 2016. El Consejo Coordinador Empresarial (CCEL) que comanda el ingeniero Gustavo Guraieb, y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) del Bajío, de don Ricardo Alaniz.
Ambos tienen en su agenda ‘poner la lupa’ a los gobiernos Estatal y Municipal.
El CCEL está metido de lleno en empujar la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. El martes pasado, en privado, se reunió con el alcalde Héctor
López una representación de quienes trabajan en esta idea para avanzar en los ‘cómos’ del proyecto que pretenden echar a andar en breve. Ahí estuvieron: Gustavo Guraieb; Luis Alberto
Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León; Antonio García, consejero del OCL; José
Alberto Castro Vera, presidente de Coparmex zona León, y Rocío Naveja, la rectora de la Universidad Humani y propuesta para encabezar la Mesa.
Y, a nivel Estatal, el Consejo Empresarial tiene interés en el proyecto que echaron a andar con la Secretaría de Desarrollo Económico titulado “Hacia una nueva política industrial en Guanajuato”, que no es otra cosa que ver cómo las inversiones extranjeras que han llegado y seguirán llegando, contribuyan al desarrollo de las empresas del terruño, y no dejar en unos cuantos las ganancias.
Esta semana, el despacho Idom Consulting, al que contrataron para este estudio, presentará a los dirigentes de los cinco consejos coordinadores empresariales: León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende, y a funcionarios encabezados por el secretario Guillermo Romero Pacheco, un primer avance del diagnóstico del impacto socioeconómico de la inversión en los últimos 20 años.
En coordinación los cinco empresarios también darán seguimiento a los índices de inseguridad que preocupan y a la creación de la nueva Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior.
En Concamin Bajío, el empresario de la vivienda, Mario Medrano, tiene agendado poner especial atención en los siguientes proyectos que no deben retrasarse más tiempo, como: El acueducto El Zapotillo, el Libramiento Ferroviario de Celaya, el Centro de Exposiciones de Moroleón-Uriangato, y otras obras de infraestructura carretera regional.
Pero no sólo quieren ocuparse en obras, Concamin ha encargado al ex presidente de Anpic hoy Apimex, Carlo Benedetti, revisar cómo está funcionando la Aduana del Puerto Interior de Guanajuato, y al empresario hotelero, Eduardo Bujaidar, todo lo que tiene que ver con el Aeropuerto Internacional del Bajío, que ya no está a la altura de lo que se demanda en la región.
Y, para darle mayor impulso al trabajo, Ricardo Alaniz y Javier Plascencia, vicepresidente de Concamin Nacional y dirigente de los zapateros en Guanajuato, echaron a andar el proyecto de integrar en la Concamin Bajío a organismos empresariales de los estados de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí.
Los 19 diputados locales panistas tuvieron una encerrona lunes y martes para cerrar filas y afinar la agenda de trabajo del periodo legislativo que comienza el 15 de febrero. Los azules que coordina el médico-político, Éctor Jaime Ramírez, se reunieron en San Miguel de Allende. Los acompañó el presidente y secretario general del Comité Estatal, Humberto Andrade y Alfonso Ruiz, respectivamente. También comió con ellos el martes el gobernador Miguel Márquez.
El miércoles volverán a reunirse en Silao para afinar los detalles de la agenda legislativa.
De entrada los panistas ‘echarán toda la carne al asador’ en el comienzo del periodo para sacar la iniciativa de Ley de Movilidad, la cual incluye regular el servicio de plataformas como Uber. Y otra prioridad es el Sistema Estatal Anticorrupción, iniciativa que el PAN presentó en el pasado periodo.
Dos leoneses tienen el encargo de sacar adelante ambos asuntos: Juan Carlos Muñoz Márquez el de Movilidad, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, y Ricardo Torres Origel la de anticorrupción, como titular de la Comisión de Gobernación.
Los panistas pretenden también ‘poner en la báscula’ las leyes vigentes, en particular las recientemente aprobadas, para saber si en realidad están sirviendo de algo y qué hace falta para que sean útiles. Como ejemplo, lo que ocupará un análisis a fondo es el Código Territorial para el Estado y los Municipios.
Y, para no dar paso a la grilla interna, Ramírez Barba les presentó estados financieros. De esta manera evitó reclamos como los que recibió en su momento Gerardo Trujillo.
Al final, por iniciativa del diputado de San Miguel, Juan José Álvarez, los diputados se fueron a correr 5 kilómetros… más de alguno se quedó sentado en el primer kilómetro.
Contralor se resiste a hacer públicas las auditorías concluidas, hasta no definir responsables La Ley de Movilidad y el Sistema Estatal Anticorrupción, dos prioridades en la agenda del PAN